En el informe se detalla,
entre otras, a Eskom, BASF, ArcelorMittal,
BHP Billiton, Shell
y Koch Industries.
Greenpeace entregó
ayer su informe ¿Quién nos impide
avanzar? en el que se afirma que la industria
intensiva en carbono obstaculiza la puesta
en marcha de la legislación contra
el cambio climático.
Se evidencia en él
que la presión de un pequeño
grupo formado por las industrias más
contaminantes del mundo, entre las que se
encuentran Eskom, BASF, ArcelorMittal, BHP
Billiton, Shell y Koch Industries, así
como gran variedad de asociaciones industriales,
está directamente relacionada con el
progreso o retroceso de la negociación
climática que se lleva a cabo en vísperas
de Cumbre Internacional del Clima que comienza
el próximo lunes en Durban (Sudáfrica).
Paralelamente a la difusión
del informe, Greenpeace ha impulsado una campaña
en la que se le pregunta “de qué pasta
están hechos” a líderes como
José Manuel Durao Barroso, Presidente
de la Comisión Europea, Barack Obama,
Presidente de Estados Unidos, Stephen Harper,
Primer ministro de Canadá o Jacob Zuma,
Presidente de Sudáfrica.
Esta campaña, ilustrada
con el busto de los diferentes líderes
políticos compuesto por los logos de
las compañías que aparecen en
el informe, apunta a recordar a los gobiernos
que acudirán a la cita en Durban la
necesidad de escuchar a la sociedad y no a
los fabricantes del cambio climático.
“Nuestros gobiernos deben escuchar al sector
industrial del mismo modo que deben hacerlo
con el resto de actores sociales, pero es
inaceptable que prioricen los intereses de
un reducido grupo de compañías,
dándoles acceso privilegiado a la agenda
climática nacional e internacional
a costa del clima y de la economía
de todos. Vivimos momentos históricos
en cuanto a voluntad de la sociedad de participar
en el proceso político y de involucrarse.
Cada vez son más los ciudadanos y empresas
que demandan mayor acción climática
y los gobiernos no pueden seguir haciendo
oídos sordos” declaró Greenpeace.??
La organización ha informado sobre
varios otros estudios que confirman los avances
del cambio climático y su relación
inequívoca con la actividad humana.
Los dos últimos documentos publicados
al respecto han sido el informe del IPCC sobre
la relación del cambio climático
y el empeoramiento de los fenómenos
meteorológicos extremos y el de la
Agencia Mundial del a Meteorología
presentado hace unos días, en el que
se documenta un nuevo récord de emisiones
en 2010.
Según la organización
ecologista, este es el motivo de la creciente
preocupación de la sociedad por el
clima, puesta de manifiesto en varios estudios
recientes.
Greenpeace establece las
siguientes demandas para la Cumbre Climática
en Durban, Sudáfrica:
Fijar el pico de emisiones
globales en 2015 y el plan de trabajo para
alinear las reducciones de emisiones y la
ciencia.
Asegurar la supervivencia del Protocolo de
Kioto y acordar un mandato para alcanzar un
acuerdo global legalmente vinculante.
Establecer cómo van a hacerse efectivas
las aportaciones financieras hasta alcanzar
los 100.000 millones de dólares anuales
comprometidos para 2020.
Aprobar el mecanismo de lucha contra la deforestación,
con las salvaguardas necesarias y una ventana
específica de financiación.
Operativizar los mecanismos que gestionen
las necesidades de adaptación y transferencia
tecnológica.
Asegurar transparencia en la rendición
de cuentas y monitoreo sobre las acciones
llevadas a cabo en el marco del proceso de
negociación climática internacional.
Garantizar la transparencia del proceso de
negociación en si y la participación
de la sociedad civil.
+ Más
¡Exigimos investigación
y protección!
En medio del clima de violencia
que se vive en nuestro país, que ha
dejado víctimas fatales y a miles de
ciudadanos con gran incertidumbre, hoy agregamos
a Greenpeace México.
