Publicado el 08 febrero
2011
El Juzgado de lo penal nº 2 de Lérida
ha dictado sentencia por conformidad, condenando
a dos de las tres personas acusadas de utilizar
cebos envenenados en el área de caza
de Montoliú de Segarra (Lérida),
en el año 2006. WWF y la Fundación
Conservación Buitre Negro (BVCF), que
estaban personadas
en la causa como acusación particular
por este delito contra la fauna, celebran
esta nueva sentencia condenatoria por uso
de venenos, una de las mayores amenazas para
la conservación de las especies amenazadas.
Ambas organizaciones esperan que esta condena
sirva de ejemplo para los delincuentes que
utilizan veneno.
El juzgado de Lérida
condena al arrendatario de la caza a dos años
de prisión como autor de un delito
continuado por uso de cebos envenenados, así
como a la inhabilitación para el ejercicio
de la caza por tres años. Además,
la mujer que lo acompañaba mientras
colocaba los cebos envenenados ha sido condenada
a un año de prisión, como cómplice
del delito. Asimismo tendrán que pagar
una indemnización a los propietarios
de los tres perros que murieron por la acción
del veneno y deberán asumir las costas
del juicio. El tercer acusado que no se presentó
en el juzgado se encuentra en averiguación
de domicilio.
Estos tres acusados fueron
descubiertos el 25 de junio de 2006, momento
en que uno de ellos, el arrendatario de la
caza, colocaba cebos envenenados, mientras
los otros dos le acompañaban. La muerte
por envenenamiento de varios perros domésticos
en la zona permitió poner sobre la
pista del delito a los Agentes Rurales del
grupo de investigación en furtivismo
y venenos de la Generalitat y sorprender a
los culpables cometiendo el delito.
La utilización de
cebos envenenados, como sistema de eliminación
de predadores, es un método masivo
e indiscriminado -y por ello doblemente peligroso-
perseguido por la ley. Los cebos afectan a
numerosas especies en peligro como buitres
negros, quebrantahuesos, águilas reales
y otras grandes águilas, además
de milanos, alimoches y todo tipo de carnívoros.
El área de caza donde
ocurrieron los hechos forma parte de una de
zona especial protección para las aves
(ZEPA) denominada “Granyena”, con presencia
de importantes especies protegidas catalogadas,
potencialmente afectadas por el veneno, como
por ejemplo el milano real, lo que incrementa
la gravedad de los hechos.
El servicio de medio ambiente
de Lérida suspendió la caza
en este coto por dos años, para favorecer
a las especies cinegéticas, como el
conejo o la perdiz, que son la base de la
supervivencia de la comunidad de carnívoros
y carroñeros potencialmente afectados
por el veneno. Así mismo, la BVCF está
personada en otros dos casos de envenenamiento
en los juzgados de Tarragona e Igualada.
WWF y BVCF recuerdan que
esta es la décima condena conseguida
en Lérida por venenos desde 2003, con
16 personas condenadas y el undécimo
coto que se cierra por esta causa en esta
Comunidad Autónoma. Todo ello hubiera
sido imposible sin el trabajo especializado
de los Agentes Rurales de Lérida, que
debe servir de modelo en toda Cataluña,
pero también en el resto de España,
ya que sólo con un trabajo especializado
es posible prevenir estos delitos, pero sobre
todo perseguir a los infractores y ponerlos
a disposición judicial.
Las dos organizaciones esperan
que esta sentencia sirva para erradicar definitivamente
el uso de cebos envenenados en esta comarca
y urgen a otras comunidades autónomas
a crear patrullas especializadas para perseguir
este gravísimo delito contra la fauna.
