Tras la campaña de
Greenpeace - 02 noviembre 2010 - Buenos Aires,
Argentina — Greenpeace acompañó
hoy la firma del Convenio entre la Ciudad
de Buenos Aires y las compañías
importadoras de Duracell y Energizer, para
que estas empresas sean responsables por las
10 toneladas de pilas recolectadas por el
Gobierno porteño
hace 2 años (1).
El acuerdo entre las partes
fue firmado luego de una campaña pública
desarrollada por la organización ambientalista,
en el marco del reclamo para que las empresas
importadoras de pilas y baterías sean
responsables legal y financieramente por los
residuos de sus productos.
“El convenio firmado por
las empresas es muy importante ya que dará
una solución definitiva al destino
y tratamiento de las 10 toneladas de pilas
recolectadas y acopiadas por la Ciudad”, señaló
María Eugenia Testa, Directora Política
de Greenpeace Argentina, “ahora es necesario
que esta responsabilidad asumida por las empresas
sea la regla y no resultado de campañas
específicas de una u otra organización
o de los gobiernos municipales”, agregó.
“Por eso es necesaria la urgente sanción
de una ley que establezca, a nivel nacional,
la responsabilidad extendida de los productores
sobre los residuos de esta case de artefactos”.
Durante agosto de este año,
Greenpeace desarrolló una campaña
en vía pública y en Internet,
de la cual participaron más de 100
mil personas, reclamando que las marcas se
hagan responsables de las pilas acopiadas
por la Ciudad y las exporten para su reciclado.
Además, cientos de activistas que replicaron
la demanda a través de las redes sociales
como Facebook, Twitter y Sónico. La
primera de las empresas a la que Greenpeace
dirigió su reclamo fue Duracell y luego
a Energizer, marcas que dominan cerca del
80% del mercado de las pilas primarias en
Argentina.
Una vez que las compañías
se comprometieron públicamente con
Greenpeace al tratamiento de las 10 toneladas
de pilas recolectadas, comenzó un proceso
de diálogo con el Gobierno de la Ciudad
que terminó con la firma del convenio
(2)
“La historia de las 10 toneladas
de pilas recolectadas por la Ciudad demuestran
cuál es el problema con el que se encuentran
los gobiernos municipales a la hora de intentar
gestionar esta clase de residuos. Las pilas
y baterías junto con el resto de los
aparatos eléctricos y electrónicos
se encuentran hoy en una zona gris con respecto
a la legislación vigente en materia
de residuos” explicó Testa. ”Por un
lado corresponden a los residuos domiciliarios
porque surgen del flujo habitual de los residuos
domésticos, pero por el otro cumplen
con los criterios de residuos peligrosos,
por sus componentes. Es necesario que, para
este tipo de residuos, se establezca el principio
de Responsabilidad Extendida del Productor,
que amplía la responsabilidad legal
y financiera de los fabricantes e importadores
una vez finalizada la vida útil de
estos artefactos”. “Este es solamente un primer
paso; para dar una solución definitiva
al problema en todo el país es necesaria
una ley nacional de residuos electrónicos”,
concluyó.
Greenpeace impulsa a través
de un proyecto de ley nacional de Gestión
de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos – entre ellos pilas
y baterías agotadas- el principio que
establece la Responsabilidad Extendida del
Productor para que la población, a
través de sus impuestos, y los gobiernos
locales dejen de ser los responsables de administrar
la contaminación de los dispositivos
eléctricos y electrónicos, y
pasen a ser quienes colocan estos productos
en el mercado los responsables de su recolección,
acopio y tratamiento.
Notas:
1.- La Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (APRA), lanzó en 2008 una campaña
de recolección de pilas y baterías
en dos etapas. La primera, a cargo del Gobierno
de la Ciudad, convocaba a los vecinos a desechar
sus pilas primarias (comunes) en los Centros
de Gestión y Participación Ciudadana
(CGPC) para luego ser gestionadas por el propio
Gobierno de la Ciudad. En la segunda etapa,
y mediante la Resolución 262 de finales
de 2008 la APRA convocó a las empresas
importadoras de pilas recargables a hacerse
cargo, mediante planes voluntarios, de la
recolección diferenciada, transporte,
acopio y tratamiento de las pilas recargables
en todo el ámbito de la Ciudad.
