13 marzo 2012 - Tras el
informe sobre ‘El Robo del Agua’, hecho público
por WWF la pasada semana, la organización
ha constatado la construcción de una
nueva balsa de riego de gran capacidad una
finca de Lucena del Puerto (Huelva).
Los técnicos de WWF han
podido comprobar sobre el terreno la construcción
de una nueva balsa para regadío, situada
en la cabecera del arroyo de La Rocina, en
el entorno de Doñana, con una capacidad
aproximada de 10.000m3 (el equivalente a 4
piscinas olímpicas). La Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir ha abierto
ya un expediente sobre el caso.
WWF, que trabaja en la zona desde hace más
de 40 años y ha sido uno de los impulsores
del Plan de Ordenación de la Corona
Forestal de Doñana trabajando conjuntamente
con agricultores, organismos públicos
y asociaciones agrarias, considera inadmisible
que sigan apareciendo estos casos.
Fuentes oficiales han confirmado que prácticamente
no queda en la corona forestal de Doñana
ninguna solicitud de uso de aguas subterráneas
sin responder, y que, dada la mala situación
del acuífero, la mayor parte de ellas
han tenido que ser denegadas.
Para la organización, el robo del agua
es un claro ejemplo de competencia desleal
en el sector, que no debería de ningún
modo permitirse. No sólo dañan
económicamente al resto de agricultores
legales, sino que desprestigian la imagen
de la agricultura de la zona, poniendo en
riesgo sus ventas en los mercados europeos,
cada vez más restrictivos y exigentes
con la calidad ambiental en la producción
de frutas y hortalizas, especialmente en lo
referido al uso del agua.
WWF trabaja para apoyar a los agricultores
y entidades que cumplan con la actual legislación
ambiental en materia de agua, una normativa
que lleva más de 25 años en
vigor. De este modo, WWF en el informe presentado
la pasada semana sitúa el problema
en las zonas de Doñana donde las ilegalidades
son más flagrantes.
En recientes declaraciones a la prensa, el
Comisario de Medio Ambiente de la Unión
Europea, Janez Potocnik, señalaba que
“los delitos ambientales afectan a toda la
sociedad y el incumplimiento del Derecho medioambiental
le cuesta a la economía de la Unión
Europea 50.000 millones de euros anuales”.
Según el Comisario, el no aplicar correctamente
los textos legislativos ambientales perjudica,
no sólo al medio ambiente, sino también
a la salud humana, genera incertidumbre para
la industria y va en detrimento del mercado
único, y en una época de crisis,
son gastos que no nos podemos permitir.
Eva Hernández, responsable del programa
de Aguas Continentales de WWF, explica: “Doñana
necesita una economía que proteja y
fomente sus valores naturales, en lugar de
un aprovechamiento intensivo a corto plazo
que, en pocos años, habrá dilapidado
sus recursos e hipotecado el futuro de sus
habitantes”. Y concluye: “Es necesario conservar
los atractivos turísticos, culturales,
agrícolas y ambientales de la zona,
que sin duda son la palanca de fomento de
la economía y el empleo de la región.
Según Juan Carlos del Olmo, secretario
general de WWF: “La solución a los
problemas del agua en Doñana está
en una regulación de su uso. La normativa
europea es muy clara, antes de hablar de trasvases
hay que aplicar medidas básicas de
control legal del uso del agua”.
El problema del robo del agua en Doñana
no es algo nuevo, hace más de 20 años
que se conoce y que desde organismos internacionales
como UNESCO alertan de la urgencia de ponerles
remedio antes de que Doñana pierda
todos sus títulos internacionales,
como Reserva de la Biosfera o Patrimonio de
la Humanidad. El estado de las marismas protegidas
de Doñana a causa de la sequía
se ve agravado por el mal estado del acuífero
y por la tendencia de bajada de sus niveles
en los últimos 30 años. La existencia
de tanta agua ilegal hace que sea imposible
controlar el uso del agua y saber cuáles
son los límites necesarios.
