Publicado el 19 noviembre
2010
El anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas elaborado por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid plantea la eliminación
de todos los órganos consultivos y
de participación social de la Consejería
de Medio Ambiente, bajo el supuesto argumento
de la reducción de costes. Para
las organizaciones conservacionistas esta
medida resulta absolutamente inaceptable,
ya que suprime todo tipo de control sobre
la gestión ambiental en la Comunidad,
además de no suponer ningún
tipo de ahorro. Por ello exigen la retirada
inmediata de la medida.
El anteproyecto de la ley
de Medidas Fiscales y Administrativas -o ley
de acompañamiento de los presupuestos-,
desarrollado por el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, plantea la eliminación de
todos los órganos consultivos de los
espacios protegidos, de la red de vías
pecuarias y de caza y pesca. El argumento
que se esgrime en dicha ley es el del ahorro.
Sin embargo, esto no se corresponde con la
realidad, ya que ninguno de estos órganos
tiene coste alguno. En primer lugar porque
carecen de sede - se reúnen en la propia
Consejería de Medio Ambiente- y, en
segundo lugar, porque las normas de constitución
establecen la ausencia de retribuciones a
sus miembros.
Parece por lo tanto evidente
que detrás de esta ley se encuentra
la voluntad del gobierno de la Comunidad de
cercenar la participación social, el
acceso a la información y, muy particularmente,
las reacciones a determinadas decisiones relacionadas
con la gestión del territorio. Esto
no es más que el resultado final de
una política que viene llevando a cabo
la Comunidad desde hace tiempo. De hecho,
la mayoría de los órganos colegiados
no han sido convocados en los últimos
años, pese a las continuas peticiones
y denuncias de los colectivos ecologistas.
Para las organizaciones
resulta inaceptable que, con la supuesta excusa
del ahorro, el Gobierno de Madrid quiera silenciar
a la sociedad civil y recorte los derechos
de participación de los ciudadanos
recogidos en convenios internacionales como
el de Aarhus. Por ello, exigen al Gobierno
regional que elimine de forma inmediata esta
propuesta de anteproyecto de ley y cumpla
con sus obligaciones de manera que dichos
órganos no sólo no sean eliminados,
sino que vuelvan a ser convocados de forma
regular. De no cumplirse estas exigencias,
las organizaciones están dispuestas
a recurrir esta ley ante las instituciones
competentes.
Las ONG instan al Ministerio
de Medio Ambiente a que apruebe urgentemente
el Real Decreto de directrices de Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales
en el que se incluya la obligación
básica de contar con órganos
de participación en los Espacios Naturales
Protegidos como una garantía más
de la buena gestión de los recursos.
