Publicado el
03 abril 2014 | Las ONG ambientales ACENVA,
ASCEL, ANP, Ecologistas en Acción,
GREFA, SEO/BirdLife, SECEM y WWF España,
critican la falta de transparencia de la Consejería
de Agricultura, que no ha publicado resolución
alguna que autorice el reparto de veneno,
ni las condiciones de uso o las zonas autorizadas.
Además, la Consejería no ha
hecho público los supuestos datos de
seguimiento que avalan esta decisión.
Por ello, las ONG están estudiando
medidas legales y recorrerán las zonas
tratadas con veneno para hacer un seguimiento
de la aplicación y de sus efectos sobre
el medio.
El pasado 14
de marzo la Junta de Castilla y León
inició el reparto de veneno en siete
comarcas de la región, según
anunció a través de su página
web la Consejería de Agricultura y
Ganadería.
Las ONG denuncian
que se trata de una medida desproporcionada
y peligrosa, que no se justifica con ningún
dato oficial aportado por la Consejería
sobre la población de topillos. Por
el contrario, los datos recogidos por las
ONGs señalan que las poblaciones se
han reducido mucho desde diciembre en distintas
zonas, de manera que no se conocen invasiones
preocupantes del cereal en Castilla y León,
incluyendo las zonas donde en otoño
había densidades más altas.
Pese a ello, se sigue acudiendo al veneno
a sabiendas de los importantes daños
que puede causar. Tanto es así que
en varias localidades los agricultores se
han negado a usarlo. En esta situación
consideran que el uso de veneno parece responder
más a criterios de rentabilidad política
y electoral que a criterios técnicos.
Las ONG ambientales
también critican la opacidad e ilegalidad
del proceso. El pasado martes día 18
de marzo, el Director General de Producción
Agraria informó a las ONG de que, en
vista de la evolución a la baja de
las poblaciones de topillos, el reparto de
veneno se limitaría a 12 municipios
en cuatro comarcas y de que estimaban que
sólo se iban a utilizar 50 kg de veneno
para tratar 25 hectáreas en toda la
región. Sin embargo, estos datos chocan
con la información transmitida por
los medios de comunicación. Sólo
el mismo 18 de marzo la propia televisión
regional, informaba que en la localidad de
Villalcázar de Sirga se estaban repartiendo
200 kg de veneno, destinados a 2.500 hectáreas,
mostrando imágenes de un saco de producto
en posesión de los agricultores. Ante
estas informaciones las ONG solicitamos de
forma reiterada datos por escrito de los municipios
en los que se ha repartido el veneno, el número
de parcelas y la cantidad de rodenticida repartido,
sin recibir una respuesta.
En este mismo
sentido, las ONG denuncian que la Consejería
de Agricultura no ha aportado datos ante ninguna
de las reiteradas peticiones de información
realizadas, la última de todas hace
un mes cuándo solicitaron los informes
sobre la evolución de los resultados
de los censos oficiales de topillos desde
diciembre hasta febrero, y las metodologías
de censo empleadas. Esta ocultación
es un hecho muy grave que resulta incompresible
en una sociedad democrática.
Los grupos
conservacionistas denuncian también
la ilegalidad que supone que la Junta de Castilla
y León no haya publicado las resoluciones
en las que se ha autorizado el reparto y las
condiciones de utilización del veneno,
ni las zonas donde se va a autorizar el uso
de acuerdo a los seguimientos y censos de
topillos. Al no haberse producido esta publicación
la Consejería de Agricultura está
impidiendo cualquier fiscalización
legal o pública de un acto administrativo
de tanta trascendencia, pues no se puede olvidar
la gran peligrosidad sanitaria y medioambiental
del veneno que se está utilizando.
Por último
las ONG anuncian que se están organizando
para hacer un seguimiento de las zonas donde
ya se sabe que se están haciendo tratamientos
y conocer los efectos del veneno, pues aunque
se cumpla la aplicación en las huras
los envenenamientos de especies silvestres
están asegurados. Recientemente en
Francia se documentó el envenenamiento
de numerosos milanos reales, pese a que el
veneno se utilizó dentro de los túneles
de los roedores y en 2008 en Castilla y León
(cuando se metió el grano con Bromadiolona
en tubos) se comprobó una fuerte disminución
de liebres, zorros y lechuzas entre otras
muchas especies.
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