Publicado el 23 mayo 2012
- Las partidas presupuestarias
dedicadas a la gestión de estos espacios
han pasado de 5,1 a 3,4 millones de euros
Las reservas marinas en España son
también víctimas de los recortes
presupuestarios que están afectando
a su vigilancia y seguimiento científico.
WWF muestra su preocupación por la
situación y alerta de que los recortes
no deben, en ningún caso, disminuir
la protección de estos espacios.
Según WWF, este problema ya afecta
de forma drástica a 10 de las 25 reservas
marinas de interés pesquero gestionadas
por el MAGRAMA o conjuntamente con las CCAA.
Otros ejemplos son las reservas marinas cogestionadas
por los pescadores, como las de Os Miñarzos
o Cedeira, dependientes de la Xunta de Galicia,
que están sufriendo igualmente este
problema, a pesar de haberse convertido en
un referente internacional.
En estos espacios las partidas dedicadas a
la vigilancia, el mantenimiento y el seguimiento
científico han pasado de 5,1 millones
de euros a 3,4 millones durante esta legislatura.
Sin embargo, el Ministerio asegura que garantizará
una vigilancia adecuada. Ante esta situación,
WWF considera positivo la integración
de los diferentes cuerpos de la administración
(guardia civil, guardapescas, inspectores
de pesca, inspectores de medio ambiente, etc)
en la protección de las reservas marinas,
y pide, por eficacia, que esta medida se siga
aplicando en el futuro.
Cabe recordar que en 2011 se celebró
el 25º aniversario de la declaración
de la primera Reserva Marina del país,
Tabarca (Alicante). Desde entonces se ha concedido
este mismo estatus de protección a
otros 24 espacios marinos. Las reservas marinas
tienen una extensa tradición de protección
de los recursos pesqueros y los hábitats
marinos. De hecho, obedecen a un largo proceso
que ha durado treinta años y cuyos
beneficios podrían desaparecer en pocos
meses.
WWF insiste en que los efectos positivos de
la protección son múltiples
y así lo ha corroborado la ciencia,
siendo las reservas marinas españolas
un referente a escala europea. No en vano,
estos espacios son ejemplo de cómo
la conservación y el uso de los recursos
no solo se limita a que las especies pesqueras
de interés comercial aumenten de talla,
sean más abundantes o se extiendan
más allá de los límites
de las reservas, sino que asegura los beneficios
pesqueros.
Asimismo, también ha fomentando la
economía local de las comunidades costeras
cercanas y ha garantizado una mejor calidad
de las aguas, lo que se ha traducido en un
valor añadido que atrae al turismo
interesado en disfrutar de un entorno marino
bien conservado y con productos de calidad.
Óscar Esparza, Experto en Áreas
Marinas Protegidas de WWF, subraya: “La ausencia
de vigilancia está generando ya diferentes
problemas. De un lado, está creando
conflictos sociales por el acceso a estos
espacios y a sus recursos. De otro, está
aumentando el furtivismo, lo que supone una
amenaza para el sector artesanal y para la
economía local, ya que fomenta el mercado
negro”. Y concluye: “No creemos que las reservas
marinas sean las partidas presupuestarias
en las que deba hacerse un recorte tan drástico,
por los beneficios que comportan. Por otra
parte, con pequeñas modificaciones
de otras partidas del Fondo Europeo de Pesca
(FEP) se podría asegurar el futuro
de estos espacios sin sobresaltos.”.
+ Más
La Red Natura cumple 20
años con un grave retraso en su puesta
en marcha
Publicado el 21 mayo 2012
- España, junto con otros países
como Irlanda, Grecia o Portugal, se encuentra
a la cola en la gestión de la Red Natura
en Europa, enfrentándose a graves sanciones
por parte de la UE
En España sólo el 9% de los
espacios Red Natura 2000, tiene planes de
gestión aprobados
Canarias es la región que más
planes aprobados tiene, pero el procedimiento
seguido ha sido deficiente en plazo y forma
Galicia todavía no ha acabado el proceso
de designación de espacios y no ha
aprobado todavía ningún plan
Navarra es una de las comunidades con mayor
número de planes aprobados, que además
cumplen con los requisitos legales
Hoy se cumplen 20 años desde la aprobación
de la Directiva Hábitats, que regula
la conservación de los espacios naturales
en Europa. Se trata de la pieza básica
en materia de medio ambiente, que ha contribuido
a la protección de gran número
de especies de fauna y flora en toda Europa.
