La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa)
ha sido negligente al no clausurar el mega
desarrollo Paraíso del Mar en la ensenada
de La Paz, Baja California Sur, pues sigue
operando sin autorización en materia
de impacto ambiental y en afectación
al hábitat de especies protegidas
como el tiburón ballena y el delfín
tursión.
Organizaciones como la Asociación
de Investigación y Conservación
de Mamíferos Marinos y su Hábitat
(AICMMARH), Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda), Conciencia México, Guardianes
del Agua y Greenpeace México, han denunciado
que con la complacencia de la Profepa, el
proyecto Paraíso del Mar comenzó
en días pasados la construcción
y operación de una marina para 500
posiciones en la ensenada de La Paz, la cual
es un hábitat crítico para poblaciones
residentes de delfín tursión
y tiburón ballena, ambas especies en
riesgo.
La autorización en
materia de impacto ambiental que en su momento
otorgó la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a
Paraíso del Mar fue declarada nula
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativo en 2009, al no considerar
que el proyecto es de alto impacto, por su
violación a las normas de protección
a manglares y por no contemplar que El Mogote
(barra de arena enfrente de la ciudad de la
Paz) es parte de una zona de protección
ambiental. El Poder Judicial Federal le ha
negado a Paraíso del Mar dos amparos
para poder continuar con su proyecto.
No obstante y a pesar de
múltiples denuncias, la Profepa incumple
su mandato legal y sus propios lineamientos,
negándose a clausular las obras y actividades
de Paraíso del Mar. De acuerdo a los
lineamientos de la Profepa del 01 de junio
de 2009, donde se indica que si una empresa,
que requiera autorización ambiental,
realiza cualquier tipo de obra si permiso,
se procederá a la clausura.
El complejo turístico
Paraíso del Mar incluye la construcción
de 3,922 unidades residenciales, un desarrollo
hotelero con 2,050 cuartos, dos campos de
golf de 18 hoyos cada uno, y una marina exterior
con 500 posiciones de atraque, en un área
de alta fragilidad ambiental, decretada como
sitio Ramsar como humedal de importancia internacional.
La adquisición de los terrenos por
parte de Paraíso del Mar fue aprobada
por el Congreso local durante la administración
del entonces gobernador Leonel Cota y se realizó
a un costo de 12.85 pesos el metro cuadrado.
Este es otro ejemplo de
la forma en que Semarnat otorga las autorizaciones
de impacto ambiental. Es claro que fue un
error de Leonel Cota Montaño vender
esos terrenos, y por parte de la Semarnat,
autorizar el proyecto. No hay discusión
ante las conclusiones del poder judicial y
en el riesgo que el desarrollo representa
para el hábitat de especies protegidas
como el tiburón ballena y el delfín
tursión en la Bahía de La Paz.
Las organizaciones hicieron
un llamado a Hernando Guerrero Cázares,
nuevo titular de Profepa para que clausure
inmediatamente este proyecto y a la Semarnat
que revise los procedimientos para otorgar
autorizaciones en materia de impacto ambiental.
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Manglares, a remate
A pesar de que varios científicos
han estimado que el valor de cada hectárea
de manglar es muy superior a los costos estimados
por las autoridades mexicanas y que depredarlo
representa impactos económicos, sociales
y ambientales, la depredación de este
ecosistema avanza, como lo reportó
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en 2009.
La ASF explica que mientras
la Comisión Nacional para el Uso y
Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio)
ha establecido un valor de $37,500 dólares
por hectárea de manglar, la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
cobró solamente $3,415 dólares
por hectárea por compensación
de la destrucción de mangle.
Diversos autores e instituciones
han establecido el valor económico
de los manglares, especialmente por el servicio
que presta a las pesquerías y han encontrado
que su valor va de $9,1000 a $37,500 dólares
por hectárea por año.
Sin embargo, la Semarnat
ha hecho caso omiso de la información
científica y solamente cobra un monto
de $3,404 dólares/hectárea por
compensación cuando algún proyecto
destruye manglar debido a que únicamente
contempla el costo de la planta, los gastos
para replantarla o por restauración.
La ASF determinó que en el 2009 la
Semarnat únicamente cobró nueve
por ciento del valor real del manglar que
fue destruido y que solamente serviría
para solventar 33 días de la actividad
pesquera anual que se perdería con
la destrucción del manglar.
De acuerdo con la ASF solamente
en el 2009 la Semarnat otorgó 62 autorizaciones
a proyectos que impactarían el ecosistema
de manglar y determinó que la ausencia
de una estrategia específica para la
conservación de los ecosistemas de
manglar y su biodiversidad, ha tenido como
consecuencia una pérdida de 111,949.0
hectáreas entre 2005 y 2009. Lo cual
equivale a $4,198 millones de dólares
en servicios ambientales perdidos anualmente.
Por otro lado, la ASF determinó
en el caso del proyecto del Parque Bicentenario
que la Semarnat pagó la cantidad de
$5,000 pesos por cada arbolito que compró.
Es decir, los arbolitos de un parque urbano
valen 12 veces más para la Semarnat
que un ecosistema de manglar bien conservado
que brinda decenas de servicios ambientales
al país.
Con el precio que la Semarnat
cobra por hectárea de manglar destruido,
sólo alcanzaría para plantar
7.7 arbolitos de los que la Secretaría
adquirió para el Parque Bicentenario,
es decir que sólo se podría
plantar un árbol cada 1,300 metros
cuadrados. Además nunca consideran
el valor de la productividad por año
que brinda el manglar, la cual no se recupera
una vez que se destruye.
No proteger el manglar significa
repetir el desastre que hoy es la Riviera
Maya, donde las playas están siendo
erosionadas debido a la construcción
de hoteles y desarrollos turísticos
encima de dunas costeras y manglares. Cuando
el manglar se pierde, perdemos todos: los
habitantes de las costas, el sector turístico,
los ecosistemas marinos y la sociedad en general.
