29
abril 2009 - El proyecto de ley presentado
por el gobierno provincial establece 271.438
hectáreas para la Categoría
I (rojo, áreas protegidas), 2.277.415
hectáreas para la Categoría
II (amarillo, aprovechamiento sustentable)
y 2.371.307 hectáreas para la Categoría
III (verde, permite su desmonte parcial).
Ampliar imagenChaco, Argentina — Organizaciones
sociales de todo el país presentaron
a los legisladores chaqueños un documento
con observaciones al proyecto de Ley de Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia
del Chaco, teniendo en cuenta los diez criterios
que, según dicta la Ley de Bosques,
deben ser evaluados para la realización
del mismo.
Para cumplir con lo establecido
por la ley nacional 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo
de la provincia del Chaco presentó,
a fines de 2008, un proyecto de ley de Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia
del Chaco a la Legislatura provincial.
Dicho proyecto, que se basó
en la “Propuesta de Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos de la Provincia del
Chaco” realizada por el Comité Técnico
para la Categorización de los Bosques
Nativos, y que luego fue puesto en consideración
en talleres realizados en diferentes localidades
de la provincia, establece: 271.438 hectáreas
para la Categoría I (rojo, áreas
protegidas), 2.277.415 hectáreas para
la Categoría II (amarillo, aprovechamiento
sustentable) y 2.371.307 hectáreas
para la Categoría III (verde, permite
su desmonte parcial).
Frente a esta propuesta,
organizaciones sociales de todo el país
presentaron un documento a los legisladores
chaqueños en el que advierten que “la
Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia
del Chaco necesariamente debe respetar los
lineamientos de la legislación nacional.
De lo contrario, será susceptible de
impugnaciones y amparos tal como ha ocurrido
en la provincia de Salta, o simplemente no
podrá ser homologada por la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (requisito necesario para acceder
a los fondos de compensación). Todo
esto generará demoras en su implementación,
con los consiguientes perjuicios para la biodiversidad,
la producción y las comunidades rurales
e indígenas”.
El documento presentado
seña que “en todos los casos los bosques
de ribera fueron zonificados en la Categoría
II (amarillo). Se sugiere que, para una mejor
protección los bosques ribereños
con un ancho no menor a 1.000 metros, debido
a la poca efectividad de fajas menores, pasen
a la Categoría I (rojo). En ese sentido,
la ley nacional 26.331 explícitamente
indica que los bosques protectores de cuencas
deben integrar esta categoría”.
Sobre la “Reserva de Recursos
Impenetrable Chaqueño”, creada por
el Decreto Nº 672 del año 2004
e integrada por el remanente de tierras fiscales
de aproximadamente un millón de hectáreas
en los Departamentos Almirante Brown y Güemes,
las organizaciones sociales señalaron
que “es necesaria su delimitación y
zonificación, integrándola con
las distintas áreas representativas
del territorio que componen el Sistema Provincial
de Áreas Naturales Protegidas”.
También advirtieron
que varias áreas de importancia para
la conservación, consideradas por prestigiosos
trabajos científicos, fueron zonificadas
en la Categoría III (verde), por lo
que “estarán expuestas a futuros desmontes.
Se trata de una valiosa información
que identifica valores de biodiversidad sobresaliente”.
En ese sentido, también
alertaron que con esta zonificación
“se estarían sacrificando áreas
de alto potencial forestal en el sur de los
departamentos Almirante Brown y Güemes
por zonificarse como Categoría III
(verde). Esta región además
presenta importantes masas forestales continuas
y en buen estado de conservación, por
lo que se recomienda pasar estos bosques a
la Categoría II (amarillo)”.
Por otra parte, las organizaciones
sugirieron realizar un relevamiento de los
bosques utilizados por las comunidades indígenas
y campesinas a fin de realizar adecuadamente
la zonificación.
Las organizaciones manifestaron
en el documento que esperan que los legisladores
chaqueños incorporen sus sugerencias,
considerando que la decisión que tomarán
“será clave para el futuro de los bosques
nativos de la provincia, de las comunidades
indígenas y campesinas que dependen
de éstos para su supervivencia, y para
los habitantes de la provincia y del país
en general”.
Firman el documento: Greenpeace,
Fundación Vida Silvestre Argentina,
Fundación Ambiente y Recursos Naturales,
Amigos de la Tierra Argentina, Fundación
Biodiversidad, Fundación Hábitat
& Desarrollo, Red Yaguareté, Federación
Junta Unida de Misiones, Red de Comunicación
Indígena, Asociación de Biólogos
de la Provincia del Chaco, Fundación
AVINA Argentina, Fundación Reserva
del Iberá, Comisión Ambientalista
Xanaes, Taller Ecologista, Grupo de Acción
Ecológica Pampa Natural, y Centro de
Observación de la Naturaleza.