18
abril 2007 - Ciudad de México, México
— Una orca con apenas dos semanas de vida
podría quedar condenada a pasar el
resto de su vida en cautiverio. Luego de quedar
varada en la Bahía de Mantanchén,
en San Blas, Nayarit, las autoridades de Medio
Ambiente permitieron su traslado al delfinario
“Dolphin Adventure” en Nuevo Vallarta, con
el argumento de que ahí sería
atendida. Pero de inmediato comenzó
una rebatinga entre delfinarios que pretenden
apropiarse de este ejemplar, incluido el parque
estadounidense Sea World.
Si las autoridades de la
Dirección General de Vida Silvestre
de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) permiten la exportación
de la orca a Sea World violarán la
ley, pues tolerarán el tráfico
de especies marinas, alertaron las organizaciones
Conservación de Mamíferos Marinos
(Comarino) y Greenpeace México.
“La orca bebé es
un animal silvestre. En cuanto se restablezca
debe volver a su ambiente natural. De lo contrario,
¿qué diferencia habría
entre morir varada o pasar las próximas
décadas nadando en círculos
en un pequeño espacio? Es inaceptable
que se trafique con ella”, dijo Yolanda Alaniz,
vicepresidenta de Comarino.
Actualmente, el delfinario
“Dolphin Adventure” recolecta firmas para
presionar a la Semarnat a fin de que autorice
el permiso de exportación a las instalaciones
de Sea World, empresa que obtendría
ganancias por millones de dólares gracias
al confinamiento de la orca.
“El traslado mismo pone
en riesgo a la orca. Todas las investigaciones
demuestran que la mortandad más alta
se presenta durante o después del transporte
de cetáceos. Esto se debe al estrés
que sufren los animales. Lo que aquí
queda en evidencia son los intereses económicos
de las empresas involucradas”, afirmó
Alejandro Olivera, coordinador de la campaña
de océanos de Greenpeace.
De hecho, muchas empresas
provocan el varamiento de animales para disfrazar
su captura, tras lo cual se proclaman como
sus salvadores y los llevan a un cautiverio
de por vida. Esto no puede ser permitido en
un país como México, que ha
conformado una política de conservación
de mamíferos marinos.
Comarino y Greenpeace México
pidieron la pronta intervención de
la Profepa, para que aplique la Ley General
de Vida Silvestre y no tolere la salida de
esta orca a Estados Unidos. Además,
ambas organizaciones exigen a la Semarnat
que ponga fin a estas prácticas que,
lejos de permitir la conservación de
especies en México, promueven el tráfico
ilegal de animales.
+ Más
Greenpeace muestra su satisfacción
por la madera empleada en la ampliación
del Museo del Prado
Una parte importante de
la madera utilizada en la carpintería
interior de la pinacoteca ha sido certificada
por el FSC, la etiqueta ecológica para
productos forestales de mayor prestigio internacional
16 abril 2007 - España — Greenpeace
ha felicitado a la Ministra de Cultura, Carmen
Calvo, por la decisión de emplear madera
certificada por el FSC (Consejo de Administración
Forestal) en las obras de ampliación
del Museo del Prado. Con esta decisión
el Museo del Prado es la primera obra pública
que ha atendido a verdaderos criterios de
sostenibilidad en la adquisición de
madera.
“Éste es un hecho sin precedentes en
España. Una obra pública, un
edificio emblemático de la cultura
española y mundial ha sido construido
incorporando uno de los criterios de sostenibilidad
que la sociedad está demandando actualmente”,
ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable
de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La madera es un material
óptimo desde el punto de vista ambiental.
Su extracción desde criterios responsables
es buena para el cambio climático,
para el ciclo hidrológico y para el
mantenimiento de los modos de vida de la población
rural. Es energía solar almacenada
en forma de carbono, no contamina, se puede
reutilizar y su uso frente a otros materiales
supone el ahorro de energía y agua.
Sus características técnicas
la hacen óptimas para la construcción
y la carpintería interior y exterior.
Si el consumo de madera se hace desde criterios
de consumo crítico, demandando el certificado
FSC por ejemplo, estamos haciendo un gran
favor al planeta.
La última vez que
se inauguró la ampliación de
un museo, la organización ecologista
no tuvo tan buena opinión de la misma.
Fue en octubre de 2005 cuando Greenpeace realizó
una acción en las nuevas instalaciones
del Museo Reina Sofía denunciando que
en las obras de ampliación se había
comprado madera a empresas denunciadas y multadas
en Brasil por comerciar con madera extraída
ilegalmente de la selva amazónica,
como demostraron en su informe “Crimen forestal
en el Museo”. En estas obras se empleó
madera tropical de jatoba en la biblioteca,
oficinas, suelo, paredes y falsos techos.
Greenpeace celebra que la
administración central haya aprendido
del error cometido, cuyos efectos negativos
sociales y ambientales afectaron al mayor
bosque primario del planeta y a sus habitantes.
Para evitar que se cometan nuevos errores
desde la administración pública,
el pasado 12 de marzo Greenpeace presentó
enmiendas al proyecto de Ley de Contratos
del Sector Público en el que se pedía
la inclusión de criterios ambientales
referidos a la madera y el papel en la adjudicación
de obras o suministro de materieles por parte
de la administración pública,
para evitar que madera o papel procedente
de talas ilegales pueda ser utilizado con
el dinero de los ciudadanos.
“Esperamos que la futura
Ley de Contratos del Sector Público,
actualmente en proyecto, refleje la voluntad
demostrada en esta obra y se apueste por criterios
ambientales que garantizcen que no se está
financiando la deforestación o la tala
ilegal con dinero público ”, afirmó
Soto. “Pedir el certificado FSC en la madera
que utiliza la administración es la
mejor forma de apostar por la conservación
y uso sostenible de los bosques del planeta”.
Notas.- (1) La certificación
forestal del FSC (Forest Stewardship Council)
garantiza una gestión responsable y
comprometida con los bosques y plantaciones
del planeta. El certificado forestal del FSC
es el único sistema de certificación
forestal que apoyan las organizaciones ecologistas,
sindicales, de ayuda al desarrollo y de comercio
justo. Por su credibilidad e independencia,
el FSC es la mejor garantía que puede
tener una empresa o administración
pública de que la madera o el papel
que utiliza procede de una gestión
forestal responsable con los bosques y beneficiosa
para las personas.