Publicado el 27 junio 2011
- Las 5 ONG ecologistas del Consejo Asesor
de Medio Ambiente del MARM, SEO/BirdLife,
Ecologistas en Acción, Amigos de la
Tierra, Greenpeace y WWF, junto con la Fundación
Nueva Cultura del Agua (FNCA), ponen en conocimiento
a la sociedad, en el período de información
pública, estudios científicos
e informes jurídicos que demuestran
la inviabilidad del proyecto.
Además de las alegaciones presentadas
por las 5 ONG al Ministerio de Medio Ambiente
presentaron también alegaciones la
Fundación Nueva Cultura del Agua y
la Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos. Las alegaciones han sido acompañadas
de informes de prestigiosos científicos
de 8 universidades y 5 centros del CSIC centrados
en los siguientes aspectos:
Comisión del Agua de Aragón
Las 5 ONG han aportado documentación
que demuestra que el Consejo de Gobierno de
Aragón intenta engañar al MARM,
afirmando que la Comisión acordó
apoyar, sin votos en contra, el embalse de
Biscarrués, cuando en realidad, lo
que la Comisión aprobó es, ante
la falta de acuerdo sobre las propuestas existentes
en torno al “conflicto del Gállego”,
elevar a las instituciones competentes toda
la información recogida, incluyendo
las propuestas “relativas a la no realización
de ninguna pieza de regulación en el
cauce del Gállego”.Además, entre
la documentación aportada figuraban
las conclusiones de la ponencia específica
de la comisión donde se indicaban 8
condiciones que debería cumplir la
opción elegida. El proyecto de embalse
de Biscarrués incumple siete de ellas.
Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua
(DMA)
La construcción de un embalse del tamaño
del de Biscarrués supone transformar
una masa de agua, (que en estos momentos se
encuentra en un “muy buen estado” según
lo ha declarado la Confederación Hidrográfica
del Ebro, CHE) a una “masa de agua modificada”,
posibilidad que incumple claramente los objetivos
de la DMA. Un análisis basado en la
guía de interpretación de las
excepciones de la Directiva Marco de la Comisión
Europea de 2009 demuestra que no puede llevarse
a cabo el proyecto al no existir medidas correctoras
que permitan eliminar el impacto negativo
sobre la masa de agua.
Evaluación de alternativas
Durante el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, en escrito del 6 de
abril de 2010, la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental solicitó
a la CHE que evaluase una serie de alternativas,
que no solo no fueron evaluadas por el promotor,
sino que además, son viables y con
un menor coste económico y ambiental,
como demuestran los informes presentados por
las ONG y los científicos. Especial
importancia tendría el estudio de medidas
de eficiencia y flexibilidad de infraestructuras
y concesiones ya existentes, que harían
innecesaria la construcción de cualquier
nuevo embalse.
Impactos sobre el LIC Bajo
Gállego
Al menos, existen seis informes en los que
se analiza el impacto del embalse sobre el
citado LIC (Lugar de Interés Comunitario).
Tres de ellos aportados por la CHE, consideran
que no producirá impactos negativos
sobre el LIC, de los cuales dos han sido firmados
por el Jefe de Área II del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental,
y uno por un profesor de la Universidad de
Lleida, y los otros tres informes identifican
impactos severos o críticos sobre este
espacio protegido, y han sido firmados por
científicos de siete universidades
y cinco centros de investigación del
CSIC así como por una consultora ambiental.
Las ONG denuncian el marcado interés
por parte de los autores de los informes aportados
por la CHE, interés reiterado públicamente
por parte del Gobierno de Aragón y
por el investigador de la Universidad de Lleida,
que incluye en su informe un importante proyecto
de seguimiento en el que participaría
el mismo.
Impacto sobre la fauna
Un censo realizado por SEO/BirdLife, e incluido
por las ONG en las alegaciones, demuestra
que el proyecto inundaría, y por lo
tanto destruiría irreversiblemente,
entre 3 y 7 territorios de milano real, especie
declarada “en peligro de extinción”.
El Estudio de Impacto Ambiental ni siquiera
realizó un censó de esta especie.
Tampoco analizó de forma adecuada el
impacto del proyecto sobre el cangrejo de
río autóctono, ni sobre la margaritona,
especies también catalogadas como “en
peligro de extinción”.
Oposición social
Uno de los objetivos principales invocados
por la CHE para hacer el proyecto es la laminación
de avenidas del río Gállego,
pero la población local, no solo no
ve problemas a las avenidas, sino que se ha
mostrado frontalmente opuesta al proyecto.
De hecho, analizados los datos de posibles
daños causados por las riadas en los
últimos 50 años, desde que comienza
la construcción de los dieciocho embalses
con los que ya cuenta el río Gállego
y que reducen el caudal del mismo en más
de 500 Hm3, éstos sólo se aprecian
en bienes situados dentro del dominio público
hidráulico.
El proyecto supondría
la destrucción del turismo de aventura
ligado a las aguas bravas, al destruir completamente
uno de los dos tramos usados para este fin
y un tercio del otro. Este turismo supone
la base del tejido económico y social
de la zona, en la que estas actividades mueven
varios millones de euros al año.
