Publicado el 30 agosto 2011
Las ONG ecologistas se oponen a la modificación
de la Ley de Aguas aprobada en el último
Consejo de Ministros
• La modificación no fue consultada
ni al Consejo Nacional del Agua ni al Consejo
Asesor de Medio Ambiente
• La modificación es anticonstitucional
y supone, de facto, romper la unidad de cuenca
Las 5 ONG ecologistas del Consejo Asesor de
Medio Ambiente del MARM, WWF, SEO/BirdLife,
Greenpeace, Ecologistas en Acción y
Amigos de la Tierra rechazan la modificación
de la Ley de Aguas aprobada en el último
Consejo de Ministros al considerar que es
anticonstitucional, rompe la unidad de cuenca
y presenta graves irregularidades formales.
Las ONG exigen la retirada del Real Decreto
Legislativo y un debate público sobre
la política de aguas de este país.
El Consejo de Ministros,
del 26 de agosto, aprobó, por sorpresa,
un Real Decreto Ley por el que se reforma
el Texto Refundido de la Ley de Aguas para
que las Comunidades Autónomas puedan
asumir competencias en materia de policía
de dominio público hidráulico.
Inicialmente será aplicable para Cataluña,
Aragón y Andalucía al tenerlo
previsto en sus estatutos. Se trata de una
reforma que tenía que haber sido debatida
preceptivamente en el Consejo Nacional del
Agua y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
La modificación supone ceder a las
Comunidades Autónomas las competencias
de control y vigilancia que, hasta ahora,
en las cuencas intercomunitarias, corresponden
a las Confederaciones hidrográficas
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, quedando por tanto el cumplimiento
de las políticas de agua en las Comunidades
Autónomas. A juicio de las ONG ecologistas
se trata de un paso más del gobierno
para desmantelar cualquier posibilidad de
una política estatal de agua.
Con esta modificación, el Estado, que
hasta ahora defendió de forma sistemática
la exclusividad constitucional de esta competencia
ante el Tribunal Constitucional, da un giro
de 180º y renuncia a sus competencias.
Las ONG también critican la precipitación
con la que se ha llevado a cabo esta modificación,
empleando un mecanismo, el Real Decreto Legislativo
que la Constitución solo reserva para
asuntos “de extraordinaria y urgente necesidad”.
Dado que las Cortes tienen que refrendarlo
en un plazo inferior a 30 días, las
ONG solicitarán a los grupos parlamentarios
que se opongan a esta modificación
y que defiendan la competencia exclusiva de
la Administración General del Estado
en la policía del Dominio Público
Hidráulico en las cuencas intercomunitarias.
En el caso de aprobarse en las Cortes, las
ONG acudirían al Defensor del Pueblo
para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.
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Ecologistas en Acción,
SEO/BirdLife y WWF piden una investigación
a fondo de la muerte de un lince en Ciudad
Real y muestran su rechazo al empleo de métodos
de control de predadores
Publicado el 21 agosto 2011
La muerte de un lince ibérico en una
caja trampa, ocurrida en una finca de Ciudad
Real el pasado miércoles, ha puesto
de manifiesto el peligro que representa el
empleo de los métodos de control de
predadores. Las cajas trampa y los lazos causan
la muerte de un gran número de ejemplares
de especies protegidas. Las tres organizaciones
solicitan una investigación a fondo
a la Consejería de Agricultura de Ciudad
Real para que se aclaren a fondo los hechos
y exigen que se suspendan de inmediato todas
las autorizaciones de control de predadores.
Para Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife
y WWF la muerte de “Grazalema” es un hecho
de enorme gravedad. La pérdida de un
lince ibérico en una zona en la que
se está recuperando la población,
lo que pone en riesgo el plan de recuperación
de la especie para el que la UE acaba de destinar
una gran suma de fondos. Por otra parte, la
muerte ha sido causada por el empleo de métodos
de control de predadores, cuyo uso está
ampliamente extendido en los cotos de las
zonas linceras y su entorno, en especial en
Castilla-La Mancha, debido a la política
permisiva de las Delegaciones de Agricultura.
