Hoy estamos discutiendo
cómo resolver
el problema de Gas de Magallanes. Ayer, el
de Hidroaysén. Antes de ayer, el de
la Central Barrancones y la Central Castilla
y el mes pasado la construcción de
Campiche encima del poblado de Puchuncaví,
Ventanas y Quintero en la V región.
¿Cómo puede
ser que cada proyecto energético sea
tan complejo, tan difícil y dé
curso a tantos problemas? ¿Qué
es lo que está fallando para que las
cosas terminen de este modo siempre?
No faltará quien
sea facilista y diga -campaña millonaria
mediante- que la culpa es de los hippies retrógrados
que se niegan al progreso, encubriendo en
ese mensaje su propia incapacidad para asumir
que el progreso implica no sólo “más”,
también “mejores” proyectos. La nueva
versión de ese argumento -aún
más agresivo que el anterior- es que
un grupo de extranjeros quiere guardarse para
sí los maravillosos paisajes que los
proyectos van a destruir básicamente
no para protegerlos si no por egoísmo,
para que nadie los toque. Frescura igual no
he visto.
Lo cierto es que Chile presenta
un escenario energético que merece
revisión, de cara a la ciudadanía.
En una esquina, la inversión en proyecto
energéticos proyectada para el ciclo
2010-2014 es de U$28.589millones, según
la corporación de bienes de capital
(PDF). Incluso hoy el diario Estrategia señala
que la cifra crece hasta U$31.000 millones,
fundamentalmente como resultado de megaproyectos
como Hidroaysén y centrales termoeléctricas.
Mientras en EEUU ninguna
central de carbón fue levantada el
año 2010, en Chile la lista de proyectos
en fase de evaluación para definir
su factibilidad es enorme. Invertir en energía
es negocio, y el precio lo pagamos todos.
En Magallanes la falta de prolijidad en la
estrategia del gobierno tiene a la ciudad
paralizada en protesta para detener la amenaza
de un incremento gigantesco del costo de la
vida. En Coronel la población ya está
hastiada por la cantidad de centrales que
se construyen en la misma ciudad; tener un
puerto habilitado los ha condenado a soportar
los efectos a diario. En Punta Choros la falta
de prolijidad determinó de exabrupto
la intervención presidencial y en el
caso de la central Castilla los nombramientos
apresurados de autoridades sanitarias han
impedido un proceso regular de evaluación
sobre el proyecto.
Este año es crítico
y resulta muy disonante reconocer en las autoridades
un escaso compromiso de hecho con la inversión
en Energías Renovables No Convencionales
frente a tanto gesto de amabilidad con la
inversión privada; la misma que llega
a límites vergonzosos al señalar
que de la construcción de sus proyectos
depende el desarrollo del país en los
próximos diez años.
El escenario es simple y
se hace urgente una respuesta de las autoridades
sobre el tema: La energía es un negocio
gigantesco y de asegurada rentabilidad que
se ha salido de manos. Nuestro desarrollo
está en juego justamente porque necesitamos
asegurar energía suficiente, limpia
y renovable. Quien debe asumir el liderazgo
en la materia es el gobierno con líneas
claras que fomenten la inversión, regulen
el actual mercado y garanticen que nunca más
se pondrá en riego el hábitat
ni el medio ambiente para favorecer los intereses
de privados. La visión de Greenpeace
sobre el escenario actual que detalla estos
puntos se encuentra en el documento Chile
sin carbón disponible en esta misma
web.
Los cambios se necesitan
ahora. Cada minuto de silencio y complicidad
agrava la situación y se traduce en
costos directos para familias vulnerables.
Un gobierno que se ha puesto como meta terminar
con la pobreza no puede obviar que decisiones
improvisadas y falta de visión impactan
de frente a quienes más necesitan de
su apoyo: los ciudadanos.
