Publicado
el 09 febrero 2011
Ecologistas en Acción, Greenpeace y
WWF denuncian que con la reforma de la Ley
de Costas se pretende consolidar el urbanismo
descontrolado en el litoral
Ecologistas en Acción,
Greenpeace y WWF denuncian un nuevo intento
de recortar la Ley de Costas. Durante el día
de hoy se están discutiendo en el Senado
dos Proposiciones de Ley, promovidas por Convergència
i Unió (CiU) y Partido Popular (PP),
que limitarán la protección
del litoral. Las organizaciones ecologistas
consideran que esta maniobra política
es un nuevo ataque al derecho del uso público
de la costa.
“Los distintos grupos políticos
están constantemente promoviendo rebajas
a la carta en la Ley de Costas, el principal
marco jurídico de protección
del litoral y la única garantía
de uso público de los espacios costeros.
Si estas Proposiciones de Ley salen adelante,
cada Comunidad Autónoma podrá
decidir los espacios costeros que serán
privatizados y se abrirá una nueva
vía legal de especulación en
la costa”, ha declarado Jorge Sáez,
coordinador de Medio Marino de Ecologistas
en Acción.
En concreto, la Proposición
de Ley del PP tiene como objetivo perpetuar
indefinidamente las concesiones, lo que permitiría
el uso privado del Dominio Público
Marítimo Terrestre (DPMT).
“Estas modificaciones a
la Ley de Costas supondrían un inadmisible
retroceso de 20 años en las políticas
de protección ambiental. Sería
un paso atrás sin igual en todo el
continente europeo, que está reforzando
las políticas de protección
marina”, ha añadido Pilar Marcos, responsable
de Costas de Greenpeace.
Por otro lado, la Proposición
de CiU promueve redefinir los espacios litorales
que pertenecen al DPMT. Pretenden, bajo el
concepto de “ciudad navegable”, que urbanizaciones
como la Marina d’Empuriabrava (Castelló
d’Empuries), los Canales y Urbanización
de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S’Abanel
escapen a la Ley de Costas (1).
“No se puede permitir la
revisión de la Ley de Costas a la carta
con el fin de garantizar los diferentes intereses
privados. La definición de “ciudad
navegable” se podría extender a multitud
de espacios en toda la costa española,
lo que provocaría un claro proceso
de privatización de la costa”, concluye
José Luis García Varas, director
del Programa Marino de WWF España.
Las organizaciones ecologistas
recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas
es garantizar la protección de la costa
y el interés público y libre
acceso a nuestras playas y acantilados.
Por ello, exigen a los grupos
parlamentarios que rechacen estos nuevos intentos
de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso
el litoral.
+ Más
La sociedad civil solicita
al Ministerio de Medio Ambiente que apruebe
el Real Decreto para Contratos Territoriales
por Explotación
Publicado el 16 febrero
2011
Tras más de un año esperando
la aprobación del Real Decreto para
los Contratos Territoriales por Explotación,
diversas organizaciones preocupadas por el
futuro del medio rural solicitan al Ministerio
de Medio Ambiente la aprobación urgente
de la normativa que permitiría su puesta
en marcha. Estos Contratos, contemplados en
la Ley de Desarrollo Rural, buscan apoyar
a aquellos agricultores y ganaderos que de
forma voluntaria suscriban compromisos para
la conservación del suelo, el agua,
la biodiversidad, el paisaje o la lucha contra
el cambio climático. A cambio, recibirían
una remuneración por la producción
de estos bienes públicos, no compensados
por el mercado, lo que favorecería,
además, la fijación de la población
en el territorio y la creación o mantenimiento
del empleo agrario.
Desde hace dos años
y fruto de los debates en el seno de un grupo
de trabajo específico sobre Contratos
Territoriales, coordinado por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se
elaboraron varios borradores de Real Decreto
por el que se regula esta figura. La última
versión, que cuenta con el apoyo de
la mayoría de organizaciones participantes
en el grupo de trabajo, se cerró el
14 de marzo de 2010, sin que hasta la fecha
se haya aprobado y, por tanto, entre en vigor.
Los Contratos Territoriales
por Explotación son una herramienta
clave para lograr mantener la viabilidad económica
de las explotaciones agrarias, a la vez que
se preservan sus valores ambientales y se
apoya el relevo generacional tan necesario
en el medio rural. Ya funcionan con éxito
iniciativas similares en regiones como Menorca
y son varias las Comunidades Autónomas
que apuestan por esta figura, como Asturias.
Sin embargo, la falta de una normativa reguladora
a nivel estatal pone en peligro su aplicación.
El retraso en la aprobación
de esta normativa puede impedir que agricultores
y ganaderos se beneficien de las medidas previstas
en la Ley de Desarrollo Rural. Algunas de
ellas, como las de apoyo a la gestión
en la ganadería extensiva o trashumante,
pueden ser determinantes para mantener la
viabilidad de estas explotaciones, a la vez
que se aseguran sus beneficios ambientales.
Las organizaciones firmantes
concluyen que un nuevo retraso en la aprobación
del Real Decreto, ya consensuado en su día,
será una oportunidad perdida para lograr
una distribución más equitativa
de las ayudas públicas, que recupere
la vitalidad de los territorios con mayores
impedimentos y dificultades físicas,
demográficas o de zonas de alto valor
ambiental y apoye a las explotaciones familiares,
territoriales o ecológicas.
Organizaciones Firmantes:
Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos (UPA)
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales (FADEMUR)
Confederación de Mujeres del Medio
Rural (CERES)
Comisiones Obreras
UGT
WWF España
SEO/BirdLife
Ecologistas en Acción
Amigos de la Tierra
Greenpeace
Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente (FFRF)
Fundación Global Nature
Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE)
RedMontañas
Foro Asturias Sostenible para el conocimiento
y desarrollo del medio rural (FAS)