El caso de Doñana es tan sólo
la punta del iceberg de un fenómeno
que se da en toda España. Más
de 510.000 pozos ilegales amenazan a los agricultores
y a la naturaleza a partes iguales. La solución
se encuentra en manos de las administraciones
públicas y de los propios usuarios
de agua ilegal
+ Más
Decenas de organizaciones
civiles y empresariales piden al Gobierno
que reoriente la remuneración de la
electricidad y no perjudique a las renovables
12 marzo 2012 - Sindicatos,
organizaciones ecologistas, de consumidores,
empresariales y de otros ámbitos han
entregado hoy una carta a José Manuel
Soria, ministro de Industria, Energía
y Turismo, en la que le critican el RDL 1/2012
que suspende los procedimientos de preasignación
y establece la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones
de energías renovables.
Las organizaciones firmantes exigen al Gobierno
que abra con urgencia un verdadero debate
social y político para establecer un
nuevo sistema de remuneración y de
fiscalidad para todas las tecnologías
de generación de electricidad.
Las medidas adoptadas recientemente por el
Gobierno sobre el marco regulatorio de las
energías renovables suponen un duro
golpe a un sector industrial puntero, al empleo,
al desarrollo tecnológico y al medio
ambiente.
Respecto a las energías renovables,
el Ministerio debería tener en cuenta
las necesidades de reducción de emisiones
de CO2, a las que nos obligan los acuerdos
internacionales, con el objetivo de que la
temperatura global no aumente a los niveles
peligrosos que ha señalado la comunidad
científica de Naciones Unidas (IPCC).
Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo debería contemplar el balance
económico para España de las
energías renovables en cuanto a participación
en el PIB, capacidad de desarrollo tecnológico
y de I+D+i, y contribución al ahorro
de importaciones energéticas, así
como en cuanto a incidencia sobre el precio
de la electricidad. Baste recordar que en
las últimas semanas la importación
de petróleo ha incrementado en 9.000
millones de euros nuestra factura energética.
Diversos estudios han demostrado las expectativas
de creación de nuevos empleos si se
mantuvieran los incentivos definidos por los
compromisos europeos y por el recientemente
aprobado plan de energías renovables.
Con la moratoria aprobada por el Gobierno
no sólo no se creará más
empleo sino que, además, se condenará
al paro a miles de personas en todos los sectores
tecnológicos relacionados con las renovables.
La sociedad civil entiende que el RDL del
Gobierno obedece a un planteamiento sesgado
y demagógico en torno a la energía,
puesto que no tiene en cuenta los costes reales
de generación, ni los beneficios desorbitados
de instalaciones hidráulicas y nucleares
amortizadas, ni las externalidades sociales
y ambientales que cada tecnología produce.
Las organizaciones y entidades firmantes de
la carta son:
Coalición Clima de
la que forman parte Amigos de la Tierra, Ecologistas
en Acción, Fundación Ecología
y Desarrollo, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF,
Green Cross España, Acción Natura,
CCOO, CEAR, Coordinadora de ONGD, Globalízate,
Intermon Oxfam, IPADE, Inspiraction, Manos
Unidas, Movimiento por la Paz, AFILIS (asociación
para el fomento de iniciativas locales sostenibles),
CiMA (científicos por el medio ambiente),
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales,
Red de Universidades por el Clima, Sociólogos
sin Fronteras, ADICAE, ASGECO, CECU, FUCI,
Hispacoop, OCU, Asociación de Scouts
de España, Attac.
Y UGT, Plataforma Legal Fotovoltaica, Suelo
Solar, AVEBIOM (Asociación Española
de Valorización Energética de
la Biomasa), UNEF (Unión Española
Fotovoltaica), APERCA (Asociación de
Profesionales de las Energías Renovables
de Cataluña), AFUSER (Asociación
para el Fomento del Uso Social de las Energías
Renovables), Fundación Renovables,
Asociación de Ciencias Ambientales,
Asociación Catalana de Ingeniería
Sin Fronteras.