El resultado de la primera
etapa de campaña de la APRA fue la
recolección de 10 toneladas de pilas
primarias. El Gobierno de la Ciudad intentó
en primera instancia destinar estas pilas
a un relleno de seguridad en la provincia
de Córdoba pero, por presión
de los vecinos que rechazaron este envío,
no pudieron disponerse allí. Luego,
y conflicto político mediante, la APRA
tampoco pudo enviar las pilas a rellenos de
seguridad en la provincia de Buenos Aires.
2 - El objeto del CONVENIO
consiste en llevar a cabo tareas de colaboración
recíprocas entre las PARTES, con la
finalidad de realizar, por intermedio de las
EMPRESAS, la exportación del lote de
aproximadamente diez (10) toneladas de pilas
y baterías primarias y secundarias
agotadas recolectadas en el marco de la campaña
de gestión integral de pilas y baterías
desarrollada en los Centros de Gestión
y Participación Comunal, para su reciclado
y adecuado tratamiento en el exterior del
país.
+ Más
Riachuelo: Greenpeace consideró
oportuna la intimación judicial para
la reconversión industrial de las curtiembres
04 noviembre 2010 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace calificó
como una iniciativa clave para el saneamiento
del Riachuelo la reciente decisión
del Juez Federal de Quilmes, Luis Armella,
de intimar a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR), a que en 10 días
defina un plan para el tratamiento de los
residuos que generan las curtiembres, bajo
apercibimiento de multa.
Los ambientalistas señalaron
que se trata de uno de los sectores industriales
de mayor impacto ambiental en la Cuenca Matanza
Riachuelo, ya que el cromo utilizado en los
procesos de curtido es una sustancia que no
se degrada y los niveles arrojados a lo largo
de la Cuenca son alarmantes.
“En nuestro último
informe sobre el estado de situación
de la Cuenca (1) hemos denunciado los niveles
altísimos de cromo que hay a la altura
del partido de Lanús, donde se agrupan
la mayoría de los establecimientos
del sector curtiembrero. En la desembocadura
del Riachuelo llegan a superar en 130 veces
los niveles guía para la vida acuática”
manifestó Félix Cariboni, integrante
de la Campaña de Tóxicos de
Greenpeace.
La organización viene
reclamando que el proceso de saneamiento que
exige el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dictado en 2008 (2) sea
efectivamente ejecutado. “Es necesario que
este Plan se traduzca en un ‘Plan de Vertido
Cero’ con metas progresivas concretas de reducción
de vertidos industriales, con el objetivo
de alcanzar para el año 2020 la total
eliminación de emisiones de sustancias
peligrosas de origen industrial en la Cuenca”
expresó Consuelo Bilbao, de la Unidad
Política de Greenpeace. “Particularmente
estamos demandando metas intermedias para
el 2015 de reducción en un 50% del
cromo, entre otras sustancias de alta peligrosidad”,
Además, los ambientalistas
señalaron que la exigencia del Juez
a ACUMAR, para que brinde información
sobre el sector curtidor es una señal
positiva, ya que los datos sobre la gestión
de control industrial son confusos y de difícil
acceso. “A más de dos años del
fallo de la Corte, todavía no podemos
saber cuál es el número de curtiembres
que hoy se asientan en la cuenca, cuáles
son los niveles de emisiones de sustancias
contaminantes que tiene el sector, ni tampoco
cuántas curtiembres están desarrollando
un proceso de reconversión industrial,
datos claves para la planificación
y ejecución de un plan serio de prevención
y reducción de la contaminación
en la Cuenca” declaró Bilbao.
