Publicado el 20 diciembre 2012 | WWF comparte la preocupación mostrada por varias ONG y administraciones canarias ante el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 de la Comunidad, que no garantiza el futuro de sus Parques Nacionales.

Desde que en el año 2009 la Administración Central traspasara la gestión y organización de sus 4 Parques Nacionales al Gobierno de Canarias, los presupuestos destinados a la conservación de estos espacios protegidos han venido descendiendo de forma alarmante.

Concretamente en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 de la región, se observa una reducción del 58% de los recursos económicos destinados al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma), que incluso llega al 80% en algunos capítulos del presupuesto.

La situación para otros Parques Nacionales es similar. En Garajonay (La Gomera), la reducción en inversión llega hasta el 70%, una cifra que pone en peligro la recuperación de la quinta parte de la superficie del parque, afectada por el reciente incendio que asoló a la isla de La Gomera. El mismo porcentaje se aplicaría también a los Parques Nacionales del Teide y Timanfaya.

En el caso de que se aprueben estos presupuestos, se verán comprometidas las labores de prevención y restauración frente a los incendios, las tareas de mantenimiento, limpieza y señalización (senderos, miradores, áreas recreativas y de acampada). También la gestión de centros de visitantes, puntos de información y aulas de la naturaleza, actividades educativas, recuperación de las especies de flora y fauna amenazada, restauración y vigilancia de las áreas degradadas, proyectos de investigación, etc

La categoría de Parque Nacional es el mayor título que puede ostentar un espacio protegido, y se otorga en base a unos estrictos criterios ambientales y de gestión. Si la reducción presupuestaria se mantiene en el tiempo, se podrían incumplir los requisitos mínimos fijados en la Ley de Parques Nacionales y se produciría una degradación significativa de los valores naturales por los que se les otorgó esta condición.

Con estos recortes presupuestarios no sólo están en peligro los inmensos valores naturales y culturales que atesoran estos espacios, sino además el futuro de uno de los principales motores económicos de las islas.

Los Parques Nacionales de Canarias reciben alrededor de 6 millones de visitantes cada año. En el 2011 el Parque Nacional del Teide fue el más visitado de España, 2.731.484 de visitas, mientras que el Parque Nacional de Timanfaya con 1.549.003 visitantes se situó en tercer lugar.

WWF solicita al Parlamento y al Gobierno de Canarias que en la aprobación definitiva de los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2013 se asegure una gestión real y efectiva de sus Parques Nacionales.

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El nuevo informe de ‘progreso’ de la reforma de la PAC debería llamarse de ‘retroceso’, alertan SEO/BirdLife y WWF España

Publicado el 19 diciembre 2012 | Los avances en la negociación son un paso atrás en la sostenibilidad
• SEO/BirdLife y WWF solicitan a los jefes de Estado y a los Eurodiputados responsabilidad y búsqueda de un uso eficiente de los fondos públicos desde una perspectiva estratégica de largo plazo

Madrid,19/12/12.- Después de seis meses de debate, se cierra la presidencia chipriota de la UE con la presentación hoy del llamado “informe de progreso” sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), durante el último Consejo de Agricultura del año. Sin embargo, los acuerdos y desacuerdos de los Estados Miembro hasta la fecha en aspectos clave, como los pagos verdes (greening) o la condicionalidad, parecen alejar la reforma de los objetivos iniciales sobre una política más justa con los agricultores y más respetuosa con el medio ambiente. En algunos aspectos son incluso un retroceso sobre los avances alcanzados en los últimos años.

SEO/BirdLife y WWF España han analizado los avances presentados en diversos aspectos clave de la futura PAC, en base a cuatro preguntas, cuyas respuestas no dejan lugar a dudas:

• ¿Quién contamina, paga? En realidad, no. Y los Estados miembro están haciendo todo tipo de esfuerzos por reducir la ya escasa capacidad de la condicionalidad de la PAC, basada en que al menos los infractores de la legislación ambiental, entre otras, no cobren ayudas públicas. Eliminar requisitos de las Directivas de Aves y Hábitats, y que no se incluyan la Directiva Marco de Agua ni la de Usos Sostenible de Fitosanitarios son algunas de las propuestas que van en contra del mencionado principio.

• ¿Un sistema más justo de ayudas? Tampoco, visto que la redistribución de los pagos básicos de manera más equitativa no se hará efectiva de momento. En la actualidad, los derechos históricos que generan diferencias entre agricultores han perdido su razón de ser. Actualmente estos derechos son los causantes de que el 18% de los beneficiarios de la ayudas de la PAC acaparen el 86% de los fondos, incluyéndose entre los principales perceptores grandes grupos comerciales o de distribución. Sin embargo, los topes máximos planteados son inútiles y países como el nuestro proponen largos periodos transitorios para el reajuste, retrasándolo indefinidamente y manteniendo la desequilibrada e injustificable situación actual. Por ejemplo, intentando favorecer en mayor medida a los cultivos intensivos de regadío frente a los de secano.

• ¿Una PAC más verde? Difícilmente será así. Si salen adelante los intentos del Consejo para diluir una de las principales propuestas de la Comisión al respecto, el llamado pago verde o greening en el marco de los pagos directos. Este pago pretende extender la sostenibilidad ambiental mínima a la mayor superficie agraria posible. Reducir el presupuesto propuesto para el greening e incluir mayor flexibilidad o equivalencias en las prácticas y más concesiones automáticas de estos pagos a sectores o sistemas de dudoso valor ambiental son las demandas de los Estados, que llevarían a una mayor complejidad para mantener la situación actual y ningún beneficio ambiental adicional.

• ¿Un presupuesto más inteligente, integrador y sostenible? Parecen objetivos imposibles. En primer lugar, por el recorte de fondos que sufrirán las ayudas al desarrollo rural (que podría alcanzar hasta el 25% con respecto al actual período de programación), así como por el rechazo a blindar un mínimo del presupuesto de este pilar para medidas con objetivos ambientales. En segundo lugar, las propuestas sobre el greening y su relación con las medidas del pilar II podrían suponer casos de doble financiación, reduciendo la eficacia y la optimización del gasto, algo muy grave en los actuales tiempos de crisis.

Lo cierto es que aún no está nada decidido y mucho dependerá del resultado de la negociación sobre el presupuesto global europeo; incluso, se pueden identificar algunos avances positivos, pero hace falta mucho más.

Por ello, SEO/BirdLife y WWF solicitan a los jefes de Estado y a los Eurodiputados (la otra parte implicada en la negociación) un ejercicio de responsabilidad y la búsqueda de un uso eficiente de los fondos públicos desde una perspectiva estratégica de largo plazo. Sin duda, “una PAC más verde no es un lujo, sino una necesidad, vista la falta de legitimidad y los impactos sobre el medio que aún tiene el modelo actual. España debería ver la oportunidad de una nueva PAC que apoya y apuesta por los valores sociales y ambientales de la agricultura, en vez de empeñarse en defender un modelo a todas luces fallido”, concluyen las organizaciones.