Publicado el 03 diciembre 2012 | Hoy llegará a Bruselas un grupo de miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre los que viajan Juan López de Uralde, Javier García Breva y Cote Romero. El objetivo es dar voz a los miles de ciudadanos españoles que a través de su firma han denunciado los abusos del oligopolio eléctrico en España y reclamado una auditoría.

A la espera de que el Gobierno español se pronuncie respecto al documento base de la Plataforma, recepcionado por el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, el pasado 24 de septiembre, algunos de sus miembros se han desplazado a Bruselas con el fin de presentar dicho documento y denunciar la reticencia de la justicia española a la hora de tomar en consideración la normativa europea.

No sólo es que el plazo de transposición de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de la Energía procedente de Fuentes Renovables, haya terminado hace casi dos años, es que el Gobierno ha justificado una transposición inexistente a través de la Ley de Economía Sostenible y el RD 13/2012. Puesto que el objetivo de la Directiva era eliminar barreras regulatorias, administrativas, técnicas y económicas a las renovables, ahí continúan dichas barreras y en especial en referencia a los RDL 14/2012 y RDL 1/2012, así como al debate actual sobre la fiscalidad energética y el retraso en regular el autoconsumo.

Asimismo no se transpuso en su momento la Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética en Edificios, inspirada por el protocolo de Kyoto, sino que además el plazo de transposición de la Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, acaba en 2013 y no parece que haya intención de regularlo, aún a pesar de la sentencia existente del tribunal de Luxemburgo contra España. Lamentable, igualmente, que nuestro país haya votado en contra de la nueva Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética, argumentando que vamos seis años por delante de los objetivos europeos.

A pesar de que la Comisión ha denunciado en varias ocasiones la inexistente competencia real en el mercado eléctrico y petrolero español, se ha hecho caso omiso a tales advertencias, y, de hecho, se siguen otorgando beneficios extraordinarios a centrales amortizadas (nucleares e hidráulicas). La dependencia energética (5% del PIB y 85% del déficit comercial) y el diferencial en intensidad energética (1 al 3% PIB) ha crecido con respecto a la media europea. En los últimos cuatro años las emisiones de CO2 aumentaron un 28%, sin embargo no se presta atención a este hecho y tampoco hay voluntad de cumplir con la Directiva de Emisiones Industriales, por considerar que pone en riesgo la seguridad de suministro por obligar al cierre de las centrales más contaminantes de carbón y gas. Además, no se cumplen los estándares de seguridad nuclear post-Fukusima, como ha denunciado la Comisión, y de hecho, el Gobierno se plantea ampliar la vida útil de Garoña.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha recogido 15.000 firmas a la campaña #AuditoriaEléctricaYA!, a través de AVAAZ.

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Sentencia ejemplar en el caso del lince envenenado en Andújar

Publicado el 22 diciembre 2012 | 20 meses de cárcel a los dos imputados y 115.000 euros de multa ha sido la condena recibida por el matrimonio acusado de la muerte de un lince ibérico tras ingerir cebos envenenados en su propiedad de Andújar (Jaén).

WWF, que ha ejercido la acusación particular en este caso, recuerda que el uso de cebos envenenados es un delito de acuerdo al código penal y que quien siga usándolos se expone a una fuerte condena que puede incluir la cárcel y fuertes sanciones económicas.

La organización recuerda que es necesario erradicar definitivamente de nuestros campos esta práctica tan dañina para la conservación de nuestro patrimonio natural y que para ello es imprescindible la colaboración de todos.

WWF quiere hacer las siguientes consideraciones:

1. Esta condena ejemplar sirve para trasladar una vez más a la sociedad (especialmente al ámbito rural), que el uso de cebos envenenados es un delito castigado con sanciones -que pueden llegar a ser de cárcel- y con graves penas económicas.

2. La sentencia establece una sanción económica relevante (115.000 €), ya que el lince ibérico es una especie en peligro crítico de extinción, a la que tanto España como la Unión Europea están dedicando importantes esfuerzos económicos, invirtiendo grandes cantidades de fondos públicos y privados para intentar salvarla. Hay que recordar que, aunque la sentencia puede ser recurrida, si finalmente fuera confirmada la pena, los condenados ingresarían en prisión en el caso de no hacer frente a la indemnización.

3.- El Juzgado con esta resolución respalda a los Agentes de Medio Ambiente y al SEPRONA de la Guardia Civil que tuvieron que acceder a una finca vallada para localizar al lince y evitar la posible desaparición de pruebas y que en definitiva actuaron siempre con arreglo a sus competencias legales.

WWF España hará una valoración más detallada cuando conozca el texto íntegro de la sentencia.