Publicado el 18 septiembre 2012 - Las organizaciones ambientales han mostrado su rechazo al planteamiento extremo realizado por la Junta de Castilla y León, que propone matar hasta 137 lobos durante la temporada de caza 2012-2013. Para los grupos conservacionistas, siguen sin existir datos rigurosos sobre la población de la especie en Castilla y León que justifiquen estos cupos. Por otra parte, advierten de que la puesta en marcha de medidas para prevenir ataques al ganado y la flexibilización del sistema de gestión de los cadáveres de ganado extensivo rebajarían ampliamente el conflicto con la población local.

El anuncio sobre un cupo de caza de 137 lobos al norte del río Duero, llevado a cabo por la Junta de Castilla y León esta semana, y la creciente conflictividad entre ganaderos y asociaciones de defensa de la naturaleza, ha causado una profunda preocupación entre los grupos ambientales.

Las ONG se oponen a la propuesta de la Administración y consideran que no está suficientemente justificada, ya que con ello no se conseguirá resolver los problemas de gestión de la especie. Algunas de las razones en las que se basan las organizaciones son:

La falta absoluta de datos recientes y fiables sobre las cifras y área de distribución del lobo en la región.

El progresivo abandono de las medidas para prevenir ataques al ganado; durante 2011 tan sólo se donaron 10 mastines a ganaderos de la región y no se concedió ninguna subvención para los cercados.

El retraso en la adopción de acciones complementarias, como la flexibilización en el sistema de gestión de los cadáveres del ganado extensivo, fuente de alimento tradicional para el lobo.

Hay que recordar que el lobo al sur del río Duero está incluido en el Anexo IV de la Directiva de Hábitats, por lo que está estrictamente protegido. Este documento establece que, para las especies que ostentan esta categoría de protección, será posible el control poblacional sólo como medida excepcional –en el caso del lobo, por daños al ganado– y siempre que se cumplan dos requisitos previos: contar con datos sobre sus niveles poblacionales procedentes de censos rigurosos que utilicen métodos reconocidos por la comunidad científica, y poner en práctica de manera generalizada medidas para la reducción de los daños ocasionados. La propia Junta de Castilla y León participó como cofinanciador en un proyecto LIFE-Naturaleza que demostró cómo el uso de mastines, vallas fijas y vallados eléctricos puede reducir de manera muy significativa los daños al ganado en las explotaciones que los utilizan (www.life-coex.net). Ninguno de estos dos requisitos se cumplen.

Para reconducir esta situación, además, los grupos consideran crucial el mantenimiento y fomento del sistema de compensaciones a través de los seguros ganaderos. El lobo es patrimonio natural y cultural de la región y su exterminio sería una pérdida incalculable.

Los grupos han insistido en la necesidad de mejorar los informes que presenta la administración relativos a la situación de la especie, base de decisiones drásticas que están llevando a la muerte de más de un centenar de lobos cada año. Estos informes siguen presentando para los grupos graves carencias:

No explican suficientemente la metodología empleada para los censos.
Ni se aportan los datos recogidos, por lo que resulta difícil asumir los resultados.
No se explican los criterios para asignar los cupos de caza en cada comarca.

Según Luis Suárez, representante de los grupos en el Comité: “Esperamos que la propuesta de modificación del Plan, que la Consejería presentará próximamente, garantice la viabilidad a largo plazo de la especie, basándose en criterios científicos y que, al mismo tiempo, permita la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, mediante la puesta en marcha de medidas preventivas”.

Para las organizaciones, el modelo de gestión de la especie que se está imponiendo en la región se encuentra cada vez más alejado de un perfil técnico y científico, y más sometido a los vaivenes de las presiones y enfrentamientos mediáticos, provocados por las organizaciones profesionales agrarias.

En la reunión del Comité, las organizaciones han propuesto una serie de actuaciones para favorecer la conservación de la especie y apoyar la actividad ganadera al mismo tiempo.

La ganadería extensiva de Castilla y León atraviesa una profunda crisis relacionada con múltiples aspectos (dureza del trabajo, falta de relevo generacional, bajos precios, subida de los costes de producción, excesivas trabas burocráticas, falta de apoyo institucional, etc). Sin embargo, destacan que el lobo no es en absoluto responsable de ninguna de ellas.

Para las asociaciones es inaceptable que se pretenda gestionar una especie tan compleja, además protegida por las Directivas Europeas en buena parte de región, tan sólo matando ejemplares. Los grupos han planteado en la reunión del Comité propuestas como la creación de un grupo de trabajo sobre medidas de prevención y de apoyo a la ganadería extensiva en el que los grupos invitan a los ganaderos a participar para conseguir soluciones al conflicto.

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Carta al gobierno de Navarra tras el caso del envenenamiento masivo de espécies

Publicado el 11 septiembre 2012 - WWF ha enviado hoy una carta urgente al Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, ante la falta de medidas administrativas tras el caso del envenenamiento de más de 120 aves rapaces el pasado mes de julio. Se trata del caso más grave ocurrido en España en los últimos años.

