05 noviembre 2009 - Chaco,
Argentina — Tras el
inesperado veto que el gobernador chaqueño,
Jorge Capitanich, realizó sobre varios
artículos de la Ley de Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos del Chaco,
la Legislatura provincial votó de manera
consensuada una norma que protegerá
al 70% de los bosques nativos de las topadoras.
Los dos bloques mayoritarios
de la Legislatura Chaqueña llegaron
a un acuerdo y aceptaron, con algunas modificaciones,
las propuestas de redacción que el
Poder Ejecutivo había enviado tras
vetar los artículos 2, 3, 6, 9, y 17
de la Ley Nº 6.409 de Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos de la Provincia del
Chaco, que había sido aprobada por
la legislatura chaqueña luego de incorporar
varios cambios que Greenpeace y otras organizaciones
sociales habían propuesto al texto
original.
La norma sancionada establece
500.505 hectáreas en la Categoría
I - Rojo (áreas protegidas, no se permite
desmonte ni aprovechamiento), 3.068.233 hectáreas
en la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento
forestal y silvopastoril sustentable) y 1.531.575
hectáreas en la Categoría III
– Verde (permite su desmonte parcial para
el desarrollo agropecuario).
Así, la autorización
de desmontes en la provincia queda reducida
a las zonas con Categoría III – Verde,
previa aprobación de un estudio de
impacto ambiental y la realización
de una audiencia pública.
“La provincia ha dado un
paso importante al superar rápidamente
el veto del Poder Ejecutivo y llegar a un
amplio consenso para sancionar por ley el
Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos,
que mejoró la propuesta original al
incorporar varias de las observaciones realizadas
por Greenpeace y otras organizaciones sociales.
Aunque consideramos excesiva la zona que quedará
expuesta a pedidos de desmonte, la norma sancionada
protegerá al 70% de los bosques de
las topadoras”, señaló Hernán
Giardini, coordinador de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
Con la sanción por
ley del Ordenamiento Territorial de sus Bosques
Nativos, Chaco cumple con lo dictado por la
Ley de Bosques y está en condiciones
de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos
a distribuir entre las provincias que sancionen
por ley provincial el Ordenamiento Territorial
de sus zonas boscosas, con el objetivo de
fortalecer la capacidad técnica y de
control, compensar a los titulares que realicen
tareas de conservación y manejo sostenible,
y para fomentar las actividades productivas
que los pequeños productores rurales
y comunidades indígenas realizan en
los bosques.
“Esperamos que la ley se
aplique correctamente y se terminen los desmontes
indiscriminados que, además de eliminar
nuestros bosques, en muchos casos afectan
a las comunidades campesinas e indígenas
que los habitan. Para ello es fundamental
que mejoren sensiblemente los controles para
evitar el desmonte y la tala ilegal”, afirmó
Giardini.
Chaco es una de las provincias
con más altos niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, entre 1998
y 2006 la pérdida de bosques nativos
alcanzó las 245.465 hectáreas.
+ Más
Greenpeace intervino distintas
estatuas porteñas para exigir que el
Gobierno Nacional abandone la construcción
de la Central Térmica Río Turbio
10 noviembre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Esta mañana activistas
de Greenpeace recorrieron la Ciudad de Buenos
Aires colocando globos de historieta a diversas
estatuas con el propósito de difundir
a través de distintos mensajes la demanda
“Cristina: Carbón o Glaciares”.
Greenpeace realizó hoy una nueva protesta
contra la decisión del Gobierno Nacional
de construir una central térmica en
base a carbón en la provincia de Santa
Cruz que provocará graves impactos
ambientales y climáticos.
Los monumentos de Carlos Gardel, Julio A.
Roca, Mafalda, Manuel Belgrano, Carlos Pellegrini,
Bartolomé Mitre, José de San
Martín y Justo José de Urquiza
, entre otros, ilustraron, mediante los globos
de historieta, la advertencia de Greenpeace
ante la gravedad que conlleva la instalación
de la Central Térmica a carbón
de Río Turbio .
“La decisión de invertir
dinero en una usina térmica en base
a carbón es un disparate ambiental”
explicó Juan Carlos Villalonga, director
de Campañas de Greenpeace Argentina,
“los compuestos volátiles y las cenizas
que producirá implicarán impactos
innecesarios, más si se tiene en cuenta
que en la Patagonia se puede generar energía
eólica que es limpia, abundante y más
económica” .
La usina de carbón
producirá una serie de contaminantes
volátiles entre los que se destaca
el material particulado (MP), el Dióxido
de Azufre, Óxidos de Nitrógeno
y Monóxido de Carbono.
“Un dato que muestra la
total incoherencia del Gobierno Nacional en
la promoción de esta usina es que el
volumen de las emisiones de Dióxido
de Azufre que generará será
seis veces superior al emitido por Botnia,
planta por la cual la Argentina realizó
una demanda internacional ante el tribunal
de La Haya contra Uruguay”, agregó
Villalonga.
El Dióxido de Azufre
contribuye al surgimiento de diversas afecciones
respiratorias y junto a los Óxidos
de Nitrógeno son dos agentes que contribuyen
al fenómeno de la denominada “lluvia
ácida”. Este fenómeno afecta
a la vegetación así como los
cursos de agua, además de tener poder
corrosivo sobre las superficies de metal.
Esta usina será la
más contaminantes de todas las centrales
térmicas del país, duplicando
en promedio las emisiones de Dióxido
de Carbono (CO2) de las plantas ubicadas en
la Ciudad de Buenos Aires y emitirá
400 veces más material particulado
que la Central Buenos Aires y una 170 veces
que el material particulado de la Central
Costanera, ambas ubicadas en las cercanías
de la Reserva Ecológica de la Ciudad.
Además de contribuir
con la emisión de gases de efecto invernadero
y contaminantes de efectos locales, la planta
generará 650.000 toneladas anuales
de cenizas. “La disposición final de
estas cenizas que contienen una enorme diversidad
de contaminantes concentrados, aún
no está clara y acorde a lo expresado
por el Estudio de Impacto Ambiental realizado
por la propia empresa constructora, se dispondrán
a una “zona de sacrificio”, declaró
Villalonga.
La disposición de
las cenizas es un riesgo latente de contaminación
de cursos de agua tributarios del Río
Gallegos, fuente de agua potable de la capital
de Santa Cruz. La capacidad de autodepuración
del arroyo San José y del río
Turbio está sobrepasada.
El Estudio de Impacto Ambiental
de Isolux Corsán (la empresa que lleva
a cabo la construcción de la usina)
fue revisado en septiembre de 2008 por una
Comisión Evaluadora conformada por
diversos organismos técnicos de la
provincia la cual emitió su Dictamen
Técnico en Septiembre de 2008 señalando
50 puntos en los que la información
es incompleta, incorrecta o se sugiere revisión
o cambios. “Esos puntos nunca fueron contestados
y la obra ya está en marcha, lo que
representa un verdadero escándalo”
explicó Villalonga.
Para Greenpeace iniciar
un plan de utilización del carbón
a gran escala para producir electricidad es
una decisión equivocada, tanto por
sus impactos locales como por su contribución
al cambio climático. “Instalar esta
planta es tomar nuevamente una decisión
en contra de la permanencia de los glaciares,
el principal reservorio de agua dulce, ya
que el cambio climático los está
reduciendo. Debido a esto decimos que esta
decisión es otro veto a los glaciares”,
finalizó Villalonga.