De esta manera las tres
principales marcas
de ropa deportiva del mundo aceptan el desafío
“Detox” de Greenpeace
El compromiso llega tan sólo siete
semanas después de que Greenpeace publicara
su informe “Trapos Sucios” (3), que revelaba
los vínculos comerciales entre las
principales marcas de ropa (4) - entre ellas
Adidas, Nike (5) y Puma (6)- y proveedores
responsables del vertido de sustancias tóxicas
a los cauces de ríos en China. Tras
este informe, Greenpeace presentó la
semana pasada un nuevo informe “Trapos sucios
2: aireando la ropa” (7) que aportaba información
sobre contaminación con tóxicos
del agua, por la presencia de sustancias peligrosas
(en concreto, de nonilfenol etoxilato) en
las prendas de 14 marcas internacionales entre
ellas H&M y Abercrombie & Fitch.
“El compromiso de Adidas
de acabar con los vertidos demuestra que reconocen
que no existen “límites seguros” y
que sólo es aceptable para ellos la
eliminación total de las sustancias
peligrosas de su cadena de suministro. Son
muy buenas noticias para el medio ambiente,
nuestros ríos y para millones de personas,
que en China y en otros lugares, dependen
de estos cursos de agua para su subsistencia”,
ha declarado Sara del Río, responsable
de la campaña de Tóxicos de
Greenpeace.
Como parte de este acuerdo,
Adidas ha incluido acciones inmediatas muy
específicas, entre las que se encuentra
una eliminación progresiva del nonilfenol
etoxilato NPE, bajo el precepto de que no
existen “límites seguros”, y el compromiso
de trabajar en todos los niveles de su cadena
de suministro. Adidas también se ha
comprometido a asegurar total transparencia
sobre las sustancias químicas que se
viertan desde las fábricas de sus proveedores.
Explícitamente se ha comprometido a
trasladar este enfoque a toda la industria
más allá de su propio plan de
aplicación, que presentará en
las próximas siete semanas.
“El camino hacia el “vertido
cero” de sustancias peligrosas es largo y
mientras Nike, Adidas y Puma siguen compitiendo
en la carrera hacia un futuro sin tóxicos.
Es urgente por eso que sus palabras se conviertan
en acciones y cambios reales en el terreno”,
añade Del Río, “Estas marcas
abren la huella para muchas otras empresas.
Por eso la transparencia es clave para movilizar
a todo un sector en esta carrera”.
“Descontaminar” la cadena
de producción y productos está
ahora de moda entre las grandes marcas, y
en este momento son varias las que quieren
aceptar el desafío “Detox” de Greenpeace,
tales como Lacoste (8), G-Star Raw (9), Uniqlo
(10) y la marca deportiva china Li Ning. Greenpeace
está en conversaciones con todas estas
marcas para que trasladen sus compromisos
iniciales en un fuerte compromiso individual
de empresa.
Notas:
(1) Adidas publicó una declaración
inicial el 26 de agosto que al final fue reemplazada
por un compromiso más exhaustivo en
la noche del 30 de agosto, tras un largo diálogo
con Greenpeace.
(2) El compromiso de Adidas
se puede encontrar en:
http://www.adidas-group.com/en/sustainability/statements/2011/Commitment_to_Zero_Discharge_Aug_2011.aspx
(3) Una investigación
de un año de duración sobre
la contaminación tóxica del
agua en China ha encontrado vínculos
comerciales entre algunas empresas textiles,
entre ellas Nike y Adidas, y fábricas
en China que vierten sustancias químicas
persistentes, bioacumulativas y que se comportan
como alteradores hormonales. Los resultados
de la investigación proporcionan una
instantánea de la clase de productos
químicos tóxicos que son liberados
por la industria textil a los cauces de todo
el mundo, y son indicativos de un problema
mucho más amplio que está teniendo
consecuencias graves y de largo alcance para
las personas y la vida silvestre .
+ Más
Las ONG ecologistas se oponen
a la modificación de la Ley de Aguas
aprobada en el último Consejo de Ministros
Madrid 30/08/11. Las 5 ONG
ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente
del MARM, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas
en Acción y Amigos de la Tierra rechazan
la modificación de la Ley de Aguas
aprobada en el último Consejo de Ministros
al considerar que es anticonstitucional, rompe
la unidad de cuenca y presenta graves irregularidades
formales. Las ONG exigen la retirada del Real
Decreto Legislativo y un debate público
sobre la política de aguas de este
país.
El Consejo de Ministros,
del 26 de agosto, aprobó, por sorpresa,
un Real Decreto Ley por el que se reforma
el Texto Refundido de la Ley de Aguas para
que las Comunidades Autónomas puedan
asumir competencias en materia de policía
de dominio público hidráulico.
Inicialmente será aplicable para Cataluña,
Aragón y Andalucía al tenerlo
previsto en sus estatutos. Se trata de una
reforma que tenía que haber sido debatida
preceptivamente en el Consejo Nacional del
Agua y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
La modificación supone
ceder a las Comunidades Autónomas las
competencias de control y vigilancia que,
hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias,
corresponden a las Confederaciones hidrográficas
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, quedando por tanto el cumplimiento
de las políticas de agua en las Comunidades
Autónomas.
A juicio de las ONG ecologistas
se trata de un paso más del gobierno
para desmantelar cualquier posibilidad de
una política estatal de agua.
Con esta modificación,
el Estado, que hasta ahora defendió
de forma sistemática la exclusividad
constitucional de esta competencia ante el
Tribunal Constitucional, da un giro de 180º
y renuncia a sus competencias.
Las ONG también critican
la precipitación con la que se ha llevado
a cabo esta modificación, empleando
un mecanismo, el Real Decreto Legislativo
que la Constitución solo reserva para
asuntos "de extraordinaria y urgente
necesidad".
Dado que las Cortes tienen
que refrendarlo en un plazo inferior a 30
días, las ONG solicitarán a
los grupos parlamentarios que se opongan a
esta modificación y que defiendan la
competencia exclusiva de la Administración
General del Estado en la policía del
Dominio Público Hidráulico en
las cuencas intercomunitarias. En el caso
de aprobarse en las Cortes, las ONG acudirían
al Defensor del Pueblo para que lo recurra
ante el Tribunal Constitucional.