Nuestra organización recibió
el pasado viernes 25 de noviembre un artefacto
explosivo de fabricación casera, enviado
a través del Servicio Postal Mexicano
(Sepomex), de donde Greenpeace recibe correo
normalmente, y venía dirigido a un
coordinador de campaña de la organización.
El remitente que aparecía en el sobre
era Juan José Suárez Coppel,
director general de Pemex. Al notar que el
paquete contenía polvo negro, cables
y algún tipo de dispositivo, el envío
fue dejado en el patio de la oficina de la
organización y se procedió a
llamar a las autoridades.
De izquierda a derecha:
José Rosario, del Centro de Derechos
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
(Prodh); Edgar Cortez, del Instituto Mexicanode
Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Victor
Suárez, de la Asociación Nacional
de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo (ANEC); Patricia Arendar, directora
ejecutiva de Greenpeace México; Luis
González, presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF);
Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional
de Abogados Democráticos (ANAD); Miguel
Concha, del Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria”; Ricardo Reynoso, del
Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) y Alejandro Calvillo, de El Poder
del Consumidor (EPC). Greenpeace / Iván
Castaneira.
Es importante resaltar que no es la primera
vez que Greenpeace se ve amenazado. Desde
septiembre pasado, Greenpeace dio a conocer
a miembros de la CDHDF y de la PGJDF algunas
menciones de la organización en portales
de grupos que reivindican atentados. Y en
octubre varios de los integrantes de la organización
recibieron un mensaje directo con amenazas
de desaparición y muerte en caso de
que fueran al estado de Guerrero. A raíz
de este último correo, Greenpeace presentó
una averiguación previa con la Fiscalía
de Delitos contra la libertad de expresión,
adscrita a la PGR, y de la cual aún
no hay resultados. También sostuvo
una reunión con el procurador Miguel
Angel Mancera, quien aseguró que habría
más vigilancia. A partir de ese momento,
algunos policías dieron rondines intermitentes
por los alrededores de la oficina.
Cabe señalar que
nuestra constitución señala
en su primer artículo que “todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley”.
Tomando esta ley y los acuerdos
internacionales sobre la material como referencia,
la propia Segob aprobó recientemente
un acuerdo por el que se establecen las bases
de protección de defensoras y defensores
de los derechos humanos, el cual establece
que dichos deberes implican el establecimiento
de las medidas necesarias para proteger las
actividades que despliegan los defensores
y las defensoras de los derechos humanos ante
una situación de riesgo, amenaza o
vulnerabilidad. Hacer que esto se cumpla es,
en primer lugar, responsabilidad de la Segob
y la PGR, instancias de las cuales hasta ahora
no hemos obtenido ninguna respuesta. Exigirla
es una de las razones de esta conferencia.
Luis González, presidente
de la CDHDF, remarcó: “es obligación
de las autoridades garantizar el ejercicio
del derecho humano a defender derechos humanos.
Las agresiones contra defensores que quedan
en la impunidad inhiben a la población
del ejercicio de este derecho”.
En la conferencia también
estuvieron presentes, Edgar Cortez, del Instituto
Mexicanode Derechos Humanos y Democracia (IMDHD);
Victor Suárez, de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC); José
Rosario, del Centro de Derechos Humanos “Miguel
Agustín Pro Juárez” (Prodh);
Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria”; Sergio Madrid,
del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS); Alejandro Calvillo, de
El Poder del Consumidor; Ricardo Reynoso,
del Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi); Manuel Fuentes, de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
e Hilda Salazar, de la Red de Género
y Medio Ambiente, entre otros.
Cabe señalar que
Greenpeace es una organización pacificista,
financiada por los ciudadanos y ciudadanas,
y que durante toda su existencia ha llevado
a cabo sus denuncias, protestas y acciones
bajo el principio de la no violencia.
“Sabemos que el trabajo
de nuestras campañas afecta fuertes
intereses económicos y políticos,
que nuestras denuncias siempre traen nombre
y apellido de quienes destruyen el ambiente
y que lo que hacemos implica riesgos en una
democracia tan frágil como la nuestra.