El control de predadores
es una práctica muy habitual en España,
que no tiene eficacia para reducir las poblaciones
de zorro y que, sin embargo, resulta peligrosa
y perjudicial para la conservación
de la biodiversidad. De hecho, los principales
métodos empleados (cajas trampas y
lazos), resultan muy poco selectivos y, en
lugar de eliminar exclusivamente las especies
para las que se han colocado (caso del zorro
o de ciertos córvidos), acaban matando
otras especies de predadores, todas ellas
protegidas por la ley.
De esta forma se produce
el efecto contrario al deseado: la desaparición
de predadores como el lince acaba por favorecer
justamente a las especies más generalistas,
como el zorro, que acaban predominando en
la zona. Así, el modelo de gestión
pensado para hacer desaparecer a una especie
como el zorro, ha conseguido justamente que
esta especie sea el carnívoro predominante.
A juicio de las organizaciones,
no debe hacerse control de predadores, sino
control de la depredación a través
de la gestión del hábitat. En
zonas con hábitats complejos y una
comunidad de carnívoros variada, la
densidad de zorros disminuye, y con ella,
su posibilidad de depredar sobre especies
de i9nterés para la caza, como conejos
y perdices.
Asimismo las tres organizaciones defienden,
apoyándose en trabajos científicos
y en la experiencia sobre el terreno, que
la caja trampa es el método menos selectivo
de todos, ya que con el mismo raramente se
capturan zorros mientras que otras especies,
como linces, gatos monteses o incluso aves
rapaces, caen con facilidad. Justamente la
escasa selectividad de estos métodos
ha producido en las últimas décadas
la desaparición de muchas especies
de predadores en amplias zonas del país.
De hecho el uso de lazos y cajas trampas ha
sido la principal causa de desaparición
del lince ibérico en muchas áreas
de presencia tradicional de la especie.
Según las ONG no
tiene ningún sentido que se inviertan
grandes cantidades de fondos europeos y nacionales
en la recuperación del lince ibérico,
si al mismo tiempo no se corrige una de las
principales causas de su desaparición.
¿Qué dice
la Ley?
El control de predadores se está aplicando
de forma ilegal y sin ningún tipo de
control por parte de la administración
en importantes áreas de ciertas comunidades
como la propia Castilla-La Mancha. La ley
42/207 en su artículo 62.3a prohíbe
la utilización de todos los procedimientos
masivos y no selectivos para la captura o
muerte de animales. Además en su apartado
g de este mismo artículo especifica
que “los métodos de control de predadores
que sean autorizados por parte de las Comunidades
Autónomas deberán sido homologados
en base a los criterios de selectividad y
bienestar animal fijados por los acuerdos
internacionales”. A pesar de esta prohibición
y pese a que ningún método ha
sido homologado hasta la fecha, en varias
provincias españolas como Albacete
o Ciudad Real se ha seguido autorizando el
uso de estas prácticas.
Además estas autorizaciones,
que deberían darse de forma excepcional,
ser públicas y cuyos resultados deberían
ser remitidos al Ministerio de Medio Ambiente,
se vienen generalmente concediendo con regularidad,
independientemente de la presencia o no de
especies amenazadas o protegidas, sin que
se haya demostrado realmente la necesidad
de utilizar estas técnicas de forma
excepcional y sin que se hayan agotado otras
vías más adecuadas, la mejora
del hábitat o la captura de especies
objetivo durante la temporada de caza.
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife
y WWF solicitan que se suspenda de forma inmediata
toda autorización de cualquier actividad
de control de predadores por parte de las
Comunidades Autónomas hasta que se
especifiquen las condiciones de excepcionalidad
que se deben aplicar para su autorización
y hasta que no se homologue algún método
que garantice una verdadera selectividad en
su funcionamiento. Por otro lado piden que
se inviertan esfuerzos en desarrollar acciones
encaminadas a la mejora de las condiciones
del hábitat y a la consecución
de un adecuado equilibrio ecológico.
Especialmente las organizaciones solicitan
que se prohíba, de forma inmediata,
en todo el territorio nacional y de forma
definitiva el uso de cajas trampa, dada su
escasa eficacia, su nula selectividad y su
peligrosidad para las especies protegidas.
Por último los tres grupos solicitan
a la Consejería de Agricultura que
realice una investigación a fondo para
esclarecer las causas y las circunstancias
en las que se ha producido este accidente.
Las ONG van a solicitar una reunión
a la Consejería de Agricultura para
que se les informe del resultado de esta investigación
y de las medidas que se tomarán para
que no vuelva a ocurrir una situación
así.
