De
izquierda a derecha, Marcela Bonilla, directora
de Desarrollo Sectorial, Jairo Homes coordinador
para Colombia de Repcar, Nelson Andrade, coordinador
para el Caribe del PNUMA y Ricardo Sánchez,
Ministro(e) de Agricultura. Fotografía:
Dario Gonzalez - MAVDT.
•Gracias al proyecto GEF-REPCar en Colombia
se logró disminución hasta en
un 20 % en aplicación de plaguicidas
en cultivos de banano y plátano.
•Buenas Prácticas Agrícolas
reducen impacto de plaguicidas sobre el medio
ambiente marino del Caribe.
•Se logró evidenciar que es posible
producir, sin dañar los ecosistemas
marinos.
Cartagena, 30 de junio de
2011. (MAVDT). Marcela Bonilla, directora
de Desarrollo Sostenible del Ministerio de
Ambiente, encabezó hoy la clausura
de un proyecto que durante cuatro años
trabajó para inculcar en agricultores
colombianos, costarricenses y nicaragüenses
la realización de prácticas
que evitan el escurrimiento de plaguicidas
al mar Caribe.
Los resultados de este proyecto
son muy importantes ante las alarmas que encendió
un informe preparado por 22 expertos internacionales
y dado a conocer en la Asamblea General de
la ONU en Nueva York el 21 de junio, según
el cual, los océanos del mundo corren
el riesgo de entrar en una fase de extinción
de especies marinas sin precedentes en la
historia de la humanidad.
El proyecto conocido como
GEF-REPCar, reduciendo el escurrimiento de
plaguicidas al Mar Caribe, fue financiado
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEF y coordinado por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, Unidad
de Coordinación Regional para el Caribe
y Secretaría para el Convenio de Cartagena
para la protección y el desarrollo
del medio marino del Gran Caribe, el cual
dio inició a partir del año
2006.
Gracias a este proyecto
se capacitaron unas 8000 personas en los tres
países donde se les enseñó
que a través de Buenas Prácticas
Agrícolas para el control de plagas
y enfermedades en sus cultivos, es posible
ahorrar, evitar enfermedades y no permitir
que residuos de plaguicidas terminen en el
lecho marino, acabando con la variada y rica
vida que allí subsiste.
A través de REPCar,
y gracias a una serie de alianzas entre los
ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud,
academia, sector privado, asociaciones de
agricultores y algunas ONG, se llevaron a
la práctica una serie de avances tecnológicos
para el control de plagas de los cultivos
que ya estaban investigados pero aun sin aceptación
por los productores agrícolas. En Colombia
se enfocó el esfuerzo en los cultivos
de banano y plátano; en Costa Rica
en banano y piña y en Nicaragua en
palma africana y frijol.
Antes que se ejecutara el
proyecto en las fincas demostrativas, se realizaban
aplicaciones de productos químicos,
frecuentemente sin un buen análisis
previo de las condiciones del cultivo y de
otras alternativas de control de plagas. Luego,
a través de la intervención
educativa realizada y la adecuada adopción
de las BPA se logró una disminución
alrededor de un 20% en la cantidad de plaguicidas
aplicados en los cultivos de banano y plátano,
lo que permite una disminución en los
costos y una mejora de la calidad de vida
de los productores y sus familias.
El proyecto también
estableció una línea base sobre
la presencia de residuos de plaguicidas en
nuestros ambientes costeros y marinos.
"Afortunadamente los
hallazgos no son motivo de alarma, pero se
detectaron puntos que requieren más
acción con el fin de preservar nuestros
recursos costeros. Por esta razón los
países se preparan desde ya para un
nuevo proyecto GEF para mejorar el manejo
de agroquímicos", dijo Alexandre
Cooman, Coordinador Regional de PNUMA para
este proyecto.
Recordemos que los ecosistemas
costeros no solo son el mayor atractivo del
Caribe, sino también pilar del desarrollo
para las comunidades. Según el WRI
(2005), el valor en el año 2000 de
los bienes y servicios derivados de los arrecifes
coralinos del Caribe por pesca, turismo y
recreación, y protección costera
contra eventos climáticos extremos,
era entre US$ 3.1 y 4.6 ml millones. Según
el mismo informe, la degradación potencial
de este recurso puede causar pérdidas
anuales de US$ 350 a 870 millones.
