Greenpeace, 350.org
y el Alcalde de Alburquerque piden al Gobierno
una política energética coherente
con los retos climáticos y económicos
actuales
Greenpeace, 350.org y Ángel Vadillo,
alcalde de Alburquerque (Extremadura), han
hecho destacado hoy, durante una rueda de
prensa, que España es uno de los países
de Europa más afectados por la doble
crisis climática y económica,
pero uno de los que tienen una situación
más favorable para la recuperación
en ambos flancos.
La lucha por el clima es sinónimo de
reactivación económica para
España por el impulso que implica de
sectores como las energías renovables,
muy intensivos en generación de empleo
y en los que España conserva cierto
liderazgo internacional. Greenpeace, 350.org
y el alcalde de Alburquerque han expuesto
que, sin embargo, la política energética
del Gobierno de Mariano Rajoy va en sentido
contrario y su apuesta por los combustibles
fósiles y la energía nuclear
está provocando graves consecuencias
a nivel de destrucción de empleo en
territorios ya muy afectados por ambas crisis
la climática y la económica.
Coinciden en que los impactos
del cambio climático han trascendido
la vertiente ambiental y en España
afectan ya a sectores como la agricultura,
el turismo, la pesca o la industria vitivinícola.
En este contexto es en el que se celebra,
mañana, el Día de Acción
Global organizado por 350.org bajo el lema
“conecta los puntos”, para visibilizar los
impactos de la crisis climática en
todo el mundo. “Cada vez somos testigos de
más inundaciones, más sequías,
más grandes tormentas. Los impactos
del cambio climático han pasado de
estar en los informes científicos a
aparecer en los telediarios. Estamos ante
una situación sin precedentes y no
hay tiempo que perder” ha declarado Julia
Gladinñé, representante de 350.org
en España.
Frenar el cambio climático
es indispensable para garantizar el futuro
de estos sectores y también para la
recuperación económica. Sin
embargo, lejos de potenciar las tecnologías
renovables y aprovechar el liderazgo de España
para colocar al país en la senda de
la economía verde, el Gobierno ha aprobado
una moratoria a las primas a las renovables
al tiempo que apuesta, decididamente, por
los combustibles fósiles. Esta situación
está provocando el cierre de muchas
pequeñas y medianas empresas dedicadas
a las tecnologías limpias y está
causando estragos en multitud de territorios
nacionales que confiaban en las renovables
para generar el empleo que necesitan para
superar la crisis económica.
Un ejemplo de los muchos
que ya hay en España de esta problemática
es el municipio de Alburquerque (Extremadura)
en el que la moratoria a las primas a las
renovables ha provocado la cancelación
de los cinco proyectos de energía solar
térmica en los que la zona confiaba
para paliar el grave desempleo y despoblación
que les afecta. Según Ángel
Vadillo, alcalde de la población, “la
única salida a la crisis en la que
nos encontramos pasa por el fomento de las
energías limpias, que no solo salvan
el clima sino que pueden ser la solución
a la crisis demográfica y de empleo
en la que se encuentran territorios tan castigados
como Extremadura”.
Tal y como ha demostrado
Greenpeace en repetidas ocasiones, un sistema
energético basado 100% en energías
renovables es viable técnicamente y
recomendable económicamente para España,
por lo que la farsa de contraponer economía
y clima ha dejado de ser creíble. La
organización ecologista ha recordado
que, desoyendo las recomendaciones de la Comisión
Europea y de multitud de instituciones independientes
de apostar por las energías limpias,
el actual Gobierno está condenando
a España a la los riesgos derivados
de la energía nuclear, las prospecciones
petrolíferas en aguas profundas o tecnologías
como la captura y almacenamiento de carbono
o el fracking. Algo que, según ha declarado
Aida Vila, responsable de la campaña
Cambio climático y Energía de
Greenpeace, “es inaceptable en términos
ecológicos y que, además, ni
siquiera nos sale a cuenta económicamente
ya que a la volatilidad de los precios de
importación de los combustibles fósiles
hay que sumar las subvenciones al carbón
nacional que, a su vez, implican tener que
gastar hasta 1.300 millones en la compra de
derechos de emisión o ingentes aumentos
del gasto público en partidas tan de
actualidad estos días como las destinadas
a control de la contaminación o sanidad”.