Sin embargo, este año como nunca Greenpeace
ha sido objeto de ataques que reflejan la
impunidad y la descomposición social
del país”, afirmó Patricia Arendar,
directora ejecutiva de Greenpeace México.
Los ataques de Semarnat
a Greenpeace comenzaron en marzo, cuando la
secretaría utilizó todo el poder
del Estado para descalificar y hostigar a
esta organización. En septiembre, Greenpeace
identificó que era mencionado en sitios
de internet de grupos que se adjudican atentados,
en octubre se recibieron amenazas de muerte
por correo y se tuvo que suspender una actividad
en Guerrero.
“De todo esto las autoridades
han sido informadas con oportunidad, hemos
levantado averiguaciones previas y solicitado
medidas cautelares, sin embargo, la reacción
ha sido muy lenta. ¿Qué más
es necesario que suceda para que las autoridades
actúen?, agregó Arendar”.
“Estos ataques si bien distraen
nuestra atención, no van a lograr que
dejemos de hacer nuestro trabajo: seguiremos
defendiendo a Cabo Pulmo, vamos a detener
las siembras comerciales de maíz transgénico,
impulsaremos nuestra propuesta de revolución
forestal y exigiremos frenar la exploración
petrolera en aguas profundas. Y, por supuesto,
además de nuestras campañas,
haremos todo lo posible por fortalecer el
trabajo y las redes entre organizaciones civiles
para evitar que avance la impunidad, para
que el miedo no se apodere de todos y para
que no se nos arrebaten los espacios democráticos
ganados. Exigimos resultados de las investigaciones
iniciadas, exigimos que se informe a la ciudadanía
sobre los nuevos escenarios que estamos viviendo
y que se tomen con la seriedad que ameritan,
exigimos que el Estado cumpla con su función
de proteger y garantizar la vida de los ciudadanos,
de los defensores de los derechos a un medio
ambiente sano y de las organizaciones de la
sociedad civil”, finalizó Arendar.
Organizaciones que expresan
su solidaridad con Greenpeace
Homero Aridjis, Grupo de
los Cien
Jorge V. Villalobos, Cemefi
Alejandro Calvillo, El poder del consumidor
Alejandro Villamar, RMALC
Odón de Buen, ENTE
Jose Antonio Ordoñez Díaz, Pronatura
Mexico A.C.
David Kaimowitz, Fundacion Ford
Adán Mata del grupo de ejidatarios
de Texcaliacac, Estado de México
Esperanza Salazar, Bios Iguana
Yolanda Alaniz, Comarino
Ingrid Spiller, Fundación Boell
Gustavo Alanís Ortega, Centro Mexicano
de Derecho Ambiental, A.C.
Omar Vidal, WWF
Hilda Salazar. Mujer y Medio Ambiente.
Lorena Vázquez Ordaz, The Hunger Project
México
Lydia Cacho, CIAM Cancún
Alternativas Pacíficas, AC
Miguel Angel García Aguirre, Maderas
del Pueblo del Sureste, AC
Elena Kahn, Guerreros verdes
Areli Sandoval Terán, DESCA Y Social
Watch Mexico, DECA Equipo Pueblo, A.C.
Alma Margarita Oceguera Rodríguez,
OSC Centro Cultural Esperanza Rodríguez,
AC.
Gustavo Sánchez, Red MOCAF
Hilda Salazar, Red de género y medio
ambiente
Carlos A. Vicente, GRAIN
Francisco Valdés Perezgasga, Instituto
Tecnológico de La Laguna
Luis Bustamante, Unión de Grupos Ambientalistas
de México
Grupo Financiamiento Mexicano
Conanp
Gerardo Bocco, del Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental, UNAM
Gustavo Sánchez, de Red Mocaf
Dr. Alejandro Velázquez, Academic Liaison,
UNAM-Canadá
Xavier Treviño Theesz, del Instituto
de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo
Jaime Navia, GIRA A.C.
