Publicado el 31 mayo 2011
Cuando finaliza el plazo de alegaciones al
Plan de Ordenación de Regadíos
de la Corona Forestal de Doñana (Plan
Especial de la fresa) en el entorno de Doñana,
WWF pide una revisión en profundidad
del texto presentado. En opinión de
la organización, el documento sigue
sin dar respuesta a los graves problemas ambientales
que ponen en jaque
la conservación de la biodiversidad
y de la propia agricultura en Doñana.
El cultivo de la fresa en
Doñana es un sector muy importante
desde el punto de vista social y económico.
Pero su expansión descontrolada desde
los años 80 ha propiciado una serie
de problemas que comprometen el futuro en
la zona: transformación ilegal de zonas
forestales en cultivos, ocupación de
cauces, pozos ilegales, proliferación
de viviendas e infraestructuras irregulares,
multiplicación de los caminos o acumulación
de residuos plásticos son algunos de
ellos.
Esta situación de
ilegalidad y de falta de gestión del
uso del suelo y del agua pone a muchos agricultores
en una situación precaria. De hecho,
el mercado europeo, destino de la mitad de
la fresa producida en la zona, es cada vez
más exigente en temas ambientales.
La tendencia actual implica que los agricultores
que no se adapten a estos requerimientos ambientales
se quedarán fuera del mercado.
Aunque el plan de la fresa
contiene algunos avances como la creación
de corredores usando los ríos, la reducción
de las dotaciones para los cultivos de regadío
o la creación de una comunidad de usuarios
del agua, se limita a dar soluciones parciales
a los impactos causados por la agricultura
intensiva, sin realizar cambios de raíz.
El Plan mantiene la situación actual,
que él mismo reconoce caótica
e insostenible a lo largo de su Memoria. Incluso
para controlar la ejecución del Plan
se propone una Comisión de Seguimiento
compuesta por las mismas administraciones
que han llevado a la situación actual
de total falta de gobernanza.
Según Juan Carlos
del Olmo, Secretario General de WWF España:
“el Plan, tal y como está redactado,
se convierte en una amnistía a los
ilegales, y es inaceptable”. Y añade:
“queremos un plan que aborde los retos de
agricultura y conservación de forma
integrada, y asegure un futuro realmente sostenible
para el sector agrícola. El plan presentado
debe ser revisado a fondo”.
Para WWF, la Junta de Andalucía
debe revisar el plan de modo que evite la
amnistía de los pozos ilegales, reordene
el uso del suelo y del agua, elimine las viviendas
ilegales de temporeros, cierre caminos innecesarios
y recupere monte público y corredores
ecológicos. Para ello, propone que:
• Defina una superficie
máxima de regadío en el ámbito
del plan
• Elimine claramente las fincas ilegales y
cierre los p0zos
• Reordene y, en su caso, traslade las fincas
de las zonas más sensibles a las menos
sensibles, más cerca de los cascos
urbanos y las carreteras
• Elimine las viviendas ilegales de los temporeros
y cierre los caminos innecesarios
• Promueva una gobernanza real que garantice
el uso legal del suelo y del agua, cumpliendo
con las dotaciones asignadas
• Defina un sistema de corredores ecológicos
funcionales
Para del Olmo: “De no hacerse
así, consideramos que el plan se convertiría
en una amnistía y dentro de 10 años
nos encontraríamos de nuevo en la misma
situación de ilegalidad, pero con un
riesgo aún mayor para Doñana”
Para ello, WWF ha presentado
sus alegaciones al Plan en sus tres apartados:
uso del suelo, agua e infraestructuras, asentamientos
y transportes.
Leer versión resumida
El problema de ilegalidad,
en datos
• Existen en total 2.173
ha de cultivos en monte público y un
número aún desconocido en monte
privado.
• Algunos municipios poseen
la mayor parte de sus cultivos de fresa en
monte público (Lucena del Puerto 90%,
Almonte 18%)
• El 20% de los arroyos
y cursos de agua se encuentran seriamente
alterados por la agricultura ilegal.
• Los cultivos ilegales
compiten deslealmente con los legales. Los
excedentes obligan a continuas bajadas de
precio.
• Existen unas mil viviendas
de temporeros y otras instalaciones en suelo
rústico (naves, oficinas, etc), aparte
de una enorme proliferación de caminos
y tendidos eléctricos, muchos en situación
precaria.
• La situación ambiental
actual es la causa de la fragmentación
del territorio, la sobreexplotación
del acuífero, el vertido directo de
aguas residuales a los arroyos y al suelo,
y el incremento en el riego de incendios.
• Los 2.000 pozos ilegales
abastecen a más de 5.000 ha de cultivos
según se indica en el Plan. Actualmente,
sólo un tercio de la superficie agrícola
tiene permiso para el uso del agua
• El arroyo de la Rocina
ha visto disminuido su caudal en un 50% en
los últimos 30 años. Las marismas
del Parque Nacional de Doñana reciben
ahora tan sólo el 10% del agua que
les llegaba de forma natural.
