Publicado el 21 febrero
- Las quemas que se están
produciendo en algunas zonas de Castilla y
León, promovidas y autorizadas por
la propia administración, son medidas
completamente ineficaces para combatir la
proliferación de topillos, como quedó
demostrado en la plaga de 2007. Además,
tienen efectos adversos para la biodiversidad,
al destruir el hábitat de reproducción,
alimento y refugio de especies silvestres
que pueden contribuir al control natural de
plagas. Asimismo, aumentan el riesgo de erosión
y de incendio y fomentan la eliminación
de microorganismos beneficiosos para el suelo.
La destrucción o deterioro de las áreas
de reproducción está prohibido
por la Directiva de Aves, el Convenio de Berna
y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
y sólo puede llevarse a cabo bajo un
régimen de excepciones que no se está
cumpliendo en estos casos. Por ello, las quemas
autorizadas podrían acarrear graves
sanciones.
Los mismos errores que en la plaga de 2007
Desde la última plaga de topillos que
comenzó en Castilla y León en
el año 2007, no se ha llevado a cabo
ni una inversión suficiente en investigar
una posible solución, ni una planificación
agraria que reduzca la virulencia de las plagas
y que haya evitado la necesidad de adoptar
ineficaces medidas de urgencia.
La situación de alarma
creada en los últimos meses por el
aumento de las densidades de topillo campesino
y de ratón moruno en algunas zonas,
está provocando que, como sucedió
en la anterior plaga, se estén promoviendo
actuaciones descoordinadas e ineficaces. Además
de las quemas, se ha constatado la colocación
de veneno por parte de los agricultores y
la Junta de Castilla y León está
volviendo a repartir veneno en algunas localidades.
Ante esta situación y la existencia
de grandes cantidades de veneno anticoagulante
repartidas por la Junta de Castilla y León
en el año 2008, las organizaciones
recuerdan a los agricultores que la utilización
de rodenticidas sin autorización constituye
una infracción grave o muy grave. Esto
puede suponer sanciones de hasta tres millones
de euros, de acuerdo a la Ley 43/2002 de Sanidad
Vegetal, además de la retirada de ayudas
de la PAC por infracción de las normas
a las que están sujetos estos pagos
(lo que se conoce como “condicionalidad”).
Hay que destacar además, que los rodenticidas
pueden tener efectos muy perjudiciales sobre
aves rapaces, mamíferos carnívoros
y cualquier animal que pueda entrar en contacto
con el cebo, incluyendo especies cinegéticas
como liebres y palomas. La desaparición
de algunas de estas especies, consumidoras
de roedores, puede reducir la capacidad de
control natural de la plaga.
La aplicación de rodenticidas conlleva
riesgos para la salud, como la expansión
de la tularemia o la intoxicación del
ganado ovino que consuma el cereal tratado
con rodenticidas. Ya durante la plaga de 2007
se tuvo que prohibir el consumo de pichones
en Palencia, al detectarse centenares de palomas
intoxicadas con clorofacinona. Además,
existe el riesgo de generar poblaciones de
roedores resistentes a los tratamientos químicos,
suponiendo a largo plazo que cualquier medida
de control químico resultase ineficaz.
La ineficacia de estas
medidas de control se constató en las
anteriores campañas de envenenamiento
que llevó a cabo la Junta de Castilla
y León en las que invirtió hasta
16 millones de euros. Aún así,
tuvo que pagar otros 9 millones en compensaciones
por daños, y no ha evaluado la eficacia
real de las medidas hasta ahora. Por tanto,
podría repetirse la misma situación
de derroche y despilfarro.
Prevenir y combatir la plaga
Para prevenir las plagas de topillos u otros
roedores es necesario, entre otras acciones,
mantener un paisaje diversificado, donde puedan
existir predadores capaces de controlar a
los micromamíferos. En cualquier caso,
las medidas de control adoptadas para combatirlas
no pueden basarse nunca en un solo método,
sino ser paquetes de medidas que combinen
diversas actuaciones cuya efectividad haya
sido demostrada previamente.
Tal como establece la Directiva
de Uso Sostenible de Plaguicidas, es necesario
llevar a cabo una gestión integrada
de las plagas, que no suponga una alteración
de los agroecosistemas, promoviendo mecanismos
naturales de control, como el incremento de
depredadores, como el cernícalo o la
lechuza, que ha sido probado con éxito
en otras regiones. La gestión de depredadores
mediante el uso de nidos artificiales o postes
en linderas, permite proteger los cultivos
varias décadas después de su
instalación.