En este vigésimo aniversario, WWF denuncia
el retraso de su desarrollo en todas las CCAA
de España, donde sólo se han
aprobado el 9% de los planes de gestión.
La puesta en marcha de estos planes supondría
una oportunidad no sólo para la conservación
del patrimonio natural, sino también
para el desarrollo socioeconómico del
mundo rural, una oportunidad que las administraciones
no deben dejar pasar en esta difícil
situación económica.
La Directiva Hábitats es un elemento
clave de la legislación europea en
lo que se refiere a la conservación
de la biodiversidad y supone un importante
hito en materia de conservación a escala
supranacional. Gracias a ella se plantea la
protección de cerca de un millar de
especies y más de 200 tipos de hábitats
en toda la UE. Además, la normativa,
plantea la importancia del elemento humano
en la conservación de la naturaleza.
Es decir, intenta alcanzar, un verdadero desarrollo
sostenible.
La Directiva establece la necesidad de definir
una red de espacios protegidos en cada país:
la Red Natura 2000. Esta red está constituida
por los espacios conocidos en su primera fase
como Lugares de Importancia Comunitaria o
LIC y posteriormente como Zonas Especiales
de Conservación o ZEC, que se deben
sumar a las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) que se designan de acuerdo
a la Directiva de Aves
La situación de España
En estos momentos la Red Natura 2000 ocupa
el 17,5% de la UE, con una superficie de casi
949.910 km². España es el país
que aporta mayor superficie, con 1.752 espacios
que ocupan 147.591 km² , de los que 137.317
km² son terrestres, lo que supone más
de la cuarta parte del territorio nacional
(27,20%).
España tan sólo
es superada en porcentaje de superficie aportada
a la Red Natura por países muy pequeños
como Chipre, Bulgaria y Eslovenia con el 28,4,
el 33,9 y el 35,5% respectivamente.
Cabe resaltar que este proceso no está
siendo proporcional en el mar, donde España
tan sólo alcanza el 1% de la superficie
marina, un dato similar al del resto de Europa.
WWF destaca la urgencia en completar la propuesta
de declaraciones de zonas marinas en España.
El plazo establecido por Europa es de finales
de 2012 si no quiere enfrentarse a posibles
sanciones, como ya ha ocurrido con los espacios
de Canarias, situados en la región
Macaronésica.
Sin embargo, en España
la gran asignatura pendiente es la puesta
en marcha de los correspondientes planes de
gestión para estas zonas terrestres
y marinas, una vez declaradas. En conjunto,
considerando el total de LIC y ZEPA, tan sólo
el 9% de la Red Natura cuenta en mayo de 2012
con los correspondientes planes de gestión.
Nuestro país, junto con otros como
Irlanda, Grecia o Portugal, se encuentra a
la cola en cuanto al número de planes
aprobados, muy lejos de Suecia, que ya lo
han hecho con el 95% de ellos.
Gestionar adecuadamente significaría
recibir fondos europeos, impulsar actividades
tradicionales y mantener el empleo en el mundo
rural en estos espacios. Una oportunidad que
las administraciones no deben dejar pasar,
especialmente en esta difícil situación
económica.
Las CCAA y la Red Natura.
En cuanto a las Comunidades
Autónomas, Canarias, Madrid y Navarra
son las tres regiones que más porcentaje
de planes de gestión de la red tiene
aprobado, respecto a sus LIC y ZEPA declarados.
Sin embargo, existen notables diferencias
en cuanto al proceso desarrollado y la calidad
de los planes. Así por ejemplo Navarra
ha sido la Comunidad Autónoma pionera
en la aprobación de planes de gestión
(los primeros se remontan al año 2006),
desarrolla unos complejos procesos de participación
pública y garantiza el cumplimientos
de las exigencias fijadas en la normativa
europea.