+ Más
WWF denuncia que los mares
españoles siguen sin protección
a pesar de nuestro compromiso con la UE
Publicado el 08 junio 2011
- En el Día Mundial de los Océanos,
WWF pide al Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM) que tome medidas
firmes para proteger nuestros mares. Aunque
existe un marco legislativo adecuado que promueve
la creación de una de red de Áreas
Marinas Protegidas (AMP), aún no se
realizado la declaración de ninguna
zona. WWF propone que se amplíe la
protección de zonas como el Frente
de Doñana, o que se creen otras nuevas
como el Cap de Creus o el Santuario de Baleares.
En la actualidad, menos del 1 por ciento de
los océanos cuenta con alguna figura
de protección. En este problema, España
no es ninguna excepción, a pesar de
que nuestro país ha adquirido el compromiso
con la UE de tener protegido, al menos, un
20 por ciento de sus mares de aquí
a 2020.
El marco legislativo cuenta con herramientas
que promueven la creación de una red
de AMP, así como obtener beneficios
a largo plazo sin comprometer la salud de
los ecosistemas. En este ámbito, cabe
destacar la Ley de Protección del Medio
Marino, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
y la Ley de Parques Nacionales.
Sin embargo, lo cierto es
que estas leyes no están encontrando
una aplicación en la práctica.
De hecho, WWF denuncia que las promesas realizadas
por el Ministerio de Medio Ambiente durante
los últimos años no se han cumplido,
principalmente a causa del bloqueo que ha
venido realizando la Secretaría General
del Mar en defensa de la industria pesquera.
El Cachucho, una promesa por cumplir
Un caso emblemático es el de la declaración
del Área Marina Protegida (AMP) de
El Cachucho, en Asturias. A pesar de que esta
zona fue propuesta por el MARM en 2008 para
ser respaldada por esta figura, su declaración
aún está pendiente de ser aprobada
y, por el momento, sólo cuenta con
un régimen de protección preventiva.
La zona ha sido declarada como LIC (Lugar
de Importancia Comunitaria) y zona protegida
del Convenio OSPAR, pero no existe protección
nacional.
Asimismo, WWF recuerda que existen otros ejemplos
igual de representativos en España
sobre lo urgente que resulta velar por la
protección del medio marino en nuestros
8.000 km de costa.
Tampoco hay que olvidar
el caso del Frente de Doñana, uno de
los espacios naturales más singulares
de Europa, con un complejo que alberga una
gran riqueza biológica. A pesar de
que su parte terrestre cuenta con diversas
figuras de protección, su medio marino
permanece desamparado, aun siendo una pieza
clave para sustentar la biodiversidad, la
economía y la cultura de la zona.
Otro es el Cap de Creus,
la zona marina más estudiada por los
científicos del litoral español,
cuyas conclusiones han ratificado su importancia
e interés, así como la necesidad
de una figura que proteja, conserve y ordene
las actividades en su entorno.
Junto a estas, la organización insiste
en que hay otros claros ejemplos como es la
ampliación del Parque Nacional de Cabrera,
la protección de Cabo Tiñoso
o el Canal de Menorca. Todas ellas estaban
recogidas en la propuesta de WWF de 2006 para
la creación de una red de Áreas
Marinas Protegidas.
De otro lado, la organización también
quiere denunciar el bloqueo de la creación
del Santuario de Baleares, cuyas aguas son
fundamentales para la reproducción
del atún rojo, una especie gravemente
sobreexplotada. Además, la zona es
crucial para el resto de especies de túnidos
del Mediterráneo y para otras como
el pez espada, la tortuga boba y las aves
marinas. Pese a sus compromisos internacionales,
España ha estado paralizando cualquier
avance en la conservación de estas
aguas.
Por el momento, la única
figura de protección de nuestros mares
que se está aplicando y funciona de
forma efectiva son las Reservas Marinas de
Interés Pesquero. No obstante, esta
red, con cerca de 25 reservas, sigue siendo
claramente insuficiente.
WWF muestra su preocupación
por la falta de apoyo del Ministerio y las
CCAA a las iniciativas de creación
y cogestión de reservas impulsadas
por el sector pesquero artesanal y otros sectores
implicados.
Tras el nacimiento de las reservas de Os Miñarzos
y de Cedeira, otras cofradías han iniciado
un camino similar hacia la pesca sostenible,
pero este esfuerzo no está encontrando,
en la mayor parte de los casos, el respaldo
adecuado de las administraciones pesqueras.
Según José Luis García
Varas, Responsable del Programa Marino de
WWF España: “El trabajo de pescadores
como los de Lira o Cedeira repercute positivamente
no sólo en la conservación del
mar, sino que también facilita la labor
de la Administración, ya que el sector
se hace corresponsable de la gestión
y vigilancia de las pesquerías”. Y
añadió: “Estos son claros ejemplos
de la eficacia de crear áreas protegidas.
Los científicos, los organismos internacionales
demandan la creación de AMPs, es hora
de que España muestre su compromiso
por la protección de nuestros mares”.
