31 octubre, 2012 - Para que los proyectos eólicos impulsados en México sean realmente sustentables, como lo señaló ayer el presidente Felipe Calderón en el Istmo de Tehuantepec mientras inauguraba dos parques eólicos, es preciso que sean resueltos los conflictos sociales generados por la instalación de las primeras de centrales eólicas en la zona de La Ventosa, Oaxaca, entre los que se encuentran litigios de tierras, despojo, violaciones a los derechos humanos e intimidación a comunidades aledañas.

Si bien la energía eólica es una de las alternativas para mitigar el calentamiento global del planeta -cuyos efectos devastadores son visibles en fenómenos como el Huracán Sandy que asoló la Costa Este de Estados Unidos-, la instalación de aerogeneradores en el territorio mexicano debe guardar ciertos criterios que aseguren precisamente su sustentabilidad, como la consulta pública a todas las comunidades aledañas, brindar información adecuada, ubicación en terrenos que no esté en litigio y que sean centros generadores de inversiones, empleos, desarrollo regional y beneficios para las comunidades cercanas. Algo que no ha ocurrido en la región de La Ventosa, en Oaxaca.

La organización ambientalista recordó que desde 1994, la instalación de aerogeneradores en la zona de La Ventosa ha estado sujeta a un tenso debate entre los propietarios de la tierra, en su mayoría ejidatarios y comuneros y las empresas inversionistas. Las principales disputas se deben a conflictos por las tierras y al pago por el usufructo de las mismas.

Comunidades indígenas oaxaqueñas han acusado reiteradamente a empresas transnacionales por promover inversiones que no generan empleos, desarrollo regional ni beneficio alguno para las comunidades cercanas y que sólo les han acarreado violaciones a sus derechos, intimidaciones y despojo.

Entre los pueblos indígenas de la zona que han resultado afectados se encuentran: los binnizaa, los ikoots, chontales, chinantecos, mixes y zoques. Si hay alguna participación de los pueblos indígenas en proyectos para mitigar el cambio climático, se deben reconocer y respetar los derechos contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Artículo 26 de la Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, en especial el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma a utilizado.

La energía eólica forma parte crucial de la transición energética y tiene un gran potencial en México: en la Rumorosa en Baja California, en Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y en la Península de Yucatán, pero sobre todo en el Istmo de Tehuantepec en donde los vientos del norte soplan durante siete meses del año.

Greenpeace promueve en México y el mundo una [R]evolución Energética: un escenario de energía renovable que busca prescindir del uso de combustibles fósiles y transitar hacia la implementación de energías renovables bajo un modelo sustentable.

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Productores de Sinaloa le hacen el feo a los transgênicos

30 octubre, 2012 - Nadie les dijo nada. Los productores de maíz criollo de los municipios de San Ignacio y Concordia, en Sinaloa, no fueron notificados sobre la existencia de un proceso de consulta para cambiar la forma de producción del maíz en la región ahora que la empresa Monsanto solicitó autorización para sembrar maíz transgénico con fines comerciales en las 700 mil hectáreas de cultivo de temporal en esta entidad.

Mucho menos les comentaron que para acceder y participar en dicha consulta era requisito indispensable contar con servicio de Internet y su respectiva computadora, porque la convocatoria lanzada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se encuentra en su página web.

De esta manera, a cientos de campesinos e indígenas, los mismos que durante miles de años ha conservado la riqueza de maíces mexicanos, les arrebatan la posibilidad de emitir una opinión, claro, por medio de la web, porque ya alzaron la voz para gritar su indignación por las violaciones a sus derechos y para exigir al Gobierno de este país niegue a Monsanto la autorización para sembrar maíz transgénico en todo el territorio de ese estado.

Los productores sinaloenses denuncian que el sesgo de la Senasica, que margina de la consulta pública a campesinos e indígenas que no tienen acceso a Internet, representa violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

De acuerdo con el Artículo 2º, Fracción XIV, se obliga a “establecer mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad materia de esta Ley, incluyendo el acceso a la información, (…) y la consulta pública sobre solicitudes de liberación de OGMs al ambiente”. Así mismo, el Artículo 108 obliga a realizar: “… los estudios y las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los OGMs que se liberen al ambiente en el territorio nacional, y establecerá los mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de OGMs, considerando el valor de la diversidad biológica”.

Aquí no termina la indignación, de aprobarse las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico para las 700 mil hectáreas del estado de Sinaloa, el Gobierno Mexicano no podrá garantizar la producción de maíz blanco libre de transgénicos para la alimentación de los mexicanos. ¿Dónde quedará el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y la soberanía alimentaria de los mexicanos? Tampoco nadie nos ha dicho nada sobre eso.