Publicado el 03 octubre
2011 - Un amplio elenco de organizaciones
ambientales, profesionales, científicas
y entidades de diferentes sectores firman
una declaración conjunta para rechazar
la reciente modificación de la Ley
de Aguas. Con este escrito solicitan que el
Estado vuelva a controlar el Dominio Público
Hidráulico de los ríos que recorren
las comunidades autónomas de Andalucía,
Aragón y Cataluña. También
rechazan la supuesta urgencia y la nula participación
pública en su tramitación.
Un importante grupo de colectivos profesionales,
ambientales, científicos y de diferentes
ámbitos se unen para rechazar la modificación
de la Ley de Aguas. Todos ellos consideran
que el control y vigilancia del agua son una
herramienta fundamental para asegurar la buena
gestión de este recurso cuando los
ríos atraviesan varias comunidades
autónomas.
Por ello, exigen el cambio
del texto refundido por la Ley de Aguas aprobado
por el Gobierno el pasado 26 de agosto, ya
que transfiere el control del Dominio Público
Hidráulico a las comunidades autónomas
de Andalucía, Aragón y Cataluña.
Cabe recordar que las tres solicitaron en
sus Estatutos de Autonomía las competencias
de vigilancia y gestión de las concesiones
de agua.
Los firmantes coinciden en rechazar que la
reforma se ha llevado a cabo mediante un trámite
de “excepcional y urgente necesidad” insuficientemente
justificado y sin consultar ni al Consejo
Nacional de Agua ni al Consejo Asesor de Medio
Ambiente, como exige la legislación
sobre aguas.
Esta modificación de la Ley de Aguas
supone un ataque tan grave a la gestión
del agua por unidad cuenca hidrográfica,
que ha propiciado que grupos con intereses
en muchos casos contrapuestos se unan para
resaltar la puesta en peligro de los principios
modernos en la gestión del agua imperantes
en la UE. Este grupos también lamentan
que España, a pesar de ser un país
pionero en este tipo de gestión por
cuencas, esté cediendo las presiones
de las CCAA. El resultado es que un río
que transcurre por Andalucía, Aragón
o Cataluña es gestionado, parcialmente,
por esta comunidad y, parcialmente, por el
Estado, con la complejidad que esto supone.
Las organizaciones firmantes recuerdan que
sólo una gestión del agua por
cuencas hidrográficas, y no por límites
geográficos, garantiza que todas las
demandas y funciones ambientales de los ríos,
como el aporte de agua y la depuración,
se puedan cumplir y que la gestión
del agua quede a salvo de determinados intereses
particulares desde sectores locales.
WWF enviará esta declaración
al Defensor del Pueblo para darle a conocer
el amplio rechazo de la sociedad a esta iniciativa
que pone en peligro la unidad de gestión
por cuencas hidrográficas que exige
la Directiva Marco del Agua.
