Reportaje - junio 25, 2013 - * Las ONG, preocupadas por la voluntad del Gobierno de incrementar las exportaciones de armas en un contexto de reducción de las compras en España.

* En 2012 se autorizaron o realizaron operaciones “preocupantes” con al menos diez países.

Madrid/Barcelona, 25 de junio de 2013. Durante 2012, el Gobierno español autorizó exportaciones de armas y material de defensa por un valor de más de 8.000 millones de euros, una cifra que representa un aumento de más del 150% respecto a las autorizaciones de 2011. Por su parte, las ventas de armas españolas efectivamente realizadas al exterior en 2012, cayeron un 13,6% respecto al año anterior. Estas exportaciones ascendieron en 2012 a más de 2.200 millones de euros.

El informe “La crisis económica no afecta a las exportaciones de armas españolas” publicado hoy por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace e Intermón Oxfam, analiza estos datos.

Las exportaciones a cualquier precio no son aceptables

Las ventas de material de defensa y de doble uso (civil y militar) de 2012 se realizaron en un contexto de clara tensión entre las limitaciones que establece la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior. El objetivo del Ejecutivo, expresado de forma explícita por su titular de Defensa, Pedro Morenés, es apoyar la industria armamentística para exportar más armas. Este impulso se ha plasmado en medidas de liberalización para exportar material de defensa como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que regula los acuerdos Gobierno a Gobierno, y una intensa agenda internacional del Ministro para abrir y consolidar nuevos mercados.

”Nos preocupa que con esta política del Gobierno se relajen los controles y se lleven a cabo operaciones cuando existe un claro riesgo de que el material vendido se use para cometer o facilitar violaciones graves de los Derechos Humanos”, señala María del Pozo, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional.

“La industria militar española está sufriendo una bajada de ventas en el mercado nacional debido a los recortes del Gobierno en nuevas compras”, afirma Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

“La deuda histórica acumulada por el Gobierno con diversas empresas españolas de material de defensa es la causa principal de esta disminución en las adquisiciones y, a la vez, del interés en que aumenten las exportaciones” añade Jordi Armadans, director de FundiPau.

“Dar prioridad a las ventas a cualquier precio incrementa el riesgo de que se relajen los criterios de control de las exportaciones, algo particularmente alarmante en un momento en que el Gobierno intenta encontrar salida en el exterior a armas y municiones españolas ante una demanda nacional menguante y con una mayor competencia internacional”, declara Francisco Yermo, responsable de Acción Humanitaria de Intermón Oxfam.

Siria en el punto de mira

La situación de la población civil en Siria es particularmente dramática. Naciones Unidas han informado que casi 100.000 personas han muerto desde el inicio de la guerra civil y que hay más de siete millones de sirios y sirias que dependen de la ayuda humanitaria.

Según la información de 2012, España no ha realizado ni autorizado, ninguna transferencia de armas o munición al Gobierno sirio o a la oposición. Sin embargo, según las declaraciones recogidas en los medios de comunicación del ministro García-Margallo, tras el levantamiento parcial en mayo del embargo europeo de la venta de armas a Siria, ha abierto la posibilidad, de que se suministren armas a los grupos opositores sirios.

Aunque el embargo de la UE se levante definitivamente a partir del 1 de agosto, España deberá asegurar que cualquiera transferencia a las fuerzas de la oposición cumple con los criterios el artículo 8 de la Ley española y los del Tratado sobre el Comercio de Armas que firmó en Nueva York el 3 de junio.

Avances en el cumplimiento de la Ley, pero persisten operaciones preocupantes

En su informe anual sobre las ventas de material de defensa en 2012, el Gobierno ofrece una información detallada sobre las operaciones realizadas, los productos, el usuario y el uso final. También es muy positivo que haya casos en que el Gobierno haya aplicado el enfoque preventivo de la Ley, y denegase ventas ya autorizadas cuando hay dudas sobre el destinatario o uso final de los productos. En 2012 se revocaron algunas ventas ya autorizadas a Bahréin y Libia.

Sin embargo, persisten las ventas preocupantes entre las que destacan algunas a países de la UE, como Francia, implicada en la ofensiva militar en Mali, y las realizadas a países del norte de África y de Oriente Próximo. Los materiales destinados a Bahréin, Egipto y Arabia Saudí corren el riesgo de ser usados para cometer violaciones de los derechos humanos.

La posible venta de 250 carros de combate Leopard españoles a Arabia Saudí es uno de los casos que genera más inquietud. En 2009, las fuerzas armadas saudíes utilizaron tanques en el norte de Yemen en bombardeos con resultado de muerte de civiles. Las ONG recomiendan al Gobierno español que condicione esta venta al establecimiento de salvaguardias como la formación y sistemas de rendición de cuentas para evitar la comisión de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas saudíes. Además, hay que sumar los más de 21 millones de euros en armamento y municiones enviados por España a ese país en 2012.

También ha habido transferencias de armas y munición que pueden ser calificadas de “especialmente preocupantes”, debido a la naturaleza del material exportado y al riesgo de que éste pueda ser usado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos, a destinatarios en Colombia, Pakistán, Ghana, México, Israel y Estados Unidos.

Recomendaciones de las ONG

El informe publicado por la campaña Armas Bajo Control hace recomendaciones específicas al Gobierno sobre las transferencias de 2012, entre las que figuran:

Aumentar el control de las operaciones que pudieran ser preocupantes para los derechos humanos, aplicando la dimensión preventiva de la Ley, como reforzar el control parlamentario

sobre las transferencias realizadas y autorizadas. (Esta recomendación se dirigen también al Congreso, cuya Comisión de Defensa debe presentar un dictamen en septiembre al informe gubernamental, para asegurar un cumplimento riguroso del artículo 8 de la Ley.)

Modificar la legislación española y adaptarla a la “Regla de Oro”1 del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), reflejada en sus artículos 6 y 7, que suponen la no autorización de transferencias de armas para cometer atrocidades.

La delegación española fue muy activa en la negociación del TCA, defendiendo ese articulado, y el ministro Soria, que firmó el tratado en Nueva York el 3 de junio, fue el único representante estatal en declarar en el momento de la firma que “aplicará provisionalmente lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado, hasta su entrada en vigor, con objeto de salvaguardar los derechos humanos y respetar el derecho internacional humanitario”. Este compromiso temporal es muy positivo y debe estar presente y orientar todas las decisiones de autorización de transferencias de armas españolas al extranjero.