Publicado el 05 octubre
2011 - Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife y
WWF muestran su alarma ante las declaraciones
de Pio Garcia-Escudero ayer en Cantabria.
El portavoz del Partido Popular en el Senado
calificó la Ley de Costas de “utópica”,
afirmó que “está mal hecha”
y que Rajoy está de acuerdo en modificarla
inmediatamente. Esto perpetuaría las
construcciones ilegales ubicadas en el suelo
público.
Hace solo unos días, las principales
organizaciones ecologistas del país
presentaban sus propuestas a los diferentes
grupos políticos para ser incluidas
en sus programas electorales. Entre ellas
pedían que se comprometiesen al pleno
cumplimiento de la Ley de Costas, único
instrumento que garantiza el uso y disfrute
público del litoral y principal freno
a la privatización y el avance de la
destrucción de la costa.
Las organizaciones ecologistas denuncian que
la Ley de Costas se ha convertido en el objetivo
a batir para algunos partidos políticos
que vienen intentando hacer modificaciones
“a la carta” de esta ley para satisfacer los
intereses de determinados grupos de presión
minoritarios. El objetivo de esta presión
sobre la ley es modificar su articulado para
legalizar su situación irregular y
adueñarse definitivamente del espacio
que ocupan en el dominio público marítimo
terrestre y que es propiedad de todos.
Las declaraciones de Pío García-Escudero
son un paso más en el intento del Partido
Popular para legalizar determinadas instalaciones
privadas situadas dentro del dominio público
en Cantabria. El pasado mes de febrero ya
consiguió que el Senado aprobara esta
reforma a la baja de la Ley con el apoyo de
CIU.
Para las organizaciones ecologistas lo que
se pretende ahora es utilizar como excusa
la situación particular de algunas
instalaciones en Cantabria afectadas por la
Ley de Puertos, y para las que se podrían
encontrar soluciones contempladas por la ley,
abriendo una puerta que permitirá la
privatización de gran parte de la costa
española.
Las organizaciones ecologistas insisten en
que la ocupación de la costa para usos
que, como en este caso, pueden tener otra
ubicación, no está justificada
ni desde el punto de vista ambiental ni legal.
Recuerdan además al Partido Popular
que la modificación que pretende no
es acorde a derecho y que el Tribunal Constitucional
ya se pronunció declarando que era
legal que las concesiones otorgadas se extinguieran
conforme fueran venciendo, recuperando así
el dominio público marítimo
terrestre para el uso de la ciudadanía.
Además, las organizaciones ecologistas
rechazan los argumentos del Partido Popular
sobre el perjuicio económico que representa
para las empresas en situación irregular
la aplicación de esta norma. Precisamente
recuerdan que el cumplimiento estricto de
la Ley de Costas es la única vía
para prevenir los daños millonarios
que provocan temporales y avenidas, así
como la única posibilidad de mitigar
los impactos ciertos que tendrá el
cambio climático en las instalaciones
ubicadas en el dominio público marítimo
terrestre.
