Publicado el 08 septiembre
2011 - Casi 100 sanciones por el uso de cebos
envenenados en España desde 2004
La Audiencia Provincial de Ciudad Real confirmaba
recientemente la condena por uso de cebos
envenenados en la Finca el El Chiriví
(Torrenueva , Ciudad
Real). Desde 2004 WWF ha podido conocer cerca
de cincuenta condenas penales por delitos
de este tipo en todo el territorio nacional.
CCAA como Aragón, Asturias, Navarra
o Madrid no han dictado ninguna sanción
administrativa. Solo Andalucía, Castilla
y León, Castilla-La Mancha y Cataluña
están aplicando este tipo de medidas
legales.
La justicia confirmaba que en febrero de 2005,
los dos guardas de la finca El Chiriví
(Torrenueva, Ciudad Real), “siguiendo instrucciones
del arrendatario del coto de caza, con la
finalidad de dar muerte a los predadores y
con conocimiento de los efectos destructivos
para la fauna, procedieron a la colocación
de 130 cebos envenenados en trece localizaciones
distintas y lazos de los que fueron localizados
331 lazos, más de 100 de ellos sin
freno, y 59 lazos para jabalíes, entre
otras artes ilegales”.
El Juzgado condenaba así
al arrendatario y a los dos guardas de la
finca. Las penas, para cada uno de ellos,
son de un año de prisión e inhabilitación
para la caza por dos años. La resolución
se basa en la gravedad de los hechos, la cantidad
de cebos envenenados y lazos, así como
el potencial peligro que su colocación
suponía para especies como el águila
imperial ibérica, el buitre negro o
el milano real, entre otras.
En toda España, desde
2004, WWF ha podido conocer cerca de cincuenta
condenas por delitos de uso de cebos envenenados.
Además, las administraciones ambientales
han llevado a cabo, en distintas Comunidades
Autónomas, un número mayor de
suspensiones de la actividad cinegética
–como medida recuperadora de la zona afectada
por el veneno – , sanciones de multa y otras
medidas administrativas recogidas en la normativa
de caza o de conservación de la naturaleza.
En conjunto superan el centenar las sanciones
o resoluciones adoptadas.
Destaca la provincia de Lérida con
nueve sentencias condenatorias por veneno,
catorce personas condenadas y diez cotos de
caza cerrados por esta causa, gracias al eficaz
trabajo del grupo especializado en investigación
en furtivismo y venenos del cuerpo de agentes
rurales de esta provincia.
Si bien el número
de sentencias va aumentando progresivamente,
gracias en buena parte al impulso que ha supuesto
la reciente creación de las fiscalías
de medio ambiente, sigue siendo insuficiente
para disuadir de esta práctica ilegal.
La situación, por
CCAA (Ver desglose por CCAA al final de la
nota)
En cuanto a las comunidades autónomas,
WWF publicaba recientemente un estudio exhaustivo
de la lucha contra el veneno en España
con completas fichas de la actuación
de cada una de las Comunidades Autónomas
y la ‘nota’ obtenida. http://tinyurl.com/3pcutsk
. Uno de los resultados más llamativos
es que CCAA como por ejemplo Aragón,
Asturias, Navarra o Madrid no han dictado
sanciones administrativas por veneno, pese
a registrar gran cantidad de casos y especies
envenenadas. Solo Andalucía, Castilla
y León, Castilla-La Mancha y Cataluña
están aplicando regularmente este tipo
de medidas legales, aunque, incluso en éstas,
la eficacia es muy desigual según las
provincias.
Luis Suárez, responsable del Programa
de Biodiversidad terrestre de WWF España,
comenta: “Es necesaria más eficacia
en la persecución legal de estas conductas
por las administraciones ambientales, ya que
la vía administrativa es más
ágil y operativa que la vía
penal. Gran parte de casos podrían
terminar acabar con una sanción administrativa
si existe voluntad para ello”
Sanciones por casos de veneno desglose por
CCAA
Andalucía: En 2010 y 2011 se han producido
resoluciones ejemplarizantes como suspensión
o vedado de caza en cotos con episodios graves
de envenenamiento en provincias como Almería,
Cadiz, Málaga o Granada(en estas dos
últimas no se habían producido
anteriormente) , sin embargo se echan en falta
en provincias como Sevilla o Huelva, donde
anteriormente sí se habían tomado
este tipo de medidas.
Aragón: No existen sanciones administrativas,
a pesar de haber casos muy relevantes de veneno
en los últimos años.
Asturias: No hay sanciones administrativas.
El uso es, principalmente, por ganaderos contra
el lobo.
Canarias: Nohay sanciones administrativas
, pese a ser frecuente el uso ilegal de cebos
envenenados por parte de cazadores y agricultores.
Cantabria: No hay sanciones administrativas
por veneno .
Castilla-La Mancha: En 2010 y 2011 solo Toledo
y Albacete han suspendido la actividad cinegética
por casos de veneno y han sancionado algunos
casos .
Castilla y León: En 2010 y 2011 resoluciones
de suspensión de caza tras episodios
de envenenamiento en varias provincias , como
Ávila y Salamanca. Se ha retirado una
parte de las ayudas a algunos ganaderos a
los que se les ha probado el uso de veneno.
Cataluña: Hay una muy seria labor de
persecución y sanción del uso
de cebos envenenados en la provincia de Lérida
, pero no en el resto de provincias de Cataluña.
Comunidad Valenciana: No hay sanciones administrativas
por casos de veneno , pese a ser frecuente
este uso en cotos de caza de la Comunidad.
Extremadura: Sólo se conoce una redsoluciñon
de suspensión d ela caza por un caso
grave de envenenamiento y fue en 2009.
Galicia: No hay sanciones administrativas
, pese a que el uso d ecebos envenenados es
habitual en cotos de caza y en algunas zonas
ganaderas.
Islas Baleares: Escasean este tipo de resoluciones
. El último cierre de coto de caza
por veneno que conocemos se produjo en 2009.
La Rioja: No hay sanciones administrativas
por veneno.
Madrid: No hay sanciones administrativas por
veneno en Madrid, pese a ser la provincia
con mayor número de casos de envenenamientos
de Águilas Imperiales , junto con la
provincia de Toledo.
Murcia: No hay sanciones
administrativas por veneno .
Navarra: No hay sanciones administrativas
por casos de cebos envenenados. El caso del
Alimoche es quizá el más conocido
en cuanto a su declive por veneno en zonas
clave de la Comunidad como es el caso de la
zona de Bárdenas (Navarra –Aragón
), donde el número de parejas reproductoras
caía de 56 en 1989 a 26 en 2007.
País Vasco: No hay sanciones administrativas
por veneno.
