Para Petróleos Mexicanos (Pemex), cada vez son menos los obstáculos para que pueda iniciar exploraciones en aguas profundas del Golfo de México.
Recientemente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) avaló los proyectos de Pemex que perfore los pozos Trión-1 y Supremus-1, en el área conocida como “Perdido” en el Golfo de México, lo que demuestra que ese organismo, a pesar de emitir sus opiniones técnicas sobre los riesgos de un derrame en aguas profundas, prefiere dar el sí a la empresa petrolera en vez de rechazarlos por no cumplir con los criterios mínimos para responder en caso de una contingencia en aguas profundas.

Si bien, la CNH ha señalado la ausencia de protocolos de respuesta y capacidades técnicas para contener y recuperar hidrocarburos en caso de derrames en aguas profundas, también.

Entre las deficiencias que la CNH encontró en los proyectos de los pozos Trión-1 y Supremus-1 destacan:

•La paraestatal debe desarrollar mayores capacidades para la contención de un derrame de hidrocarburo y recuperación del mismo, también se le pide que adquiera equipos y materiales para aumentar sus capacidades de contención y recuperación de crudo en la superficie marina.- Pemex debe desarrollar protocolos específicos en donde se describa paso a paso, los equipos, materiales y las acciones concretas que se realizarán en caso de que suceda una contingencia o siniestro en el menor tiempo posible.
•No cuenta con “protocolos o procedimientos en donde se establezcan criterios de decisiones operativas y coordinación para realizar trabajos simultáneos de perforación de pozos en aguas profundas.
•No ha demostrado contar con una metodología para determinar el peor escenario de derrame de hidrocarburos ni procedimiento a seguir, tiempos de respuesta, y recursos necesarios a ser aplicados para controlar el derrame en el pozo.
Para el pozo Supremus-1, la CNH señaló que la Secretaría de Energía (Sener) debe valorar el establecimiento de mecanismos de monitoreo más estrictos para la perforación del pozo piloto, dada la existencia de numerosas fallas geológicas presentes en el área e imponer requerimientos mecánicos a Pemex, que garanticen en todo momento la seguridad del pozo.

Es muy grave que la CNH avale un proyecto de perforación de alto riesgo sin comprobar la capacidad financiera y la existencia de las pólizas de seguros correspondientes para la perforación de ambos pozos, sin contar con un soporte ante un eventual derrame de hidrocarburos. La Comisión debe mantenerse como un órgano regulador autónomo y con autoridad para rechazar proyectos riesgosos para el país, de ello depende la seguridad ambiental y económica de los mexicanos.

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Hansa Urbana, de nuevo bajo los focos

La cascada de escándalos e ilegalidades derivada de los años de excesos de la burbuja inmobiliaria en España no cesa de salir a la luz en los principales medios de comunicación, y parece lejos de terminar. La empresa alicantina Hansa Urbana, que ha diseñado y sostiene el mega-proyecto de Cabo Cortés, en México, no es en este sentido ninguna excepción. Su presidente, Rafael Galea, está entre un grupo de seis acusados que se van a sentar en el banquillo de un juzgado de lo penal, bajo cargos de delito fiscal y falsedad documental, por valor de 6 millones de euros.

Según el diario de Murcia La Verdad, este caso de fraude tributario está vinculado con Enrique Ortiz, participante en otras tramas ligadas a la corrupción urbanística como el caso Brugal. En el que nos ocupa, parece que Ortíz y otros vendieron suelo de Alicante a Hansa Urbana, y en la operación se evitó el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de forma indebida. Ahora la Fiscalía, que ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, pide para ellos casi 6 años de cárcel y que hagan frente a una responsabilidad civil equivalente a lo defraudado, es decir 6 millones de euros.

No es la primera (y posiblemente tampoco será la última) operación de carácter dudosamente legal en la que se ve envuelta Hansa Urbana. Varios de sus proyectos ubicados en la región de Murcia, como el de Novo Cartagho, permanecen aparcados debido en parte a recursos legales y en parte a la falta de liquidez por la crisis económica.

Para hacer frente a un impago, la empresa cedió a finales del año pasado su proyecto de Cabo Cortés a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida por el Banco de España, con varios de sus ex directivos investigados y a punto de ser absorbida por el Banco Sabadell. Sin embargo, el proyecto sigue figurando en su web y sigue teniendo parte en él a través de sus filiales en México.

Cabo Cortés, con un tamaño previsto casi igual a la capacidad hotelera de Cancún, puede poner en serio riesgo el arrecife de Cabo Pulmo, una de las reservas marinas más productivas del mundo, y Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. La campaña contra este proyecto sigue recabando firmas –ya van más de 160.000- para pedir al gobierno de México que cancele todos los permisos ya que incumple claramente la ley.

¿A quién va a escuchar el gobierno de México? ¿A sus propios ciudadanos y la comunidad de Cabo Pulmo, o a estos jugadores de ventaja que sólo piensan en incrementar sus beneficios?


Fuente: Greenpeace – Internacional
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