WWF celebraba el pasado mes de julio el éxito policial en la investigación del envenenamiento de dos cotos de caza de Tudela y Citrúenigo (Navarra), que llevó a la muerte a más de un centenar de aves rapaces, entre otras algunas muy amenazadas como el alimoche o el milano real.

La operación, llevada a cabo por efectivos del Departamento de Medio Ambiente, el Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral de Navarra, culminó con la detención de cinco personas, acusadas de la colocación de cebos envenenados

Para WWF, es crucial que, mientras el Juzgado de lo Penal se pronuncia sobre los posibles culpables y sus sanciones, la Administración autonómica tome sus propias medidas cautelares relacionadas con la recuperación del entorno afectado. Se trata de medidas que nada tienen que ver con la autoría de los hechos – un asunto que se resolverá en el Juzgado de lo Penal – sino con la recuperación de los hábitats y especies afectadas.

Algunas de las medidas implican la suspensión de la caza, la evaluación física de los cotos y del entorno, la revisión de los planes de ordenación cinegética y otras acciones dirigidas a evitar la continuación o el agravamiento del daño ambiental, así como a prevenir riesgos sanitarios.

En la Clasificación de la Lucha contra el Veneno en España, la evaluación por comunidades autónomas que WWF realiza de forma anual, Navarra ocupaba el pasado año la posición número 9, quedando dentro de la categoría ‘Graves Carencias’, ya que sólo consigue aprobar uno de los ocho parámetros evaluados.

El retraso en la aprobación del plan regional contra el veneno, la intensidad del uso de cebos envenenados y la no-priorización de la investigación especializada por parte de los agentes de medio ambiente son algunos de los factores que colocan a Navarra en esta posición. Para WWF, en la comunidad es urgente avanzar en la puesta en marcha de medidas de prevención y vigilancia, así como en la aplicación de sanciones ejemplarizantes.

La Plataforma "No a Nuestra Costa" solicita al gobierno la anulación del anteproyecto que reforma la Ley de Costas
Publicado el 10 septiembre 2012 | 0 Comments
Hoy concluye el plazo de alegaciones de la nueva Ley de protección y uso sostenible del litoral y la plataforma en defensa de la Ley de Costas, “No a nuestra costa”, advierte que favorece los intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones.

Formada por más de 200 organizaciones de diversa índole, “No a nuestra Costa” exponía en su formación 10 razones por las que había que defender la Ley de Costas, ya que esta ley aprobada en 1988 y vigente en la actualidad, garantiza la protección ambiental y uso público de la costa. De manera que defender nuestras playas, calas, dunas, acantilados, marismas y rías es proteger un bien común, para las generaciones presentes y para las futuras.

Sin embargo, a pesar de la validez de la Ley de Costas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, a través de Arias Cañete, presentó en julio el borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de Costas que fue aprobado en Consejo de Ministros. El contenido del documento no fue expuesto con anterioridad a las principales asociaciones ecologistas del país, tal y como prometió el ministro, y viene rodeado de una falta de participación y oscurantismo destacables.

Así, la reforma de la Ley de Costas, que pasaría a llamarse Ley de protección y uso sostenible del litoral supondría postergar el problema de la ocupación privada de la costa a generaciones futuras, ya que la ampliación de concesión de DPMT a 75 años, heredables y con la posibilidad de compra-venta es regalar terrenos públicos a manos privadas. Además, y de forma grave, ignora totalmente los impactos previsibles del cambio climático sobre el litoral, ya que desprotege grandes tramos de litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías, y declarar suelo urbano zonas del frente litoral que también reducirían la servidumbre de protección a 20 metros en estos tramos.

Además la Plataforma considera que mientras que se excluyen del DPMT diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera, sin ningún tipo de criterio medio ambiental ni científico, se excluyen de este dominio ecosistemas sumamente importantes para el equilibrio de la costa, como son las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en movimiento, perdiendo así la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos. En muchas franjas del litoral, existen sistemas dunares situados más de 100 metros de la costa o playa y no están en primera línea del mar y por tanto, no juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa. Sin embargo, afectan la dinámica litoral de la costa y además son ecosistemas importantes que albergan flora y fauna especialmente adaptada a estos ambientes..

Finalmente, en un escenario de crisis, donde los servicios públicos van en detrimento, esta reforma supondría la pérdida del dinero público invertido todos estos años en la delimitación, recuperación y conservación del DPMT que ahora se desprotege. Y por si esto fuera poco, implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.

La Plataforma No a nuestra costa, en defensa de la Ley de Costas, alerta de la gravedad de esta modificación y pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente que deseche este anteproyecto. El contenido del texto, más que pretender conciliar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, y dar una mayor seguridad jurídica, según palabras de Arias Cañete, parece encaminado a privatizar la costa, y hecho a la carta según intereses de particulares que han ido acumulando todos estos años terrenos en la costa.

