Ecologistas en Acción
y Greenpeace ven en la medida una nueva concesión
de la Junta a Befesa para “facilitar” su negocio
En esta página Reportaje
- febrero 27, 2012
Tras un análisis de la nueva Autorización
Ambiental Integrada (AAI) que la Junta de
Andalucía ha concedido recientemente
a Befesa (Abengoa) para la gestión
del vertedero de Nerva, las organizaciones
Greenpeace y Ecologistas en Acción
han podido constatar que, una vez más,
el Gobierno andaluz está tratando de
“facilitar” el negocio de la empresa al reducir
trabas ambientales y ampliar su espectro de
negocio.
Desde la concesión
de la última Autorización Ambiental
Integrada concedida en 2008, Befesa ha acumulado
en Nerva seis expedientes sancionadores por
vertidos, gestión irregular de residuos
e incendios; cuatro expedientes informativos,
y se ha resuelto un expediente sancionador
en su contra por contaminación atmosférica.
La Junta de Andalucía ha adaptado la
nueva AAI a las necesidades de Befesa y a
las especificidades de sus irregularidades
en lugar de retirar la Autorización
que es lo que sugiere la normativa ambiental
para empresas que incumplen de manera reiterada
la legislación.
“Parece que la política
ambiental del actual Gobierno de la Junta
de Andalucía consiste en legalizar
lo ilegal. De esta forma, allana el terreno
a los contaminadores pero, sobre todo, pone
de manifiesto su poco compromiso con la ciudadanía
y con el respeto al medio ambiente y la salud”,
ha declarado Sara del Río, responsable
de la campaña de Contaminación
de Greenpeace.
Para Juan Romero, miembro
de Ecologistas en Acción y de la Plataforma
antivertedero de Nerva, “esta nueva AAI viene
no solo a confirmar el 'romance' entre la
Consejería de Medio Ambiente y Befesa
sino que, además, la Junta de Andalucía
condena a la Cuenca Minera de Riotinto a ser
el 'retrete' tóxico de media Europa;
como ya lo hemos podido comprobar con la entrada
de miles de toneladas de residuos tóxicos
procedentes de Italia y Portugal".
Algunos puntos destacados
de la nueva concesión son los siguientes:
•Insiste en un recrecimiento
de las balsas a una cota superior para extender
la vida útil del vertedero hasta el
año 2026. Sin embargo, todavía
está en vías de resolución
un procedimiento contencioso entre la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Nerva,
ya que este último entiende que la
ampliación implica un proyecto diferente
al aprobado en 1998 y por lo tanto requeriría
nueva autorización municipal.
•Incluye un nuevo Plan de
Gestión de Aguas Pluviales que incorpora
permisos para verter aguas pluviales recogidas
de los propios vasos del vertedero directamente
y sin tratar, bajo el supuesto de que no están
contaminadas. Actualmente, la empresa hace
frente a una imputación por un presunto
delito contra el medio ambiente como resultado
de una inspección del Seprona en 2011
donde se sorprendió a trabajadores
de Befesa bombeando agua fuera de las instalaciones
de manera irregular.
•Cuenta con una exención
que permitirá a la empresa tratar algunos
residuos peligrosos como si fueran no peligrosos,
sin llevar a cabo ningún tratamiento
previo. De esta forma reduce el coste de gestión
para la empresa. Este sería el caso
de, al menos, parte de las 25.000 toneladas
de residuos ilegales italianos que llegaron
a Nerva en 2011 y por la cual se encuentra
abierto un expediente sancionador no resuelto.
+ Más
Entidades ecologistas, de
pescadores y científicas en contra
de la revisión a la baja del Real Decreto
de Especies Exóticas e Invasoras
En esta página Reportaje - febrero
7, 2012 - Se dirigen por escrito al Ministerio
de Agricultura y a las Comunidades Autónomas
exigiendo el cumplimiento de la prohibición
legal de introducción de especies invasoras
especialmente en los cursos fluviales y masas
de agua.
Las entidades firmantes
han dirigido escritos al Ministro de Agricultura,
al Secretario de Estado de Medio Ambiente
y a las Comunidades Autónomas denunciando
la aceptación por parte de las administraciones
de los argumentos de los grupos de presión
de las piscifactorías y de la pesca
intensiva para solicitar la moratoria, e incluso
la modificación a la baja, del Real
Decreto de Especies Exóticas e Invasoras.
Estos grupos de presión
pretenden seguir actuando en contra de la
Ley de Patrimonio Natural manteniendo el beneficio
económico que les reporta el fomento
de especies exóticas que causan un
perjuicio muy notable tanto a las especies
autóctonas y a los ecosistemas como
a las actividades económicas verdaderamente
sostenibles. Este el caso del siluro, el black-bass,
el lucioperca, la trucha arco-iris, la carpa,
los cangrejos exóticos, el lucio, el
alburno, las variedades alóctonas de
trucha común y esturión, entre
otras.
Las organizaciones consideran
que no es de recibo que los sectores de la
acuicultura y de la pesca intensiva quieran
imponer un modelo de negocio basado en la
explotación de especies exóticas
que causan graves problemas al medio ambiente
y a las fuentes sostenibles de actividad económica,
máxime cuando hay alternativas y se
puede llevar a cabo una transformación
racional de estas actividades hacia otras
sostenibles que utilicen especies y variedades
autóctonas.
En sus escritos, los firmantes
recuerdan al Ministerio y a las Consejerías
que quienes se oponen a la normativa no pueden
alegar desconocimiento ni falta de tiempo
para aplicarla pues desde 2007, con la Ley
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, están
vigentes en España las limitaciones
que les afectan, con antecedentes que se remontan
a 1979 que derivan del Derecho internacional
y de la UE.
Mostramos nuestra disposición
al diálogo para analizar situaciones
concretas, siempre que no se comprometa la
puesta en práctica del Real Decreto,
ya que, aun siendo muy mejorable, este Real
Decreto es un gran avance para afrontar un
problema de primer nivel, de muy difícil
control en muchos casos y que causa importante
daños no sólo ambientales, sino
también económicos y sanitarios.
También supone el primer intento serio
de poner coto a la introducción y expansión
de especies invasoras y de paliar sus perniciosos
efectos ambientales, sanitarios y económicos,
especialmente en el medio acuático.
Por tanto, las organizaciones
firmantes solicitamos a los responsables públicos
que redoblen sus esfuerzos para exigir el
cumplimiento de esta norma con el fin de ampliar
su objeto de aplicación de modo progresivo,
invirtiendo el dinero dilapidado en fomentar
las especies invasoras en afianzar la restauración
del hábitat y la recuperación
de las especies autóctonas, muy perjudicadas
por las invasiones biológicas. Entre
las mejoras que debiera incorporar el Real
Decreto en su desarrollo están la del
aumentar las medidas preventivas que eviten
las sueltas, voluntarias o no.
Por último, recordamos
que la liberación de especies invasoras
fue tipificada como delito por el Código
Penal de 1995, lo que ha motivado la intervención
de la Fiscalía ambiental, y que la
Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007
obliga a indemnizar por los daños económicos
que causan.
Ecologistas en Acción,
Ríos con Vida, Grupo Especialista en
Invasiones Biológicas, WWF, Greenpeace,
SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra, Unipesca,
Sociedad Ibérica de Ictiología
y Asociación Ibérica de Limnología.
