Noticia - 29
mayo, 2013 - Internacional,
29 de mayo de 2013.- La empresa pesquera neozelandesa
Sealord se comprometió hoy a dejar de
utilizar métodos no sustentables para
la pesca de atún. El acuerdo pactado,
que comenzará a regir a principios de
2014, establece un ejemplo a seguir para la
industria pesquera internacional.
Luego del compromiso
asumido, Sealord no volverá a adquirir
atún de barcos que utilicen métodos
destructivos de pesca, basados en el uso de
redes de cerco con señuelos flotantes,
que no sólo atrapan atún adulto.
Esta técnica es responsable de la captura
de alrededor de 200.000 toneladas de otras especies
marinas cada año, como tiburones, rayas,
atunes bebé y tortugas en peligro de
extinción.
Karli Thomas,
integrante de la campaña de océanos
de Greenpeace en Nueva Zelanda afirma que "la
decisión de Sealord es un paso importante
hacia la protección del medio marino.
Refleja un cambio real hacia una pesca sustentable".
En el marco de
la campaña internacional de Greenpeace
para la cancelación de la pesca no sustentable
de atún, el acuerdo con Sealord es de
gran importancia, ya que implica que todas la
grandes marcas en Australasia se han comprometido
con la campaña. De igual manera, tanto
los mayoristas y minoristas de Reino Unido,
el segundo mayor mercado de conservas de atún
del mundo, como la cadena de supermercados Safeway
en los EE.UU., han asumido el compromiso propuesto
por la organización ambientalista.
+ Más
Cómo contaminar
con permiso del Estado
Noticia - 8 mayo,
2013 - Imagina un país en donde las leyes
permitan a las empresas contaminar siempre y
cuando tengan la autorización de las
autoridades que, en teoría, están
encargadas de cuidar el medio ambiente; ahora
ponle nombre… México.
Imagina un país en donde las leyes permitan
a las empresas contaminar siempre y cuando tengan
la autorización de las autoridades que,
en teoría, están encargadas de
cuidar el medio ambiente; ahora ponle nombre…
México.
Si, recientemente
el Congreso de la Unión aprobó
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
que sanciona a las empresas que ilícitamente
contaminen, pero con un trato diferenciado y
amplios beneficios jurídicos.
Resulta que legalmente las empresas podrán
negociar su responsabilidad ambiental si cuentan
con certificados de cumplimiento en auditoría
ambiental, tienen un órgano interno de
verificación, cuentan con capacitación
ambiental interna o con la contratación
de garantías financieras.
El Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.A.C.,
Colectivas A.C., Fronteras Comunes A.C. y Greenpeace
denunciaron que esta ley es un logro para la
industria que durante años ha cabildeado
para evitar que haya normas de responsabilidad
ambiental que realmente los sancionen y obliguen
a la reparación del daño y a cambio
se deje, como siempre, la carga ambiental a
las comunidades.
El análisis
de las organizaciones civiles destaca que con
esta ley, la ciudadanía tendrá
que demostrar al Estado la contaminación
causada por las empresas y para ello, deberá
mostrar cómo se encontraba el ecosistema
afectado y presentar evidencia de que existe
un nexo causal entre este daño y los
hechos.
Aunque esta ley
ya fue aprobada en el Congreso, aún falta
que el poder Ejecutivo, representado por Enrique
Peña Nieto, la publique en el Diario
Oficial de la Federación para que entre
en vigor.
Es una pena que
en nuestro país, las leyes en lugar de
proteger el derecho a un ambiente sano de los
mexicanos, sean una receta de cómo la
iniciativa privada puede contaminar con permiso
del Estado.
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