Publicado el 17 abril 2013 | Con motivo de la visita a España de la Comisaria Europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, Coalición Clima denuncia los retrocesos en las políticas de cambio climático que se están produciendo en nuestro país.

Desde Coalición Clima, que agrupa a las principales organizaciones españolas pertenecientes a diversos sectores de la sociedad civil (ecologistas, sindicales, de consumidores, de desarrollo, científicas...), creemos que las políticas sectoriales nacionales (especialmente las relacionadas con la energía) han ido en dirección contraria a los objetivos y planteamientos europeos y, por lo tanto, a promover un modelo de desarrollo bajo en carbono.

Asimismo, entendemos que las emisiones de gases de invernadero se han reducido en España en los últimos años fundamentalmente por la caída de la producción y el consumo durante la crisis.

Recordamos también que Coalición Clima ha mostrado siempre su disposición a ayudar al Gobierno a elaborar una estrategia ambiciosa de lucha contra el cambio climático con el objetivo de promover un modelo energético y de desarrollo beneficioso para el conjunto de la sociedad española.

La parte sustancial de la política climática del actual Gobierno se centra en los llamados “Proyectos Clima”, que no son sino proyectos piloto de ayudas a empresas para instalaciones o prácticas que signifiquen reducción de emisiones de CO2.

Aun valorando estas iniciativas voluntarias, Coalición Clima destaca que, por su limitada cuantía, no conllevan una incidencia significativa en la reducción de emisiones en España, mientras que el conjunto de políticas sectoriales aprobadas recientemente que inciden en la producción y el uso de la energía van en la dirección contraria a promover un modelo de desarrollo bajo en carbono.

A continuación señalamos algunos ejemplos de estas políticas erróneas:

- En cuanto a las fuentes energéticas, la moratoria a las energías renovables establecida en el RD Ley de enero de 2012 ha paralizado el procedimiento de preasignación para el registro de nuevas instalaciones. La principal consecuencia es que no se desarrollarán nuevos proyectos en España más allá de 2012, que muchas empresas han tenido que cerrar y que el empleo en el sector se ha reducido.

- El recorte retroactivo en las retribuciones a las plantas de solar fotovoltaica de el RD Ley 14/2010 ha tenido graves consecuencias en las inversiones ya realizadas y ha provocado que asociaciones de empresas del sector hayan presentado reclamaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- El Gobierno se niega a establecer un marco normativo que permita el autoconsumo de energía en pequeñas instalaciones con balance neto, que sería una formula que podría reactivar la instalación y producción de energía fotovoltaica.

- El Gobierno ha paralizado el desarrollo, reduciendo drásticamente el presupuesto, del Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética que se había aprobado en 2011 para los sectores difusos.

- En el ámbito del transporte, no se ha avanzado hacia una normativa estatal que regule la planificación de la movilidad sostenible en los ámbitos urbanos, ni hacia inversiones que propicien un cambio modal hacia el ferrocarril y el transporte público.

- En los últimos años han aumentado considerablemente las tarifas del transporte público para los usuarios y han empeorado los servicios, por lo que han disminuido los incentivos para su utilización.

- En materia de gestión de residuos, salvo en alguna Comunidad Autónoma, no se han establecido sistemas para la adecuada recogida y recuperación de la materia orgánica de los residuos, por lo que estos siguen yendo mayoritariamente a vertederos y generando emisiones de metano.

- A pesar de las recomendaciones que ha realizado la Comisión Europea apenas se han puesto en marcha en España elementos de fiscalidad sobre las actividades y productos emisores de CO2.

Si no se reorientan pronto estas políticas sectoriales, cuando la economía española se recupere volverán a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.