Patricia Gerez Fernández, INBIOTECA,
Universidad Veracruzana
¡Ni nuclear ni gas!
En esta página Noticia - noviembre
3, 2011
Noviembre 3, 2011. Dejar de apostarle a la
energía nuclear para invertir prioritariamente
en el aprovechamiento de gas shale (o gas
no convencional) para generar electricidad
requiere costosas inversiones y distrae al
gobierno mexicano de la verdadera respuesta
a nuestras necesidades energéticas
que es el uso de las energías renovables,
señaló Greenpeace.
La organización ambientalista aplaude
las declaraciones del titular de la secretaría
de Energía, Jordy Herrera, quien afirmó
que abandonan el plan de construir hasta 10
nuevos reactores nucleares. Es una buena noticia
porque la energía nuclear es altamente
costosa, sucia y riesgosa. Lo grave es que
se tome esta decisión a partir del
descubrimiento de reservas de gas no convencional
en el país, perfilando a este combustible
fósil como un combustible prioritario
para la matriz energética del país.
“Greenpeace ve con agrado
las declaraciones del secretario de energía
respecto a dejar de lado a la energía
nuclear, por ser una de las opciones más
caras e inseguras para generar electricidad,
(Chernobyl, Tres Millas, y Fukushima son prueba
de ello), además de que no resuelve
el problema del cambio climático. Sin
embargo debemos decir que el gas no convencional
también implica severos riesgos de
contaminación del agua debido a su
proceso de obtención y nunca será
más seguro, barato ni limpio que las
energías renovables, de las cuales
México tiene un gran potencial que
no está siendo aprovechado” señaló
Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña
de energía y cambio climático
de Greenpeace México.
De acuerdo con la Energy
Information Administration de Estados Unidos
(U.S.-EIA), las reservas de gas shale son
diez veces superiores a las reservas convencionales
conocidas de gas natural en el país.
Por ello, Pemex planea un ambicioso programa
de exploración en México, proyecta
invertir 200 millones de pesos en estudios
y en 3 pozos más antes de 2013 y esto
es absurdo cuando en México, el promedio
de irradiación solar es de 5 kilowatts
hora, por día, por cada metro cuadrado
de superficie. Nuestro país es considerado
uno de los que tienen más posibilidades
de aprovecharla. Bastaría un cuadrado
de 25 km por lado en el desierto de Sonora
o Chihuahua para generar toda la energía
eléctrica que requiere el país.
“De cara al final del sexenio,
el desafío consiste en invertir para
detonar las renovables de una buena vez. Es
ingenuo pensar que el gas shale es la solución
a nuestras necesidades energéticas.
Si las inversiones que se están destinando
a combustibles fósiles se destinaran
a energías renovables, se podrían
detonar empleos, promover el desarrollo regional
e integrar cadenas productivas. En Latinoamérica,
con las políticas necesarias para impulsar
energía renovable, habría para
2030, más de 11 millones de empleos
por lo que no debemos esperar otro sexenio
para considerar seriamente a las renovables”
abundó Olivera.
Además hay una gran
incógnita acerca de los impactos ambientales
del proceso de extracción del gas shale,
éste se encuentra en una piedra arcillosa
denominada lutita, que es fracturada para
liberar el energético a través
de un proceso conocido como fracking. Este
proceso implica realizar perforaciones a más
de 2 mil metros e inyectar agua mezclada con
ácidos y arena.
Un estudio de la Universidad
de Duke, encontró que los niveles de
metano en pozos de agua potable, ubicados
a un kilómetro de los sitios donde
se realizó el proceso de fracking,
era 17 veces mayor que en pozos más
lejanos.
“Ni nuclear, ni gas shale;
las energías renovables son la solución”,
reiteró Olivera.
+ Má
¿Plantas nucleares
= cáncer?
