Buenos
Aires- Greenpeace, la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales y la Fundación
Vida Silvestre Argentina manifestaron su profunda
preocupación ante la decisión
de la Jefatura de Gabinete de Ministros que
dejó sin efecto la asignación
y distribución de los fondos de la
Ley de Bosques correspondientes al año
2010.
La partida presupuestaria
destinada a sustanciar el “Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos” del año 2010
(cerca de $ 300 millones) fue distribuida
en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por
la Decisión Administrativa 926/2010
del día 29 del mismo mes y año.
Sólo un día después,
el 30 de diciembre, y mediante la Decisión
Administrativa 1037/2010, la Jefatura de Gabinete
de la Nación dio marcha atrás
con dicha asignación “por razones operativas”.
(1)
Frente a esta decisión,
las organizaciones ambientalistas enviaron
una carta dirigida al Secretario de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Juan José
Mussi, manifestando su “profunda preocupación”
por la falta de claridad en el manejo de los
fondos. (2)
“Sin entender ni encontrar
explicaciones oficiales a este cambio de rumbo
en la conformación y utilización
del Fondo para la protección de los
bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias
con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques
Nativos realizados ya han presentado planes
de manejo forestal, y asumiendo la necesidad
de las diferentes jurisdicciones de contar
con un presupuesto adecuado para el control
y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331,
es que pedimos una respuesta oficial a fin
de entender cuál es el motivo de tal
decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo
31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos
para la Protección Ambiental de los
Bosques Nativos, el fondo no podrá
ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional,
a lo que deberá sumarse el dos por
ciento del total de las retenciones a las
exportaciones de productos primarios y secundarios
provenientes de la agricultura, ganadería
y sector forestal, correspondientes al año
anterior del ejercicio en consideración.
Según esta normativa, por lo tanto,
los fondos deberían ascender a más
de 1.000 millones de pesos.
Las organizaciones advirtieron
que “la partida presupuestaria asignada para
el año 2010 es insuficiente y lo mismo
ocurre con lo presupuestado para 2011, según
lo establecido por la Ley N° 26.331. Llamando
la atención sobre el riesgo al que
se ponen los últimos bosques nativos
del país por el incumplimiento de la
Ley 26.331 por parte del Estado Nacional,
en el Año Internacional de los Bosques,
establecido bajo la Resolución 61/193
de la Organización de Naciones Unidas,
es que pedimos se revea la medida adoptada
bajo la Decisión Administrativa N°
1037 y asimismo, se proceda a conformar la
totalidad del Fondo para la protección
de los bosques nativos tal como la Ley 26.331
lo establece”.
Dicho fondo se debe distribuir
entre las provincias que sancionen por ley
provincial el Ordenamiento Territorial de
sus Bosques Nativos bajo los criterios de
la Ley 26.331. El 30% del mismo estará
destinado a fortalecer la capacidad técnica
y de control de las provincias y fomentar
las actividades productivas sustentables que
los pequeños productores rurales y
comunidades indígenas realizan en los
bosques, y el 70% restante tiene como objetivo
compensar a los titulares de bosques nativos
que realicen tareas de conservación
y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007,
el Congreso Nacional sancionó la Ley
26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, que establece
la suspensión de nuevos permisos de
desmontes hasta que cada provincia realice
el Ordenamiento Territorial de sus Bosques
Nativos en forma participativa, obliga a hacer
un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia
pública antes de autorizar un desmonte,
exige respetar los derechos de indígenas
y campesinos sobre los bosques que habitan,
y crea un fondo para la protección
de los bosques.
+ Más
Greenpeace: “Las empresas
mineras tienen secuestrada a la Ley de Glaciares
con la complicidad del Gobierno Nacional”
San Juan, 21 de febrero
de 2011.- Greenpeace criticó hoy en
duros términos a las empresas mineras
que han promovido los recursos de amparo que
bloquean la aplicación de la Ley de
Glaciares.
“La Ley de Glaciares dejó
de ser una ley de la Nación, una ley
de los argentinos, y ahora está secuestrada
por un grupo de empresas mineras. Y lo más
grave es que el Gobierno Nacional actúa
de manera cómplice”, explicaron sus
voceros desde la ciudad de San Juan.
“Los recursos de amparo
presentados por un conjunto de empresas en
San Juan son un acto de autoincriminación”,
explicó Juan Carlos Villalonga, Director
de Campañas de Greenpeace Argentina.
“A través de estas presentaciones queda
claro que sus actividades se verían
amenazadas si la ley se aplicase, y por eso
decidieron bloquear su implementación”,
agregó Villalonga.
Recientemente, el secretario
de Ambiente y Desarrollo sustentable de la
Nación, Juan José Mussi, explicó
en declaraciones a la prensa que la aplicación
de la Ley de Glaciares está demorada
porque "hay presentaciones legales por
parte de las provincias, especialmente de
las mineras, y ante esas presentaciones a
las cuales se le ha dado curso, nosotros no
podemos actuar reglamentando una ley. Las
provincias argumentan que los recursos naturales
son propios y que esa ley es inconstitucional,
por lo que eso llegará a las instancias
supremas y nosotros vamos a aceptar lo que
diga la Corte".
Desde Greenpeace sostienen
que las presentaciones judiciales en San Juan
no debieran entorpecer la aplicación
de la Ley en el resto del país. “Nada
impide al Gobierno Nacional continuar con
la reglamentación de la norma, comenzar
con los inventarios y defender la ley en el
ámbito de la justicia como le corresponde”.
Los dirigentes de la organización
ambientalista, presentes en San Juan, expresaron:
“Con las presentaciones que han hecho, las
empresas no están defendiendo el orden
constitucional de la Argentina, están
simplemente defendiendo un negocio que saben
que afecta a áreas glaciares. ¿Desde
cuándo Barrick Gold o la Cámara
Argentina de Servicios Mineros se dedican
a la evaluación jurídica de
las normas que dicta el Congreso Nacional?”
señaló Villalonga.
