Buenos Aires,
23 de Agosto de 2013.- Las organizaciones Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace
solicitaron a la UNESCO, a través de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, opinión
respecto de las autorizaciones que la Provincia
de San Juan otorgó a empresas mineras
para operar dentro de la Reserva de Biosfera
San Guillermo (1). Además, los ambientalistas
pidieron a la Administración de Parques
Nacionales (APN) información sobre los
controles y monitoreos que estarían efectuando
en la zona (2).
“El gobierno
de Gioja no sólo ha autorizado permisos
mineros en la zona de Usos Múltiples
de la Reserva, sino también en la zona
de Amortiguación que rodea al Parque
Nacional, lo cual implica una clara violación
a los estatutos de la UNESCO sobre las reservas
de biosferas”, señaló Gonzalo
Strano de Greenpeace. “La avanzada minera sobre
estos ambientes únicos debe frenarse
de inmediato. En San Guillermo hay glaciares
y otros ecosistemas de alto valor ambiental
que están siendo afectados por la minera
Barrick Gold”, continuó el ambientalista.
“El Plan de Manejo
presentado por la Provincia de San Juan el pasado
5 de junio reconoce la existencia de minería
en la Reserva de Biosfera San Guillermo. Por
eso solicitamos al organismo representante de
UNESCO en Argentina que informe las medidas
que adoptará para frenar esta actividad
y qué sanciones aplicará al respecto”,
afirmó Pía Marchegiani, Coordinadora
de Participación de FARN.
Las reservas
de biosfera son áreas que pertenecen
a ecosistemas terrestres o costeros, reconocidas
por la UNESCO para fomentar y mostrar una relación
equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente.
En ese sentido, una de sus funciones básicas
es contribuir a la conservación de paisajes,
ecosistemas, especies y diversidad genética.
+ Más
Organizaciones
ciudadanas reúnen 20 mil firmas para
rechazar la "Ley Hinzpeter"
Valparaiso 6
de agosto 2013. Hasta las puertas del congreso
llegaron esta mañana activistas y voluntarios
y voluntarias de las organizaciones Greenpeace,
Amnistía Internacional, Asesoría
Ciudadana y Acción AG, para entregarle
al Presidente de la Cámara de Diputados
Edmundo Eluchán, cerca de 20 mil firmas
de ciudadanos y ciudadanas que rechazan el proyecto
de ley impulsado por el Gobierno que busca "fortalecer
el resguardo del orden público",
ya que lo consideran una ley que viola los derechos
humanos de reunión y libertad de expresión.
Para estas organizaciones,
las miles de firmas entregadas al presidente
de la Cámara de Diputados, representan
la fuerza de la ciudadanía que se opone
a cualquier legislación que atente contra
derechos humanos fundamentales, los que fueron
ratificados por el Estado de Chile. "La
Cámara de Diputados no puede aprobar
una ley que penaliza un derecho tan básico
como el de reunión y libertad de expresión,
criminalizando las manifestaciones ciudadanas”,
enfatizó Matías Asún, Director
Nacional de Greenpeace en Chile.
Por su parte,
Roberto Morales, Presidente de Amnistía
Internacional señaló: “estamos
expectantes de lo que ocurra hoy en la cámara
porque venimos trabajando fuertemente denunciando
e informando sobre lo que significaría
la aprobación de un proyecto de estas
características que en sus aspectos principales
claramente vulnera derechos humanos tales como
la libertad de expresión o el derecho
a reunión”.
"El proyecto
de ley solo pretende criminalizar conductas
que son un derecho ciudadano, ya que las acciones
que supone sancionar- cómo el desorden
público- ya existen en el código
penal, por lo tanto no llena ningún vacio
ni perfecciona el marco legal", agrega
el director de Greenpeace.
Esperamos que
hoy diputados y diputadas rechacen nuevamente
esta normativa, porque no pueden olvidar que
es deber del Estado mantener el orden público
y proteger la seguridad de las personas, pero
siempre resguardando los derechos humanos. De
ser aprobado, claramente estarían dando
una señal negativa sobre la protección
de los derechos humanos en su conjunto”, añadió
Roberto Morales.
Por otro lado,
la organización ambientalista, habilitó
en su página web (www.greenpeace.cl)
un espacio donde las personas pueden enviar
tweets directos a los diputados que estarán
votando la ley, para exigirle que rechacen el
proyecto. “Queremos que esto sea lo más
participativo posible para que los parlamentarios
entiendan que proyectos como este no representan
lo que la ciudadanía ha manifestado estos
últimos años”, Concluye Asún. |