Xalapa, Ver. Activistas
de Greenpeace colocaron frente a la entrada
del Congreso del estado de Veracruz decenas
de lápidas en representación
de los muertos por cáncer, padecimiento
que presenta una alta incidencia en las inmediaciones
de la planta nuclear de Laguna Verde.
Entre las sepulturas desplegaron
una manta con la pregunta “¿Víctimas
de la energía nuclear? y exigieron
a los diputados de la LXII Legislatura una
investigación objetiva, seria e independiente
sobre la relación existente entre la
radiación proveniente de la nucleoeléctrica
y los más de 108 casos de cáncer
detectados.
A su vez, la organización
ambientalista entregó a la junta de
coordinación política cerca
de 400 firmas de habitantes de Vega de Alatorre
y de Emilio Carranza poblaciones cercanas
a Laguna Verde y donde se han presentado un
número importante de casos de este
padecimiento que sigue cobrando vidas.
“Son firmas de personas
que están preocupadas por la situación
en sus localidades y por la falta de compromiso
por parte de los diputados quienes han desoído
las demandas de salud de la gente. Exigimos
al poder legislativo de Veracruz que impulse
de una vez por todas una investigación
académica, interdisciplinaria e imparcial
que permita esclarecer si los casos de cáncer
que se han presentado en estos municipios
son producto de la exposición a radiación
proveniente de Laguna Verde”, señaló
Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña
de energía y cambio climático
de Greenpeace.
La organización ambientalista
manifiesta su preocupación ante el
aumento de diversos tipos de cáncer
en estas poblaciones. El municipio de Vega
de Alatorre, ubicado a 48 kilómetros
(km) de la central, tenía documentados
108 casos de cáncer a finales de 2010;
Paso del Cedro, municipio de Actopan, ubicado
a 22 km: 17 casos detectados y Buena Vista,
municipio Emiliano Zapata, 20 casos más.
De acuerdo con datos de
la secretaría de salud, Veracruz ocupa
el primer lugar a nivel nacional con incidencia
en cáncer infantil. Por su parte, el
municipio de Vega de Alatorre cuenta ya con
un censo de más de 30 fallecimientos
por cáncer ocurridos en el municipio.
En los demás municipios no hay cifras
oficiales.
“En julio pasado, el diputado
Jorge Alejandro Carvallo, presidente de la
junta de coordinación política,
se comprometió con esta organización
a llevar el tema con el gobernador. Hasta
ahora, en noviembre -mes en el que honramos
a los muertos, seguimos sin tener noticias
sobre el asunto-”, abundó Olivera.
En este nuevo periodo de
sesiones, el poder legislativo no debe esperar
más para impulsar una investigación
que esclarezca de una buena vez si existe
o no relación entre la radiación
y los casos de cáncer, dado que hay
estudios que confirman la presencia de elementos
radiactivos (cesio 137 y estroncio 90) en
la zona.
“Los diputados son representantes
de los ciudadanos y de sus intereses, por
tanto, las firmas entregadas deben ser tomadas
como un mandato de quienes los eligieron justamente
para velar por sus intereses. No es un favor
sino una obligación que deben cumplir”,
concluyó Olivera.
Al termino de la actividad
Beatriz Olivera fue recibida por el diputado
Armando Méndez de la Luz, en representación
de la junta de coordinación política
del Congreso estatal, quien inicialmente propuso
impulsar un estudio elaborado por el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
y la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).
La responsable de la campaña
de clima y energía recalcó que
dichas instancias no pueden ser las responsables
del estudio ya que se requiere que éste
sea elaborado por una entidad académica,
sin conflicto de intereses y que garantice
un resultado objetivo, ante lo cual, el diputado
Méndez de la Luz aceptó y se
comprometió a que en este periodo de
sesiones impulsará la elaboración
del estudio con las características
demandadas por la organización ambientalista.
Por otra parte el titular
de la secretaría de Medio Ambiente
estatal, Víctor Alvarado Martínez,
solicitó una reunión con los
representantes de Greenpeace para abordar
el tema. La reunión tendrá lugar
este miércoles 9 de noviembre.
