Este martes, una vez más
quedó demostrada la inseguridad con
la que opera Petróleos Mexicanos (Pemex)
al hundirse la plataforma "Júpiter"
en la Sonda de Campeche,
a 80 Km de Ciudad del Carmen. Hasta ahora,
Pemex asegura que no hubo derrames de petróleo
por este accidente ya que no había
ductos cercanos.
Sin embargo, este hecho
ocurre a casi un año del hundimiento
de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad
de la empresa British Petroleum, que provocó
un importante derrame de petróleo en
costas de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida,
en el Golfo de México.
A pesar del alto costo ambiental,
económico y social de este tipo de
percances, el gobierno mexicano continúa
anclado en promover un mayor uso de combustibles
fósiles en el país, sin considerar
que la explotación petrolera representa
un gran riesgo para la vida y los ecosistemas
marinos y es uno de los principales motores
del cambio climático.
En estos días, en
el Senado de la República se está
revisando la Estrategia Nacional de Energía
2011-2025, en la que se estima que 58 por
ciento de los recursos prospectivos petroleros
se concentran en aguas profundas del Golfo
de México y que éstos pueden
convertirse en reservas a través de
la actividad exploratoria exitosa, para ello
contempla aumentar la exploración en
aguas profundas. Sin embargo, una estimación
estadística de la tasa de éxitos
en estas perforaciones sería de alrededor
de 33 por ciento, es decir de 8 a 10 nuevos
campos descubiertos y entre 20 y 24 fracasos.
A pesar de estos escenarios de riesgo, los
legisladores pretenden ratificar la Estrategia,
en la que se prevé incrementar la extracción
petrolera a 3.3 millones de barriles en 2025.
Es incongruente que en la
ENE se promueva la energía nuclear
y un mayor uso de combustibles fósiles,
mientras México acaba de ratificar
su participación y el estatuto de la
Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), cuya obligación es la implantación
y el uso generalizados y reforzados de las
energías renovables con objeto de lograr
un desarrollo sostenible, La ENE debe establecer
metas de participación de fuentes renovables
del orden del 41 por ciento para 2020 y 75
por ciento para 2050, excluyendo las grandes
hidroeléctricas. Esto no sólo
es técnicamente posible, sino económicamente
viable.
+ Más
Veracruz: ONG contra energía
nuclear
La crisis nuclear que vive
Japón demuestra, una vez más,
que la energía nuclear no es una fuente
segura para generar electricidad, denunciaron
en Xalapa, las organizaciones Grupo Antinuclear
de Madres Veracruzanas, La Asamblea Veracruzana
de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
y Greenpeace.
Han pasado más de
tres semanas desde que inició el accidente
nuclear de Fukushima y ningún funcionario
de la Secretaría de Energía
(Sener), Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) ni de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) ha dado muestras
de voluntad para replantear la actual estrategia
energética del país y sacar
del horizonte a la energía nuclear.
Por el contrario, los funcionarios de estas
dependencias han reiterado su apoyo a este
tipo de energía como la solución
al cambio climático.
Los riesgos y accidentes
vinculados a la operación de centrales
nucleares y a la exploración de petróleo
en aguas profundas representan una oportunidad
para que México reoriente su política
energética e impulse el aprovechamiento
masivo de las fuentes de energía renovable,
limpia y segura que tienen un gran potencial
para desarrollarse en el país.
Claudia Gutiérrez
de Vivanco, del Grupo Antinuclear de Madres
Veracruzanas, explicó que en el caso
de la Central Nuclear de Laguna Verde, los
dos reactores con que opera ya son viejos,
tienen más de 20 años de haberse
construido, 21 años de operación
comercial y más de 55 paros de emergencia
que han repercutido en su vida útil.
Son tan vulnerables como las plantas de Japón
en su sistema de enfriamiento a base de agua
(BWR), que paradójicamente no funciona
sin energía eléctrica. Existe
una responsabilidad difusa y diluida entre
las diferentes instancias de gobierno respecto
al funcionamiento e impacto de Laguna Verde,
situación que ha fomentado que dichas
instancias se deslinden de compromisos u obligaciones
argumentando que no le corresponde solventar
los problemas que presenta la planta y que
no se hacen públicos.
Por si no fuera suficiente,
se está impulsando el proyecto minero
de Caballo Blanco a menos de dos kilómetros
de la planta nuclear de Laguna Verde, que
amenaza con incrementar los riesgos de operación
de la central. Guillermo Rodríguez
Curiel, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas
y Defensa Ambiental (LAVIDA) hizo dos cuestionamientos:
¿qué puede ocurrir si las explosiones
para extraer minerales de esta mina afectan
las instalaciones de Laguna Verde? ¿Han
considerado las autoridades los impactos que
puede provocar la sismisidad de las continuas
detonaciones en la estructura de la planta
y sus reactores? A la fecha se desconoce si
existe Manifestación de Impacto Ambiental
para este proyecto minero y sus repercuciones
en Laguna Verde.
Las organizaciones exigieron
a las autoridades de la Secretaría
de Energía (Sener) frenar totalmente
toda intención de aumentar el número
de reactores nucleares en México y
que en su lugar se impulse de manera ambiciosa
la participación de las fuentes renovables,
limpias y seguras de energía como la
solar y la eólica.