Greenpeace pide coherencia
al Gobierno y considera que estas son las
medidas que debe aprobar si realmente tiene
la voluntad de reducir las emisiones a nivel
interno para ahorrar en la factura de derechos
de emisión (tal y como declaró
el secretario de Estado de Medio Ambiente
el pasado 29 de abril):
•.- Derogación de
la moratoria a las primas para las energías
renovables e internalización de los
costes externos (sociales y ambientales) de
la producción de energía.
•.- Eliminación de las subvenciones,
directas e indirectas, a los combustibles
fósiles y a la energía nuclear
y mantenimiento de un régimen estricto
de prohibición de las ayudas a los
combustibles fósiles más allá
del actual límite de 2018.
•.- Aprobación de un calendario de
abandono de las energías sucias.
•.- Apuesta por la planificación energética
a largo plazo y por alcanzar cero emisiones
derivadas de la energía en 2050 mediante
un sistema energético inteligente,
eficiente y 100% renovable en 2050 en el que
se haya reducido el 55% de la demanda energética
final (tomando como base 2007).
•.- Defensa, en la negociación climática
de la Unión Europea, de la propuesta
de trayectoria energética a 2050 presentada
por la Comisión Europea (Low carbon
Roadmap 2050), con los objetivos intermedios
de reducción de emisiones y de una
Directiva de Eficiencia Energética
que establezca un objetivo obligatorio del
20% de ahorro para 2020, objetivos nacionales
de eficiencia energética, así
como la reforma del mercado de derechos de
emisión para aumentar el precio del
carbono.
+ Más
El 70% de la población
rechaza la continuidad de la Central Nuclear
de Embalse
Encuesta de Greenpeace en
Córdoba, en el Día Nacional
de la Energía Atómica
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012- Una encuesta
realizada por la consultora MBC Mori para
Greenpeace (1), reveló que el 70 por
ciento de la población de la Ciudad
de Córdoba y el 78 por ciento en Calamuchita
considera que la energía nuclear es
peligrosa y el 75 por ciento está en
desacuerdo con la construcción de nuevas
centrales. Siete de cada diez encuestados
quieren que se elimine por completo la actividad
nuclear de la región en donde viven.
“Estos datos demuestran que los vecinos de
Córdoba no quieren hipotecar su futuro
con los riesgos de la energía atómica
y la basura radiactiva; apuestan a un futuro
energético limpio y seguro para su
región y para Argentina”, señaló
Mauro Fernández, coordinador de la
campaña contra la energía atómica
de Greenpeace.
El estudio demostró
la oposición a la energía nuclear
en Córdoba y en el departamento de
Calamuchita, área de un potencial impacto
de la Central Nuclear Embalse en caso de accidente,
donde el 80 por ciento cree que un desastre
de esta naturaleza puede ocurrir.
El 84% de los vecinos desea
que se cierre la planta o se redirija el gasto
necesario para la extensión de su vida
útil–previsto inicialmente en 1.344
millones de dólares– hacia energías
como la eólica o la solar.
Tres de cada cuatro encuestados
consideran que la energía atómica
es contaminante y elegirían que la
electricidad que consumen no provenga de centrales
nucleares.
La generación de
energía atómica aparece como
una de las actividades económicas más
resistidas por la población, después
de la minería a cielo abierto. Menos
del 1% reconoce a la industria nuclear como
una actividad productiva de relevancia para
su región, mientras que el 83% reconoce
al turismo como la actividad económica
predilecta y la mayoría acuerda en
que ambas actividades no son compatibles.
Greenpeace exige al
gobierno que escuche a la gente, cierre definitivamente
la central de Embalse y promueva el desarrollo
de energías limpias. “La falta de audiencias
y consultas públicas para el avance
de los proyectos atómicos del gobierno
argentino, silencian a los vecinos de estos
peligrosos emprendimientos”, sentenció
Fernández.
