Italia lleva cuatro meses
enviando residuos a Huelva sin que la Junta
haya informado correctamente sobre los permisos
y su composición
Greenpeace ha denunciado ante el comisario
de Medio Ambiente de la Unión Europea
(UE) la opacidad de la Junta de Andalucía
a la hora de informar sobre la cantidad y
el tipo de residuos
que están llegando al vertedero de
Nerva (Huelva) procedentes de Italia [1].
Tras conocer la llegada
de estos residuos Greenpeace solicitó
a la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía información
sobre los permisos concedidos y condiciones
de tratamiento aunque la Administración
solo ha facilitado una copia de la autorización
e información del traslado nº
IT013587 para 60.000 toneladas de residuos
“no peligrosos”. Sin embargo, la Junta ha
asegurado anteriormente que concedió
un permiso para 80.000 toneladas a una empresa
italiana.
Greenpeace intentó
confirmar posteriormente en varias ocasiones
si esa autorización era la única
existente, aunque todavía no ha recibido
una respuesta oficial.
Los residuos (que en Italia
denominan Nerofumo o negro de carbón)
que están llegando a desde el puerto
de Génova hasta el vertedero gestionado
por Befesa en Nerva (Huelva) a través
del puerto de Sevilla son desechos contaminados
con hidrocarburos y metales pesados que provienen
de la descontaminación de una antigua
zona industrial en Pioltello-Ródano,
cerca de Milán.
Por otro lado, según
la información ofrecida por la empresa
italiana encargada de la limpieza (Daneco
Impianti), a través de un comunicado
de prensa del pasado 7 de marzo, se han enviado
ya a las instalaciones de Befesa en Nerva
(Huelva), 25.000 toneladas de residuos peligrosos
para recibir un tratamiento físico-químico
previo a su depósito en vertedero de
seguridad, como exige la normativa europea,
aunque no existen evidencias de que en Nerva
se esté haciendo así. De hecho
ayer mismo, el comisionado del Ministerio
de Medio Ambiente italiano a cargo de las
operaciones de descontaminación e Pioltello,
Luigi Pelaggi, aseguró que de las 27.200
toneladas enviadas a Andalucía, solo
2.200 son del residuo no peligroso que consta
en la autorización enviada por la Junta
a Greenpeace. El resto, son residuos peligrosos.
“El comportamiento de la
Junta respecto al traslado de los residuos
italianos a Nerva no es transparente. No entendemos
por qué le cuesta tanto a la Junta
respetar el derecho de acceso a la información
medioambiental ante un caso como éste.
”, ha declarado Sara del Río, responsable
de la Campaña de Contaminación
de Greenpeace.
Greenpeace junto con Ecologistas
en Acción ha podido documentar como,
al menos en parte, estos residuos se están
depositando en el vertedero de Nerva sin tratamiento
previo. Además, según ha podido
observar Greenpeace las condiciones de las
instalaciones no son las más idóneas,
puesto que los residuos se mezclan con otros.
Greenpeace ha enviado toda
la información de que dispone a la
Comisión Europea para que tenga conocimiento
de cuál es el tratamiento real que
se da a los residuos y sobre la ocultación
de información a los grupos ecologistas.
Además, ha pedido que se abra una investigación
por un posible incumplimiento de la normativa
europea en las instalaciones de Befesa de
Nerva (Huelva).
“Desde la Comisión
Europea no se debería aceptar que solucionen
la contaminación en Italia transportándola
a España a unas instalaciones donde
los residuos no se traten de acuerdo a la
normativa europea”, ha añadio Sara
del Río, “por eso pedimos que se aclaren
los términos de este traslado y las
condiciones reales que están teniendo
estos residuos”.
+ Más
Greenpeace condena la aprobación
del plan de usos militares en el Parque Nacional
de Cabrera
La organización pide
que no se realicen maniobras militares en
este espacio protegido
En su reunión del pasado viernes, el
Patronato del Parque Nacional de Cabrera aprobó
el Plan de Usos Militares que había
presentado el Ministerio de Defensa, y que
prevé la posibilidad de realizar maniobras
y ejercicios en el territorio del Parque.
Los grupos ecologistas fueron los únicos
en oponerse a esa posibilidad, mientras que
los restantes miembros del Patronato se mostraron
a favor.
Greenpeace condena que se
haya dado prioridad a otro tipo de consideraciones,
en lugar de a aquellas que deberían
ser las fundamentales en relación con
un Parque Nacional, como es la conservación
integral de territorios y ecosistemas de alto
valor. En España, la calificación
de Parque Nacional para un determinado territorio
supone el reconocimiento de su elevado valor
natural, en virtud del cual se le otorga la
máxima figura de protección
de acuerdo al ordenamiento jurídico.
Dicha protección es incompatible con
la realización de maniobras militares.
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre
del Archipiélago de Cabrera fue declarado
en 1991 y se considera el mejor exponente
de ecosistemas insulares no alterados en el
Mediterráneo de nuestro país.
El Parque cobija una importante riqueza natural
que incluye uno de los fondos marinos mejor
conservados del litoral español, junto
con especies endémicas e importantes
colonias de aves marinas.
El Plan de Usos Militares
que presentó el Ejército de
Tierra está en conformidad con la Ley
14/1991 del 29 de abril, por la que se creó
el Parque Nacional Marítimo-Terrestre
del Archipiélago de Cabrera, y también
está en conformidad con el Decreto
58/2006 de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, del 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
de Cabrera para el periodo 2006-2012.
Sin embargo, y pese a todo
ello, el Plan no tiene ningún sentido
en la actualidad. Cuando el Parque fue declarado
era un momento en que la protección
del medio ambiente y la conservación
de los espacios naturales daban sus primeros
pasos, y el grado de conciencia social respecto
a la conservación del medio ambiente
no había avanzado hasta lograr los
grados de reconocimiento actuales.
”El plan no sólo
es inadecuado sino absolutamente innecesario.
El Ministerio de Defensa y el Ejército
ya cuentan con abundantes territorios terrestres
y marinos donde se pueden realizar maniobras
y ejercicios y que presentan menos riesgos
de causar daños graves en un ecosistema
de gran valor ecológico”, ha señalado
Mabel González, responsable de Conflictos
y Medio Ambiente.
Greenpeace condena la decisión
adoptada por el Patronato de Cabrera, una
institución que parece haber olvidado
que su misión fundamental es precisamente
la conservación del Parque y no atender
a otros intereses. La organización
advierte también de que se opondrá
activamente a cualquier posibilidad de realizar
maniobras o ejercicios militares en el territorio
del Parque.