Publicado
el 20 septiembre 2011 - Dan a conocer la carta
enviada a la Ministra de Medio Ambiente en
la que denuncian cómo se ha hecho la
reforma
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España
publican hoy una carta enviada el pasado 5
de septiembre a la Ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. En este
documento rechazan el cambio de la Ley de
Aguas porque supone pasar el control del Dominio
Público Hidráulico a las comunidades
autónomas de Andalucía, Aragón
y Cataluña.
En la carta, las ONG denuncian
las formas empleadas para esta modificación,
ya que fue aprobada en el Consejo de Ministros
del pasado 26 de agosto por vía de
extrema urgencia a través de un Real
Decreto-ley . Estas organizaciones cuestionan
su urgencia y constitucionalidad, y llaman
la atención sobre el riesgo que supone
que las comunidades autónomas no actúen
con determinación y objetividad en
la protección del Dominio Público
Hidráulico. Ante la convalidación
del Real Decreto-ley en el Congreso el pasado
15 de septiembre, las ONG pedirán a
la Defensora del Pueblo que recurra la modificación
ante el Tribunal Constitucional.
Estas ONG consideran que, en lugar de hacer
cambios parciales y precipitados, el Gobierno
debería haber planteado una reforma
profunda de la administración hidráulica.
Esta petición se basa en que las estructuras
y organizaciones actuales no se corresponden
con los retos modernos de la gestión
del agua, como es cumplir en forma y plazo
los requerimientos de la Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea. Además,
recuerdan que esta reforma hay que llevarla
a cabo con serenidad y transparencia, con
el máximo respeto hacia la sociedad
civil, los usuarios del agua y la unidad de
cuenca.
Según los grupos ecologistas, esta
última legislatura ha sido nefasta
en política de aguas, con numerosas
y flagrantes infracciones de la normativa
estatal y comunitaria en todo el país.
Por ello, piden para la próxima legislatura
que el Gobierno y las Comunidades Autónomas
recuperen el tiempo perdido en los últimos
años y den un salto cualitativo en
la protección y buena gestión
de los acuíferos, ecosistemas fluviales,
humedales y aguas costeras, tal y como establece
la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua
– creando, además, instituciones capaces
de garantizarlo.
Notas al editor:
1. Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto,
por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la
aplicación del Convenio Internacional
sobre el embargo preventivo de buques y se
regulan competencias autonómicas en
materia de policía de dominio público
hidráulico.