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Novedades en la Conferencia Cambio Climático en Bangkok

Publicado el 04 septiembre 2012 - 4 de septiembre de 2012 Los países desarrollados no están dispuestos a incrementar sus propuestas de reducción de emisiones, incluso la UE ha calificado de “Wishful thinking” (hacerse ilusiones) el aumento de objetivos. Los países en desarrollo quieren seguir manteniendo la diferenciación a la baja en cuanto a compromisos y acciones, tal como figura en el Plan de Acción de Bali, y no aceptan ser metidos en el mismo saco que los países desarrollados.

Por otra parte, sigue sin resolverse la incertidumbre sobre la financiación a partir de 2013, y no ha habido avances en REDD + (Reducción de Emisiones producidas por la Deforestación y la Degradación forestal en los países en desarrollo).

La única novedad podría ser una nueva alianza creada entre 20 países asiáticos, latinoamericanos y africanos, que se autodenominan “Like-minded group” que juntos representan un potente bloque económico. Habrá que esperar a ver cómo juegan sus cartas.

29 de Agosto de 2012

Desde mañana 30 de agosto hasta el miércoles 5 de septiembre los representantes de 18 países se reúnen en la Conferencia Cambio Climático en Bangkok (Tailandia) para ultimar el documento de trabajo que se debatirá en la próxima COP que tendrá lugar en Doha (Qatar) el próximo mes de noviembre. En 2012 finaliza el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto y aún no se ha acordado un compromiso internacional que lo sustituya. WWF estará presente en la reunión, para hacer llegar su posición sobre la urgencia de agilizar el proceso, ya que el retraso en llegar a un acuerdo significará mayores costes en el futuro.

“Cada vez queda menos tiempo y mientras, las emisiones siguen aumentando y su efectos se hacen notar cada vez más: incremento en el número e intensidad de olas de calor, sequías, incendios, se baten records en el derretimiento de la capa de hielo estival del ártico….Es hora de pasar a la acción, de dejar de mirar hacia otro lado y de emprender acciones que nos encaminen a salir de esta crisis climática. Cuanto más tardemos más costoso será económica, ecológica y socialmente” afirma Mar Asunción, Responsable del Programa de Cambio Climático de WWF.

Una delegación internacional compuesta por miembros de WWF aterriza mañana en Bangkok (Tailandia) en lo que constituye la reunión previa a la COP 18 que se celebrará a partir del 26 de noviembre en Doha (Qatar). La organización tiene como objetivo lograr que los países se comprometan a que las emisiones globales alcancen su pico máximo en 2015 - tres años a partir de ahora - y su drástica disminución a partir de esa fecha.

Durante ese plazo, se espera que los gobiernos del mundo lleguen a un acuerdo sobre un régimen climático global, vinculante, que garantice de manera constante el descenso de las emisiones y un desarrollo económico y social sostenible basado en un nivel de bajas emisiones de carbono.

La reunión en Bangkok tiene que sentar las bases para la adopción en Doha de un paquete de acuerdos que incluyan:

MITIGACIÓN

• Cerrar la brecha entre los objetivos de emisiones planteados y lo que realmente se necesita para no sobrepasar un incremento de temperatura de 2ºC o preferiblemente 1,5ºC. Las emisiones deben alcanzar su máximo en 2015 y rápidamente comenzar a decrecer.

• Los países que se han comprometido al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto (EU, Suiza, Noruega, etc) deberán elevar sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 al menos hasta el 40% respecto a 11000, de las cuales 2/3 ha de ser obtenido mediante acciones en los propios países.

• Australia y Nueva Zelanda han de confirmar su participación en el segundo periodo del Protocolo de Kioto, y asumir objetivos vinculantes.

• Japón, Canadá y Rusia, deberán asumir compromisos y obligaciones que estén en el rango del Plan de Acción de Bali, y que sean comparables a los que asumen las partes bajo el Protocolo de Kioto. Lo mismo es aplicable para EEUU.

• Los países en desarrollo que todavía no han manifestado sus propuestas de objetivos de limitación o de reducción respecto a la tendencia habitual, deberán hacerlo en la COP de Doha.

FINANCIACIÓN

• El Fondo ‘Fast Start’ finaliza a finales de 2012, y todavía no está operativo el ‘Fondo Climático Verde’ (Green Climate Fund) con dotación de recursos reales (y no solo el compromiso verbal de 100.000 millones de dólares en 2020). Los países desarrollados deberán comprometer fondos suficientes a partir de 2013 para posibilitar la mitigación y adaptación necesaria en los países en desarrollo.

• Es necesario acordar mecanismos, como poner precio al carbono de los desplazamientos aéreos y marítimos, que además de contribuir a reducir las emisiones, pueden aportar una forma de financiación predecible y estable bajo el principio de Quien contamina paga.

ADAPTACIÓN

• Desarrollar Planes de Adaptación al Cambio Climático a Medio y Largo Plazo en los países en desarrollo.

• Avanzar en los mecanismos para compensar los daños y pérdidas causadas por el cambio climático, de forma que pueda ser incluido en el acuerdo climático global en 2015

REDD+ Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques

• Incluir en el nuevo acuerdo climático global, así como en el ‘Fondo Climático Verde’, compromisos concretos de financiación ligados a las salvaguardas sociales y ambientales.