La Cámara de Diputados
de Brasil aprobó una ley que reducirá
la protección de la Selva Amazónica
y que dará amnistía general
a casos pasados de deforestación. Para
que se convierta en
la una ley firme, este texto debe pasar por
el Senado, y luego podría ser vetado
por la presidenta Dilma Rousseff, quien ha
declarado que vetaría partes aprobadas.
Los cambios producidos,
abren las puertas a la destrucción
masiva de la Selva Amazónica y cientos
de delitos quedarán impunes. El nuevo
código forestal pondrá en peligro
millones de hectáreas a disposición
de los negocios agropecuarios y muchas de
las comunidades que dependen de este ecosistema.
La propuesta aprobada concede
amnistía a todas las deforestaciones
ilegales realizadas hasta julio de 2008 y
retira del Gobierno federal el poder exclusivo
para definir las actividades agropecuarias
que pueden ser desarrolladas en las llamadas
Áreas de Preservación Permanente
(APP).
Bajo la nueva ley, la selva
que haya sido ilegalmente deforestada entre
1965 y 2008 estará exenta de regulación.
Además, los granjeros podrán
por primera vez contar la tierra adyacente
a ríos y lagos como parte de sus posesiones
legales. También se alivianarán
reglas estrictas de deforestación en
riscos y lomas.
"El proyecto aprobado
por la Cámara baja produjo el milagro
de convertir una legislación escrita
para defender los bosques brasileños
en ley de incentivo a la expansión
desenfrenada de la agricultura y de la ganadería",
advirtió el director de la Campaña
Amazonía de Greenpeace Brasil, Paulo
Adario.
Adario señaló
que “significa amnistiar a todos los deforestadores
del pasado, lo que significa que los que cumplieron
la ley fueron unos imbéciles”.
Según Greenpeace,
el proyecto aprobado por los diputados “incentiva
la expansión sobre lo que le queda
a Brasil de bosques nativos, al reducir las
exigencias para que las haciendas mantengan
un porcentaje de sus terrenos con la cobertura
vegetal original y al debilitar la capacidad
de gestión del Gobierno Nacional sobre
el patrimonio ambiental brasileño”.
Además, la organización
sostuvo que el cambio en la legislación
forestal generará “impactos negativos
para la diplomacia” del país, y pone
en duda la capacidad de Brasil de cumplir
el compromiso de reducir sus emisiones de
gases causantes del llamado efecto invernadero
en hasta un 38,9% hasta 2020.
+ Más
Piden a Presidente Piñera
que detenga aprobación de HidroAysén
A pocas horas de que se
produzca la votación del polémico
proyecto de Hidroaysén, dirigentes
medioambientalistas y parlamentarios fueron
a entregar personalmente una carta al Presidente
de la República Sebastián Piñera
con el fin de que ejerza su máxima
autoridad para evitar que se apruebe el proyecto.
La iniciativa se realizó
directamente en el Palacio de la Moneda y
contó con la participación,
entre otros de: Matías Asun, Director
de Greenpeace, Flavia Liberona, Directora
de Fundación Terram, Manuel Baquedano,
Instituto de Ecología Política,
Sara Larraín de Chilesustentable, Patricio
Rodrigo Secretario Ejecutivo de Patagonia
Sin Represas, Ricardo Lagos Weber (PPD), Carolina
Tohá Presidenta PPD, Alfonso De Urresti
(PS), Denise Pascal (PS) y Patricio Vallespín
(DC).
En el texto, los firmantes
piden que se detenga el proceso de calificación
ambiental debido a que la iniciativa - de
propiedad del consorcio formado por ENDESA
S.A. y COLBUN S.A- presentaría “numerosas
irregularidades en su proceso de calificación
ambiental y no cumple con la legislación
ambiental vigente”.
Se señala en la misiva
también que la eventual aprobación
del proyecto HydroAysén “bajo las actuales
condiciones, será la demostración
pública de una institucionalidad ambiental
débil, imperfecta y antidemocrática”.
Esta actividad forma parte
de un conjunto de otras manifestaciones opositoras
a Hidroaysén que se han incrementado
tanto en la zona (Aysén) como en la
Región Metropolitana ad portas de la
votación anunciada para esta tarde
en Aysén.
Las principales críticas
dan cuenta de un sistema de calificación
medioambiental que no está debidamente
actualizado legalmente para dar cuenta del
real y negativo impacto de una hidroeléctrica
de esta naturaleza y apelan al ejecutivo para
que intervenga para detener la construcción.
