Julio 11, 2011 - Hoy dio
inicio en Jersey, Reino Unido, la 63a reunión
anual de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI). Al mismo tiempo, estamos en la víspera
de que un tribunal de Japón dé
su veredicto sobre la apelación que
presentaron dos activistas,
ante la condena por robo que se deriva de
un largo proceso judicial a raíz de
que nuestra organización presentara
evidencias del tráfico y corrupción
con carne de ballena en ese país, en
2008.
Junichi Sato, entonces activista de Greenpeace
y hoy director ejecutivo en Japón,
deseaba estar presente en la reunión
de la CBI, donde existen varios países
que siguen presionando para que se abra nuevamente
la cacería de ballenas con fines comerciales;
pero después del desastre de Fukushima
y con este juicio en curso, ha tenido que
permanecer en Japón.
Han pasado ya tres años
desde que Sato y Toru Suzuki desataron un
escándalo de corrupción dentro
del programa de caza de ballenas, al exponer
que la carne se vendía en el mercado
negro con el conocimiento de diversos funcionarios
del gobierno. Como respuesta, el gobierno
japonés arraigó a los activistas,
los acusó de robar la carne de ballena
y allanó la oficina de Greenpeace Japón
en la búsqueda de pruebas. En septiembre
del 2010, Junichi y Toru fueron condenados
por robo, pero ellos apelaron el veredicto.
A pesar de que se hizo pública
la corrupción en la industria ballenera,
de que se mostraron evidencias y declaraciones
de testigos que apoyaron los alegatos de Greenpeace
Japón en la corte, además de
la disculpa por parte de la Agencia de Pesca
y de sus oficiales e inspectores en los barcos,
que reconocieron haber recibido carne de ballena
como regalo del operador de la flota; las
autoridades japonesas han fracasado en investigar
o castigar a los verdaderos criminales.
Este año, en la 63a
reunión de la CBI debe abrirse un espacio
de discusión y análisis sobre
lo que representa el escándalo por
el tráfico de carne de ballena en Japón,
de igual forma que otras actividades corruptas
de las cuales este país ha sido acusado.
Ahora, con la actual crisis nuclear derivada
del terremoto y tsunami del 11 de marzo, el
gobierno debe redireccionar los enormes subsidios
otorgados a la industria ballenera y destinarlos
a programas que ayuden a la población
y permitan apoyar a las comunidades pesqueras
sustentables.
La CBI y la industria ballenera
de Japón siguen pensando en su futuro
colectivo, con fines meramente mercantiles;
Greenpeace espera que ahora prevalezca la
visión de que las ballenas deben permanecer
dentro de nuestros océanos y lejos
de los arpones.
+ Más
España cierra central
nuclear
Julio 15, 2011 - La Audiencia
Nacional de España confirmó
el cierre definitivo de la central nuclear
de Santa María de Garoña (Burgos)
para 2013, en respuesta a la exigencia de
Greenpeace, Ecologistas en Acción y
la Confederación General del Trabajo
de ese país.
El tribunal rechazó las apelaciones
de la empresa Nuclenor, dos sindicatos y el
gobierno regional de Castilla y León,
y decidió no prolongar el funcionamiento
de la planta hasta el año 2019. El
fallo también confirma que no habrá
indemnización para la empresa Nuclenor.
Las organizaciones ecologistas
celebran que Garoña no siga funcionando
hasta 2019, pero cuestionan que se siga permitiendo
su operación con sistemas de seguridad
muy degradados y con los graves problemas
de contaminación térmica en
el río Ebro.
Esta sentencia otorga además
la potestad al gobierno español para
proceder al cierre de las centrales nucleares
cuando expire su permiso de explotación
y no dar una renovación. Ahora, las
organizaciones ambientalistas solicitan que
no se renueve el permiso de explotación
de la central de Ascó I, en Tarragona,
que expira el próximo 1 de octubre
y piden al gobierno que establezca un calendario
de cierres de las otras siete centrales nucleares,
según vayan expirando estos permisos.
