Después de dos años
al frente de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa),
su titular Patricio Patrón Laviada
renunció. Ahora se presenta una nueva
oportunidad para despartidizar
la procuración de justicia ambiental
en México y evitar que este puesto
sea, otra vez, un trampolín para funcionarios
desempleados, sin experiencia y con conflictos
de interés.
La defensa del medio ambiente
desde esta institución ha sido muy
débil en los años recientes
debido a que al frente de la Profepa se ha
designado a personas que desconocen los temas
ambientales y a la falta de recursos económicos,
humanos y técnicos, así como
a la falta de independencia de esta institución.
Cuando Felipe Calderón,
como titular del Poder Ejecutivo, nombró
a Patricio Patrón Laviada como titular
la Profepa dejó en claro que no es
importante la defensa del medio ambiente como
parte de su política de Estado, y por
ello, en vez de tomar en cuenta a ciudadanos
con trayectoria y compromiso con el medio
ambiente y los recursos naturales, utilizó
a esta dependencia como moneda de cambio.
Patrón Laviada, fue
un exgobernador sin experiencia comprobada
en temas ambientales y su gestión debilitó
a la institución, como ocurrió
con los anteriores nombramientos de Jose Luis
Luege e Ignacio Loyola (nombrado por Vicente
Fox), donde se privilegió lo político
sobre lo técnico.
Peor aún, desde noviembre
de 2010, la Profepa cambió sus prioridades:
en su página de internet, considera
que “las actividades industriales en la mayoría
de los casos no representan un problema ambiental”
y asegura que “actualmente se cuenta con una
industria comprometida y socialmente responsable
con el cuidado del medio ambiente”.
Esto es totalmente incongruente
con el diagnóstico presentado hasta
el mes de junio en el cuarto informe de gobierno
del presidente Calderón, donde se reconoce
que quedaron pendientes de resolver 4,875
expedientes ingresados en 2010, que sumados
a los 8,134 de años anteriores, hacen
un total de 13,009 expedientes en proceso
de resolución.
Los grandes temas desatendidos
históricamente por la Profepa y que
tampoco fueron resueltos con Patrón
Laviada son:
- Minera San Xavier en San Luis Potosí,
donde continuamente la empresa se ampara para
impedir el cierre definitivo a pesar de que
una corte determinó que esa industria
de origen canadiense debe retirarse del Cerro
San Pedro.
- En el caso Ecoltec, la
Profepa no se ha pronunciado respecto a las
denuncias de los habitantes de los municipios
de Apaxco y Atotonilco de Tula (estados de
México e Hidalgo, respectivamente),
que desde hace más de 5 años
han denunciado continuas emanaciones tóxicas,
al mal manejo de residuos peligrosos y las
afectaciones a la salud provocadas por la
empresa mezcladora de residuos peligrosos
Ecoltec. Esta compañía filial
de la transnacional suiza Holcim Apasco combina
desechos para preparar combustible alterno
utilizado en los hornos cementeros. En vez
de sancionar a Ecoltec, la Profepa le entregó
en 2009 una certificación como industria
limpia, cuando en la realidad sus actividades
generan contaminación a la población
de Apaxco y Atotonilco de Tula.
- En Colima, las organziaciones
ambientalistas llevan cinco años denunciando
la falta de justicia ambiental en los proyectos
de la "Terminal de Gas Natural Licuado
de Manzanillo", y de la "Planta
de Suministro de Gas LP propiedad de la empresa
Z Gas", en la zona de la Laguna de Cuyutlán,
Colima. La organización ambientalista
Bios Iguana presentó una denuncia ante
la Comisión de Cooperación Ambiental
(CCA) y en contra del gobierno mexicano al
que acusa de destruir manglares para construir
desarrollos industriales. La Profepa desestimó
las denuncias en este tema.
- Determinar los niveles
de contaminación por siembras experimentales
con maíz transgénico en Sinaloa
y Chihuahua, aprobadas en 2010, de acuerdo
a las denuncias de organizaciones campesinas
y ambientalistas. El peligro de afectación
a las variedades nativas de maíces
en ambas regiones productoras de este grano
son razones suficientes para que la Profepa
realice investigación a fondo en estos
casos, sobre todo ahora que también
la Sagarpa ha negado autorizaciones para las
siembras piloto con transgénicos en
Sinaloa.
México requiere que
la Profepa sea una institución fuerte
y confiable, que busque la justicia ambiental
a través de un estricto cumplimiento
de la ley, para ello debe ser una institución
independiente de la Semarnat, sólo
así se evitará que esté
sujeta a las cuotas y compromisos partidarios.
Se propone que el nuevo
procurador salga de un concurso abierto, en
el que se designe a una persona con experiencia
en temas legales y ambientales, que tenga
capacidad técnica probada, que privilegie
el interés público, que no ceda
a las presiones de los intereses privados
y que tenga una propuesta clara para reorganizar
la Profepa. Sólo así será
posible fortalecer la procuración de
justicia ambiental en nuestro país.
