Publicado el 11 julio 2011
En la recta final del proceso de aprobación
del Real Decreto que regula los Contratos
Territoriales de Explotación, más
de 20 organizaciones de todos los sectores
insisten en su respaldo a esta figura, recogida
ya en la Ley de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural
Independientemente del retraso que pueda llevar
la puesta en marcha del primer programa derivado
de la Ley de desarrollo sostenible del medio
rural, está claro que nadie podría
oponerse a la aplicación de medidas
que pretenden mejorar la calidad de vida en
el medio rural, como la superación
de deficiencias en servicios básicos
e infraestructuras, la mejora del patrimonio
o el fomento de nuevas actividades económicas.
De hecho, sin apenas experiencias previas
similares, la propia OCDE ha identificado
esta Ley como un nuevo referente para las
políticas de desarrollo rural.
Dentro de esas medidas, se contempla el uso
de Contratos Territoriales de Explotación
como una forma de apoyar a la agricultura
territorial. Es necesario señalar que
estos contratos, en caso de aprobarse la norma
en tramitación, no serían obligatorios
para los agricultores, y tampoco tienen nada
que ver con los requisitos medioambientales
de la condicionalidad que deben cumplir aquellos
que reciben ayudas de la PAC, por lo que no
supondrían un aumento de obligaciones.
Beneficios potenciales
Más bien al contrario, esta herramienta
busca apoyar a aquellos agricultores y ganaderos
que de forma voluntaria suscriban compromisos
para la conservación del suelo, el
agua, la biodiversidad, el paisaje, la lucha
contra el cambio climático o un mayor
avance en la multifuncionalidad de su actividad.
A cambio, tendrían preferencia o prioridad
para ciertas ayudas o incluso una remuneración
por la producción de estos bienes públicos,
no compensados por el mercado, lo que favorecería,
además, la fijación de la población
en el territorio y la creación o mantenimiento
del empleo agrario, especialmente en aquellas
zonas donde esta actividad tiende a ser menos
productiva o rentable pero posee un alto valor
ambiental y social. Además, pueden
ser una forma de simplificar la gestión
y aplicación, para todas las partes,
de un conjunto de medidas con objetivos similares,
disminuyendo los trámites burocráticos
a los que hacen frente los agricultores y
ganaderos en su quehacer diario
Asimismo, conviene recordar que ya el pasado
16 de febrero se lanzó otro comunicado
firmado como ahora por unas 20 organizaciones,
entre ellas, las organizaciones agrarias,
UPA y COAG, los sindicatos CC.OO. y UGT, numerosas
organizaciones ambientales, asociaciones de
mujeres del medio rural, la Red Española
de Desarrollo Rural y otras organizaciones
territoriales, manifestando su apoyo a estos
contratos.
Referente europeo
En Francia ya se pusieron en marcha estos
contratos en 1999 y, junto con las enseñanzas
de estos años, aún se mantienen.
Según un informe del propio ministerio
francés, en 2003, se subscribieron
50.000 contratos, el 12% de las explotaciones
agrícolas, lo que representa una buena
acogida por parte del sector. Los expertos
afirman que han incidido notablemente en una
mayor consideración de la componente
ambiental, han ayudado al desarrollo de signos
de calidad y han permitido una apertura del
mundo agrario a otros actores del territorio
como las organizaciones ambientales, instituciones
públicas locales y sociedad civil en
general, algo que el mundo rural español
necesita igualmente. De hecho, también
en España se pueden encontrar casos
de aplicación de este tipo de contratos,
en distintas fases y/o escalas, como en Baleares,
Asturias o Cataluña, y el proyecto
de Real Decreto ya en trámite reconoce
expresamente la posibilidad de que estos contratos
previos puedan seguir manteniéndose
una vez aprobada la norma nacional.
Por último, sólo queda pedirle
al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, al Gobierno, que se hagan eco del
gran apoyo que tienen estos contratos desde
la mayor parte de sectores del medio rural,
principalmente los propios agricultores, y
no dilate más la aprobación
un Real Decreto que no supone ninguna amenaza
a la agricultura ni a los agricultores, como
se plantea desde algunas organizaciones, si
no que más bien pretende mejorar el
apoyo a aquéllos que aportan más
a la sociedad en su conjunto, en términos
de paisaje, biodiversidad y cultura. Además,
les permitiría prepararse para las
nuevas orientaciones de la Política
Agraria Común, hacia un mayor compromiso
con el medio ambiente y la cohesión
territorial.