Madrid, en cambio, tan sólo ha aprobado
dos planes de gestión para sendos espacios,
sin que los documentos presentados cumplan
los requisitos, tal y como han denunciado
públicamente tanto WWF como otros grupos.
Un caso muy particular es el de Canarias,
cuyo primer plazo para la aprobación
de los planes venció en 2007, sin reacción
por parte de la administración regional.
El fuerte retraso acumulado motivó
que la Comisión Europea iniciara un
procedimiento de infracción contra
España, que culminó en 2009
con la correspondiente denuncia ante el Tribunal
Europeo. Los intentos por solventar la situación
por parte de la administración canaria
fueron insuficientes puesto que llegaron fuera
de plazo y además consistieron en aprobar
los ZEC sin los planes apropiados, o adaptando
algunos planes ya existentes para los espacios
naturales canarios. Por todo ello, el Estado
español fue condenado por el Tribunal
de Luxemburgo en septiembre de 2011, por no
haber declarado los ZEC de la región
macaronésica. En resumen, Canarias
presenta un alto número de planes de
gestión que han sido aprobados fuera
de plazo y que no cumplen las exigencias de
la normativa europea.
Estos casos, ponen de manifiesto que el proceso
seguido en España ha sido totalmente
heterogéneo en las diferentes CCAA,
sin que el gobierno central se haya ocupado
realmente de garantizar la coherencia del
trabajo realizado y verificar el cumplimiento
de las normas. Algo que resulta complicado
de entender puesto que es el Estado quien
tramita los planes ante las instituciones
europeas y quien sufre las consecuencias de
los Tribunales Europeos.
Consecuencias y retos
El desarrollo de los planes de gestión
para estos espacios va más allá
de ser una obligación, puesto que se
trata de una oportunidad única para
impulsar la actividad económica ligada
al mundo rural y pesquero, algo sin duda fundamental
para nuestro país.
Por otra parte, el mantenimiento de una red
de espacios naturales en buen estado de conservación
supone que la sociedad pueda aprovechar los
beneficios ambientales de este tipo de espacios,
como la protección frente a sequías,
inundaciones, plagas o la conservación
de recursos como el agua, especies polinizadoras
o cinegéticas así como lugares
para el ocio y el deporte. La propia Comisión
Europea ha estimado en 200-300 billones de
euros anuales para toda Europa, los beneficios
ambientales de la red Natura.
La ausencia de estos planes de gestión
ha sido también en parte culpable de
que la Red Natura haya sido percibida por
diversos sectores, como un obstáculo
en lugar de como una oportunidad
De acuerdo a estimaciones
de la propia Comisión, el coste mínimo
de la gestión de la red es de 5.800
millones de euros anuales para toda Europa
(menos del 0,1% del presupuesto de la UE).
Hasta la fecha a través de los diferentes
mecanismos de financiación, se ha alcanzado
tan sólo entre el 9 y el 19 % del presupuesto
necesario, por lo que es preciso que la Comisión
y los Estados Miembros trabajen para dotar
a la red de los recursos necesarios.
En el caso de España, con más
de una cuarta parte del territorio nacional
dentro de la Red Natura, la prioridad del
Ministerio de Medio Ambiente debe estar orientada
a garantizar los fondos necesarios para la
adecuada gestión de esta red. En este
sentido, conseguir que la reforma de la Política
Agraria y la Política Pesquera Común
sean más “verdes”, favorece sin duda
a España, puesto que supone más
fondos para los miles de agricultores y asegurará
la vigilancia y el mantenimiento de los espacios
marinos que se encuentran dentro de la Red
y desarrollan practicas compatibles con la
biodiversidad.
Finalmente las CCAA y el Ministerio de Agricultura
Alimentación y Medio Ambiente deben
hacer los esfuerzos necesarios para completar
los planes de gestión correspondientes
en el menor plazo posible y además
garantizar que estos planes cumplan con los
correspondientes requisitos legales.
